¿Ha sido la generosidad o irresponsabilidad
la principal característica que ha marcado el sostenimiento del sistema extraordinario
de financiación autonómica en los años de gobierno del Partido Popular (PP)?
Para dar respuesta a esta pregunta
debemos remontarnos a las medidas tomadas en 2012 por el recién constituido
gobierno del PP. En este ejercicio se aprobó el Real Decreto-ley 21/2012 de
medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero y se aprobaron
diferentes medidas para mitigar problemas de liquidez existentes tanto en las
Comunidades Autónomas (CCAA) como en las Entidades Locales (EELL). En el marco
del Real Decreto-ley mencionado se creaba el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA),
mecanismo de carácter temporal al que se dotaba, para el ejercicio 2012, de
18.000 millones de euros. El mismo se establecía como una línea de crédito concebida
para que el Estado preste dinero a las CCAA de modo que no fueran ellas las que
tuvieran que ir a los mercados para financiar su deuda, acudiendo en su lugar
el Estado. Esto indudablemente
perseguía reducir el número de competidores por lograr dinero y reducir así su
coste.
A finales del ejercicio 2014 el Partido
Popular (PP) nos sorprendía con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2014, de
26 de diciembre, mediante el cual se simplificaba y reducía a dos el número de
fondos creados con objeto de atender a las necesidades financieras previstas en
el mismo. Se establecían dos fondos:
- Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que ampliaba la cobertura a un mayor número de CCAA y se estructuraba en tres compartimentos: Facilidad Financiera, FLA y Fondo Social
- Fondo de Financiación a Entidades Locales, estructurado así mismo en tres compartimentos: Fondo de Impulso Económico, Fondo de Ordenación y Fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores de entidades locales.
Llevamos por tanto 4 años enviando financiación adicional a las CCAA y EELL, periodo en el cual se ha transferido
la cifra de 184.983 millones de euros.
El Gobierno menciona que el 70% de
estas medidas se han destinado a financiar políticas sociales lo que nos lleva
a preguntarnos por el destino de los recursos obtenidos en la financiación
ordinaria de las CCAA y la falta de responsabilidad de los gestores en la
ejecución presupuestaria.
Pero no solo llama la atención su
importe sino también su distribución, tanto en tiempo como lugar:
Vemos como el conjunto de medidas
adoptadas en el ejercicio 2012 supusieron inyecciones adicionales de liquidez por
importe de 59.977 millones de euros, reduciéndose de forma significativa en el
ejercicio 2013, manteniéndose en el ejercicio 2014 prácticamente en los mismos
niveles del año anterior. Se podría pensar que en el ejercicio 2015 se seguiría
reduciendo su importe pero sucedió al contrario, se registró un importante
aumento hasta la cifra de 51.112 millones de euros, un 39,3% superior al
ejercicio anterior. Curiosamente esto sucede en año electoral.
Otro de los análisis a realizar de
las cifras es su distribución por CCAA. Si realizamos un análisis del reparto, vemos
como el importe financiado a las Comunidades Autónomas de Cataluña y Comunidad
Valenciana concentraron entre ambas el 51% del importe total (28,6% y 22,3%
respectivamente). Será casualidad pero aquellas Comunidades más beneficiadas,
recordar que la tercera es Andalucía que recibe el 15,6% del total, son
aquellas en las que se concentran en mayor medida los casos de corrupción tan
de actualidad en estos días.
Visto su importe y distribución, debemos
revisar el condicionado establecido por el Real Decreto-ley de 2014 con objeto
de analizar su grado de cumplimiento:
- Requería que la CCAA se sometiera a criterios de prudencia financiera. Esta prudencia parece que no se ha seguido dado que el importe de la deuda pública de las CCAA de Régimen Común se ha incrementado en 9 meses del 2015 en 14.880 millones de euros (un 6,62%), pasando de 224.707 millones de euros a 239.587 millones de euros. Vemos desde luego que la prudencia financiera no ha sido una característica de las CCAA ya que el importe de la deuda de las CCAA, de acuerdo al protocolo de déficit excesivo, a pasado de 137.049 millones de euros a la mencionada cifra de 239.587 millones de euros lo que supone un 75% de incremento.
- Se mencionaba la necesidad de disponer de planes de ajuste que deben ser acordados con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estos planes de ajuste debían, entre otros temas, incluir el compromiso de avanzar en la reducción del sector público autonómico. Veamos la evolución de las principales partidas del gasto presupuestado de las CCAA desde el ejercicio 2011:
Se puede observar
como los planes de reducción del sector público autonómico tan solo se pusieron
en práctica en el ejercicio 2013, reducción que fue compensada con aumentos en
los ejercicio 2014 y 2015. El resultado de estos cuatro años ha sido de un
incremento global del gasto de 12.96%, siendo especialmente significativo el
aumento del 18.38% en el gasto de personal. ¡Toda una reducción!
- Se establecían medidas de control de forma que el Ministerio de Hacienda podría fijar la adopción de medidas concretas de contención del gasto público en el supuesto de que se aprecie inconsistencia entre la evolución de los recursos del sistema de financiación y la senda de gasto de la Comunidad, en el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2015. Inconsistencia que el Ministro de Hacienda parece olvidar a la vista del incumplimiento de los objetivos de déficit de ciertas CCAA.
La
respuesta a la pregunta inicial es por tanto bastante obvia. La generosidad se
ha convertido en irresponsabilidad desde el momento en que no se ha registrado
ajuste alguno en el gasto público de CCAA y medidas que en su origen tuvieron
un carácter temporal, y por tanto con el propósito de solucionar una necesidad puntual, se han
convertido en mecanismos adicionales de financiación que evitan la necesaria
reducción y racionalización del sector público autonómico.
Esta es mi opinión
Pablo Sáez Alonso-Muñumer
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