El concepto de eficiencia que se utiliza
en la valoración de la actividad pública es el de eficiencia productiva, es
decir, una gestión será eficiente si
obtiene el máximo rendimiento de los recursos existentes. Podemos
establecer por tanto una relación clara entre dos variables, recursos y
resultados.
Un Estado eficiente y eficaz requiere de servidores comprometidos con este principio de
Buen Gobierno y la existencia de
instituciones fuertes y respetadas, llevando a cambios estructurales que
mejoren su organización y optimicen la gestión de los diversos entes y
organismos públicos.
Eficiencia en la gestión implica conocer
los recursos disponibles y asignarlos de forma eficiente siempre con el
objetivo de buscar, al menos, el equilibrio presupuestario. Veamos los
resultados:
- Pésima gestión de las cuentas públicas. Cerraremos el año con un déficit del 4,6% sobre el PIB. Si consideramos que el PIB se ha estimado en 1.114.716 millones de euros, estaríamos hablando de un déficit público equivalente a 51.277 millones de euros que el Estado gastará por encima de sus ingresos.
- Deplorable gestión del crecimiento económico. Se podría aceptar situaciones de déficit derivadas de un deterioro de la situación económica, pero unos buenos gestores deben aprovechar las épocas de crecimiento no solo para lograr el equilibrio presupuestario sino para alcanzar superávits presupuestarios que permitieran reducir el nivel de deuda pública cuyo crecimiento fuese debido a épocas de déficit. En España, el año 2016, será el tercero consecutivo de crecimiento del PIB y aun así el déficit se mantendrá en el 4,6% (el más alto de la Unión Europea).
- Lastimosa gestión de las expectativas futuras de las cuentas públicas. Pensemos que, aunque se esperan crecimientos del PIB en los próximos tres años, se ha previsto un déficit público del 1,3% del PIB (recordemos a este respecto que España ha incumplido de forma sistemática todos los objetivos de déficit) en el ejercicio 2019.
- Lamentable herencia a las generaciones futuras. Con una deuda pública, según el Protocolo de Déficit Excesivo, superior a 1.100 miles de millones de euros que supone aproximadamente el 100% del PIB y una deuda per cápita de 23.745 euros. Aunque ya de por sí las cifras son espeluznantes, no perdamos de vista que la deuda total (pasivos en circulación) supera los 1.500 miles de millones de euros, lo que la sitúa en el 140% del PIB.
La eficiencia lleva consigo credibilidad,
prestigio y respeto profesional. Valoremos estas circunstancias en base a hechos
objetivos.
- España, desde el año 2007, no registra superávit de las cuentas públicas y como desde entonces los déficits han sido financiados a través de la emisión de deuda pública, la cual se ha incrementado desde una cifra de 8.404 euros en 2007 a 23.745 euros per cápita en octubre de 2016. En términos de deuda, y por tanto impuestos futuros para las próximas generaciones, podemos hablar sin duda de la década ominosa.
- Incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit público. Conviene recordar que la actualización realizada por el Gobierno del PP del Programa de Estabilidad de 2012, tras conocer las cuentas pública reales, recogía un déficit previsto del 1,1% en el año 2015 y un nivel de deuda pública del 80,8% del PIB.
- Falta a la verdad a la hora de explicar a los ciudadanos las consecuencias de medidas tomadas por el Gobierno. Recordemos las afirmaciones realizadas en favor del rescate bancario (del que de Guindos garantizó que no nos supondría un solo euro a los españoles) o recientemente las autopistas (Ana Pastor atestiguó su coste cero).
- Incumplimiento claro de los compromisos electorales. Es realmente preocupante observar cómo el Gobierno del PP considera que los únicos que conocen la realidad de los españoles y lo que hay que hacer son ellos, aunque a la hora de solicitar el voto sus propuestas son diferentes.
La búsqueda de la eficiencia supone realizar un profundo análisis para
racionalizar y simplificar procesos, procedimientos, trámites y servicios. Así
mismo, buscar iniciativas de servicios compartidos para lograr economías de
escala y sinergias en aspectos como la tecnología, la contratación, el archivo
y las compras, entre otros. Veamos el panorama actual:
- Inexistencia de un análisis objetivo de las duplicidades existentes entre las diferentes administraciones públicas españolas. ¿De cuánto estamos hablando? Sean 15.000 millones de euros o 36.000 millones de euros, lo que realmente hace falta es voluntad para realizar un análisis en profundidad y tomar las medidas correctoras necesarias. Falta un riguroso análisis para lograr una asignación optima de los recursos humanos, financieros y tecnológicos.
- Multitud de normas y exceso de legislación. Las cifras son estremecedoras. En España, hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente dos terceras partes son de carácter autonómico.
- Normas autonómicas que perjudican el funcionamiento del mercado interior.
- Ausencia de servicios compartidos en todo el territorio nacional como consecuencia del Estado Autonómico, inexistencia de centrales de compras que abaratasen el importe de las compras del Estado y casos flagrantes como la ausencia de una tarjeta sanitaria única válida en todo el territorio nacional.
Los ciudadanos y las próximas generaciones se deberían ver beneficiados de
una gestión pública eficiente. Veamos donde nos encontramos:
- Lentitud de las resoluciones judiciales y listas de espera en la Sanidad Pública.
- Multitud de empresas y entes públicos duplicados y sobredimensionados con unas estructuras organizativas ineficientes donde existen más directores que personal en contacto directo con los ciudadanos.
- Irresponsable traslado de carga fiscal a las próximas generaciones elevando los pasivos en circulación (deuda pública) y oídos sordos ante recomendaciones de expertos en materias tales como la reforma del sistema de pensiones introduciendo el pilar de capitalización o la reducción de la presión fiscal a las empresas para fomentar su crecimiento y la creación de empleo, etc.
- Enchufismo frente a meritocracia. En lugar de diseñar un esquema de incentivos que estimule las mejores prácticas y la eficiencia en el trabajo de los funcionarios, así como planes de formación continuada que mejoren la capacitación profesional de los mismos, los puestos de responsabilidad se asignan por criterios de afinidad personal o ideológica, convirtiendo a los entes públicos en verdaderas agencias de colocación de amigos o familiares.
Decía Paul Samuelson: “Por eficiencia se entiende el uso más
eficaz de los recursos de una sociedad para satisfacer las necesidades y deseos
de las personas”.
Es indudable que el Gobierno del Partido
Popular no aprobaría esta asignatura.
Pablo
Sáez Alonso-Muñumer
Economista
Vicesecretario
del Consejo Político de VOX
