Las Pymes, columna vertebral de la economía española.

La pequeña y mediana empresa (pyme) representa en 99,8% de todas las empresas en España y de ellas, la gran mayoría (95%) tiene menos de 10 empleados. Es una realidad incuestionable que tanto las pymes como los autónomos constituyen la columna vertebral de la economía española y, por tanto, debemos prestar una gran atención a las propuestas que sus organizaciones profesionales realizan a los partidos políticos.

            

 La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) preparó un documento que recoge propuestas muy interesantes a los partidos políticos entre las que destacan, a mi juicio, las siguientes:

1.     Mejorar el marco regulatorio. Con medidas concretas como aplicar primero el principio de “Pensar primero en pequeña escala”, usar el principio de mejora de la regulación para nuevas iniciativas, mejorar la calidad y eficiencia del marco legislativo, promulgar normas claras y sencillas, promover programas de asesoramiento y mejora de la capacitación de los empresarios o establecer un sistema de vigilancia para erradicar prácticas de competencia desleal.

2.     Facilitar la creación de empleo. Las pymes son la principal fuente de creación de empleo en España y necesitan que los costes laborales no perjudiquen la competitividad y la creación de empleo. Se plantean medidas como: adaptar la legislación laboral para contribuir a un equilibrio entre flexibilidad y seguridad para empresarios y trabajadores, simplificar y racionalizar las modalidades legales de contratación, reducir las cotizaciones sociales de las empresas de menor dimensión o potenciar la flexibilidad en el marco de la negociación colectiva.

3.    Potenciar la formación de los trabajadores. Para ello se propone: Promover la formación continua para mejorar la competitividad y empleabilidad, apoyar la adquisición de habilidades en digitalización o favorecer la participación de las empresas en la formación y desarrollar una oferta integral y flexible de formación permanente.

4.     Fomentar la innovación y la digitalización. Un enfoque basado en la innovación y en la digitalización para afrontar los retos del mercado. Se diseñan ideas como: Un Plan Nacional de I+D+i, un marco regulatorio que sea lo suficientemente flexible, neutral y con capacidad de adaptación futura para incorporar las innovaciones, un plan de renovación para las soluciones tecnológicas de una cierta antigüedad, promover y facilitar el uso de la factura electrónica o crear una Oficina de Consulta para la Digitalización de las Pymes.  

5.  Diseñar un marco fiscal que no impida el crecimiento de las pymes. Se necesita una reforma fiscal que restaure a todos aquellos condicionantes que permiten a las empresas consolidarse y expandirse es sus respectivos mercados. Se plantean ideas como: Eliminar el distinto tratamiento fiscal a empresarios según su condición de persona física o jurídica, establecer bonificaciones o deducciones a todos los empresarios por reinversión de beneficios en su propia empresa o en el lanzamiento de nuevas actividades o facilitar la posibilidad de compensar las deudas tributarias y de Seguridad Social contra las deudas de las administraciones públicas, así como la implementación del criterio de caja del IVA.

6.  Apoyar el acceso a la financiación. Se propone: Fortalecer su acceso a la financiación bancaria, promover el acceso de las pymes a instrumentos de financiación no bancaria, mejorar la transparencia en los mercados de financiación para las pymes o establecer medidas dirigidas al cumplimiento de la normativa de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales.

7.     Impulsar la competitividad. Para ello se plantea: Aumentar la competencia y transparencia en los mercados para garantizar el suministro energético al mínimo coste posible o fomentar entre las pymes la adopción acciones encaminadas a mejorar su eficiencia energética.

8.  Promover la internacionalización. Se proponen medidas como: Facilitar el acceso a mercados exteriores de las pymes españolas en igualdad de condiciones que otros competidores, fomentar la creación de plataformas comerciales en destino, introducir un marco fiscal que incentive la actividad de las pymes españolas en el exterior, mejorar la promoción internacional y los mecanismos de financiación existentes o establecer una mayor cooperación ICEX-CEOECEPYME para preparar planes interterritoriales de internacionalización.

Unas propuestas que los representantes de la CEPYME deberían poner encima de la mesa de negociación en lugar de priorizar salir en la foto con el Presidente del Gobierno y representantes de sindicatos politizados con cada vez menor representación entre los trabajadores.

Esta es mi opinión.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Diputado Nacional de Vox por Valladolid

Falta sentido de Estado en la gestión de las finanzas públicas

Un gobierno en funciones que busca el apoyo de populistas de izquierdas, amantes del derroche público, y de partidos nacionalistas sin sentido de Estado, es el peor escenario que cualquiera se puede imaginar en el contexto de desaceleración económica en el que nos encontramos.

Un gobierno sin sentido de Estado

 

Una desaceleración económica que será más acentuada si no se acometen con prontitud y decisión los principales retos de la economía española como son el elevado nivel de desempleo, la alta tasa de temporalidad en el empleo, el cuantioso endeudamiento, el déficit de las cuentas públicas, la sostenibilidad de sistema de pensiones, la baja productividad y el envejecimiento de la población.

Entre los retos mencionados se encuentra la necesidad de equilibrar las cuentas públicas, requisito por otro lado imprescindible para comenzar a reducir, en términos absolutos, el elevado nivel de endeudamiento.

Tener sentido común significa que la búsqueda de su sostenibilidad debería ser una prioridad para todo buen gobernante, especialmente en un país como España, donde los sucesivos gobiernos de PP y PSOE nos han dejado un elevado nivel de endeudamiento y unas cuentas públicas en las que el déficit es su principal característica.

Es absolutamente increíble que, a pesar de crecimientos superiores o cercanos al 3% en los últimos cuatro años (en 2015 y 2016 se registraron crecimientos del 3,6% y 3,2% respectivamente) y a un entorno de bajos tipos de interés nominales, la ratio de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto (PIB) se siga manteniendo en un nivel altísimo. Nivel que supone un 98,7% del PIB al cierre del primer trimestre de 2019 y que en valores absolutos asciende aproximadamente a 1.200.000 millones de euros.

Un gobierno irresponsable en la gestión de las finanzas públicas

Una gestión responsable de las cuentas públicas aconseja aprovechar las épocas de crecimiento para reducir la ratio de la deuda sobre el PIB, de forma que las finanzas públicas dispongan de flexibilidad que permita hacer frente a gastos inesperados que resultan de las crisis financieras, recesiones o de otros acontecimientos que requieran dotaciones extraordinarias de fondos.

Una gestión que además sea eficiente exige tomar medidas tanto desde el lado de los ingresos como de los gastos. La combinación de ambas debería suponer una mejora estructural del saldo de las administraciones públicas

Pero nos encontramos que, en España, la razonabilidad y la eficiencia no son características la gestión pública. El déficit alcanzó al cierre de junio de 2019 los 10.514 millones de euros, lo que supone un incremento del 27% respecto al mismo periodo del año anterior. Este aumento del saldo negativo fue consecuencia de un fuerte crecimiento del gasto del Estado, que aumentó un 3,8%, frente a un incremento de los ingresos de tan solo un 1,8% (en términos de contabilidad nacional). Este déficit equivale al 0,84% del PIB, frente al 0,68% del mismo periodo del ejercicio anterior.

Un Gobierno ineficiente en la lucha contra el déficit público

Abordar los retos de la economía española, de acuerdo a lo comentado por José Luis Escribá, Presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), “requiere una visión integral de las finanzas públicas que englobe un análisis en profundidad de las administraciones territoriales, del marco fiscal, de los pasivos contingentes y de la calidad del gasto público”

No obstante, frente al sentido común y la eficiencia, en España nos encontramos que los localismos y regionalismos priman sobre una visión integral de las finanzas públicas, el derroche y los clientelismos se anteponen a un análisis en profundidad de las duplicidades e ineficiencias de los gastos de las administraciones territoriales, las políticas fiscales carecen de objetivos a medio y largo plazo, se cierran los ojos ante los pasivos contingentes y se sigue utilizando el gasto público con criterios políticos y electorales.

Sentido común, responsabilidad, racionalidad, eficiencia, sentido de Estado. Es la nueva política. Es la política de Vox.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Diputado Nacional de Vox por Valladolid

Portavoz de la Comisión de Economía y Empresa

Consecuencias del Estado Autonómico

Vaya por delante que estoy completamente de acuerdo que algunos servicios pueden ser mejor administrados o atendidos desde la cercanía y por ello, la búsqueda de la eficiencia en el funcionamiento del Estado supone la necesidad de articular una racional descentralización administrativa. El error consiste en vincular una descentralización eficiente con la fragmentación política, y eso es lo que ha ocurrido en la España de las autonomías.

La descentralización política y la creación del Estado Autonómico nunca fue una prioridad de los españoles. Fue una bienintencionada idea de los políticos de la transición española para intentar integrar a grupúsculos nacionalistas, sobrevalorados entonces en cuanto a su influencia y absolutamente radicales en sus aspiraciones independentistas actualmente (algo se habrá hecho mal).

Piénsalo fríamente….

¿Para qué sirven las Comunidades Autónomas?

Social y culturalmente

-         - Para fomentar la división entre los españoles

-         - Para avivar sentimientos nacionalistas frente a un patriotismo integrador

-         - Para impedir que se pueda estudiar en español en cualquier parte del territorio nacional

-   - Para que en numerosas administraciones públicas prime conocer la lengua propia sobre los conocimientos y la experiencia profesional

-    - Para promover una educación basada en los hechos diferenciales en lugar fomentar lo que compartimos y nos une.

-        - Para sembrar la cultura de agravios comparativos mermando el principio de la solidaridad  

-       - Para marginar a los ciudadanos que piensan diferente provocando, en muchos casos, que abandonen el territorio.

-         - Para empobrecer culturalmente una sociedad al perseguir la disidencia y no promover el debate

-         - Para ofrecer servicios sanitarios diferentes a los españoles según donde residan.

Económicamente

-         - Para subvencionar a los medios de comunicación afines y marginar a los independientes.

-         - Para multiplicar el número de entes y empresas públicas.

-         - Para alcanzar una hiperinflación de normativas (existen más de 65.000 leyes autonómicas).

-      - Para derrochar miles de millones de todos los años en gasto improductivo para los españoles sin consecuencias para los políticos

-          Para subir los impuestos y el endeudamiento de los españoles con objeto de mantener un estado sobredimensionado e ineficaz

-         - Para mantener impuestos diferentes en función del lugar donde vivan.

-         - Para poner el riesgo la unidad del mercado interior.

-         - Para fomentar la proliferación de infraestructuras sin sentido

-         - Para avivar el número de asesores y contratados externos.

-         - Para dificultar la elaboración de una política presupuestaria eficiente y responsable.

-     - Para desaprovechar sinergias que se obtendrían centralizando ciertos servicios (centrales de compra, por ejemplo) que reducirían el gasto público.

Políticamente

-          - Para colocar a políticos y amiguetes en cargos de ninguna utilidad

-         - Para dificultar la administración de justicia.

-          - Para añadir capas de burocracia a un sistema público ya ineficiente de por sí

-          Para crear el caldo de cultivo para los mayores casos de corrupción de la historia de España (Eres, Pujol, Gürtel, Púnica)

-        - Para mantener tensiones con el gobierno del Estado al ser constante el requerimiento de cesión de competencias.

-          - Para fomentar la falta de lealtad institucional.

-          - Para dañar nuestra acción exterior

Para regenerar España hay que implantar un "proyecto sugestivo de vida en común" que tenga como principios básicos cohesionar la Nación, conseguir la eficiencia del Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la cercanía de la gestión pública e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los españoles, vivan donde vivan.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Diputado de Vox por Valladolid

Vicesecretario Nacional del Consejo Político

Un compromiso con el sector agrario

La vocación de servicio debe ser una de las principales razones que deben guiar el comportamiento de quienes aspiramos a representar a los ciudadanos. Una vocación de servicio que debe estar íntimamente ligada a la responsabilidad y, por tanto, al compromiso de escuchar a los ciudadanos para conocer sus necesidades, proponer soluciones y asumir el compromiso de cumplirlas.

El Mundo Rural siempre ha sido el gran olvidado y en los últimos tiempos observamos con perplejidad cómo se pretende legislar sobre asuntos, que afectan a su modo de vida, de espaldas a los colectivos y asociaciones que forman parte del mismo.

Nuestro país se encuentra dentro de las diez primeras potencias agroalimentarias a nivel mundial. Somos la primera potencia en el sector del aceite de oliva y ocupamos los primeros puestos en producción de vino, exportación de frutas y hortalizas frescas, producción de carne de porcino y somos líderes en acuicultura.

 

El potencial de España es enorme y desde los poderes públicos se deben poner los medios para sean los empresarios agrícolas quienes obtengan la mayor parte del valor añadido derivado de la venta de los productos al consumidor final, potenciando una industria agroalimentaria que debe ganar peso en el PIB español. No olvidemos que la industrias es el sector que mayor empleo inducido genera y además, ejerce un efecto de arrastre al empleo del resto de los sectores.

 

Una industria agroalimentaria fuerte debe estar basada en un sector agrario sólido basado en firmes pilares. Pilares que pasan, entre otros, por la defensa del mantenimiento de la Política Agraria Común (PAC), un Plan Nacional de Gestión del Agua diseñado como parte de un Plan Hidrológico Nacional, la consolidación y mejora de los seguros agrarios, revisar las políticas de “saneamiento ganadero”, la exigencia de los mismos requisitos a los productos importados que a los nacionales y la promoción del consumo de productos nacionales que deben ser adecuadamente etiquetados para su visibilidad por los consumidores.

Fomentar industria agroalimentaria exige la defensa, entre otros, de los siguientes puntos:

1. Modernizar las infraestructuras de los regadíos. Potenciar del uso de las energías renovables para el autoconsumo energético de nuestros regadíos. Adecuar las tarifas de riego a la realidad del sector.
    
2. Fomento de la explotación familiar y de la urgente e imperiosa incorporación de los jóvenes y mujeres a la dirección de la misma. Para ello, y para facilitar la movilidad del mercado de la tierra, se arbitrarán líneas de financiación específicas, analizando bonificaciones fiscales (en IVA e Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados) en la compra de tierras por personas menores de 50 años que se incorporen a la explotación o para aumentar la base territorial de la misma.
    
3. Potenciación y fomento de la Industria Agroalimentaria, con programas especialmente dirigidos a las PYMES de carácter asociativo y familiar, dentro de un Plan de Industrialización Rural que promueva la elaboración de productos tradicionales de calidad, así como la incorporación de mejoras tecnológicas.
    
4. Nuevo impulso al asociacionismo y al Cooperativismo agrarios para la producción, transformación, comercialización y prestación de servicios en común.
    
5. Apoyo en el acceso de los agricultores a financiación para cubrir necesidades de circulante o para acometer proyectos de inversión que permitan mejorar la rentabilidad de las explotaciones o proyectos de industrialización y de esa forma obtener un mayor valor añadido por la venta de sus productos.
    
6. Creación de un Centro Nacional de Investigación Agroalimentaria que diseñe las líneas a seguir en I+D+i a nivel nacional y que absorba a los centros autonómicos existentes hoy día, evitando duplicidades en sus líneas de trabajo y con el fin de conseguir la igualdad de todos los agricultores y ganaderos españoles en el acceso a las transferencias tecnológicas.
    
7. Abaratar la oferta de suelo y corregir sobrevaloraciones a efectos de IBI de las construcciones agrarias. Fomentar la renovación del parque de maquinaria con convocatoria de planes que tengan continuidad y rebajar los impuestos directos del gasóleo agrícola por encarecer los costes de producción.

En Vox seguiremos manteniendo reuniones con Asociaciones y Colectivos del Mundo Rural para escuchar sus necesidades y propuestas en los diferentes ámbitos. Estamos convencidos que hay que dar voz y visibilidad al sector rural español que siempre ha sido el gran olvidado y nos comprometemos a dotar a los colectivos de presencia en aquellos órganos consultivos y administrativos de ámbito nacional y autonómico donde se debatan, regulen y legislen sus actividades.

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Diputado electo de Vox por la provincia de Valladolid

Vicesecretario Nacional del Consejo Político de Vox