España tiene un
problema de déficit de las administraciones públicas. Así de taxativamente comienza el capítulo dedicado
a las Finanzas Públicas en el documento firmado por Pedro Sanchez (PSOE) y Albert
Rivera (Ciudadanos) que contiene las propuestas consensuadas para un gobierno
reformista y de progreso.
Creo que a estas alturas del año2016 nadie cuestiona el hecho que
las cifras de déficit público, a la espera de los datos finales del ejercicio
2015, van a superar el objetivo previsto del 4.2% y que existe una duda más que razonable de la dificultad de alcanzar
el 2,8% propuesto para el ejercicio 2016. Las estimaciones más optimistas
sitúan el déficit del ejercicio 2015 en el 4,5% frente a otras que lo sitúan
cercano al 5%. Las estimaciones de la Comisión Europea para el ejercicio 2016
no son optimistas y prevén que la desviación continuará en el ejercicio 2016,
para el que esperan un déficit del 3,6% lo que supondría una desviación del
28,5% frente al 2,8% propuesto.
“Actuar con diligencia y responsabilidad es tomar medidas que
permitan lograr superávits en las cuentas del Estado que permitan reducir el
elevadísimo importe de la deuda pública”
El problema existe y por tanto debemos exigir a nuestros gobernantes, o a
quienes se postulan para ello, actuar con responsabilidad y por ello acometer,
con carácter de urgencia, una reforma de las Finanzas Públicas que nos permita
garantizar su sostenibilidad futura. Actuar con diligencia y responsabilidad es
tomar medidas que permitan lograr superávits en las cuentas del Estado que
permitan reducir el elevadísimo importe de la deuda pública que, al cierre del
ejercicio 2015, ascendía a 23.038 euros per cápita
En el documento firmado por parte de PSOE y Ciudadanos, vemos que se
incluye un apartado específico para las Finanzas Púbicas y se menciona como
objetivo que “la
consolidación fiscal debe ir acompañada de medidas por el lado del gasto
público que permitan mejorar la eficiencia y la reducción de duplicidades,
burocracia y gasto superfluo”. Hablan del objetivo de reducir pero, unas líneas más abajo, cuando se
mencionan acciones sobre el gasto público, tan solo hablan de “Mejorar la eficiencia en el gasto público a través de la eliminación de
duplicidades administrativas. Se llevará a cabo una revisión integral e
independiente del gasto (spending review), siguiendo las mejores prácticas
internacionales, para mejorar su eficiencia, limitar las inercias e identificar
gasto superfluo.”
Es significativo que se cambia el lenguaje para hablar de mejorar la
eficiencia y al tiempo no existe cuantificación alguna del ahorro que se podría
obtener de llevar a cabo la propuesta de suprimir Diputaciones. Resulta curioso
pues la cifra ha sido multitud de veces repetida por Ciudadanos, estimándose un
ahorro conjunto de 5.000 millones de euros de llevarse a cabo esta supresión
así como la fusión de ayuntamientos.
Leímos unos días atrás unas declaraciones del profesor Garicano
comentando que sería un suicidio lograr un recorte de 8.000 millones de euros
en los que se estima la diferencia de déficit para 2016 entre el comprometido
del 2,8% y el 3,6% estimado por la Comisión Europea. Lo increíble del hecho es
son ellos mismos quienes, a la vez que reniegan de cualquier ajuste del gasto
público, proponen la posibilidad de alcanzar la cifra mencionada. Tan solo
debemos sumar el ahorro propuesto de 5.000 millones más el ingreso adicional de 2.800 millones de euros
que el anterior Gobierno perdonó ilegalmente a los defraudadores de la amnistía
fiscal (al cobrarles el 3% en lugar del 10%) que mencionan en el documento.
“Un entorno de
libertad económica que favorezca la creación de empresas y su continuidad para
crear riqueza y empleo. Buscar medidas para fomentar la búsqueda de la productividad
empresarial en lugar de subvencionar empresas falsamente productivas.”
Es posible que sean las medidas mencionadas anteriormente las que, de
tomarse, permitirían disponer de un fondo de 7.000 millones de euros que
distribuir para un Ingreso Mínimo Vital y un
Complemento Salarial Garantizado (CSG). Es
cierto que para un gobierno debe ser prioridad la lucha contra la
pobreza y la exclusión y por tanto entiendo y comparto la adopción de medidas para
combatir la exclusión social, la pobreza laboral y la pobreza infantil. No
obstante no debemos perder de vista que una solución permanente a estos
problemas debe venir mediante el apuntalamiento de un entorno de libertad
económica que favorezca la creación de empresas y su continuidad para crear
riqueza y empleo. Para ello debemos fomentar la búsqueda de la productividad
empresarial y no plantear medidas, como el CSG, por las que empresas
improductivas se convierten en compañías falsamente productivas a golpe de
subvención estatal.
Existen otras
propuestas no cuantificadas como recuperar
el subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años o aquella que
menciona que las personas desempleadas de larga duración que no
dispongan de prestaciones y que requieran de un intenso proceso de formación
para su reinserción en el mercado de trabajo tendrán derecho al cobro de una
Renta de Reintegración durante la duración de este proceso de formación.
“No se plantea en el documento un análisis objetivo de los
gastos de las diferentes administraciones autonómicas que es donde se encuentra
realmente el mayor importe de gastos superfluos, duplicados, ineficientes e
innecesarios”
Vemos por tanto como tan solo existe una medida concreta de reducción de
gasto, la supresión de las Diputaciones, y no se plantean realmente un análisis
objetivo de los gastos de las diferentes administraciones autonómicas que es
donde se encuentra realmente el mayor importe de gastos superfluos, duplicados,
ineficientes e innecesarios. En VOX creemos que si es necesario hacer una
revisión completa de los gastos del Estado y planteamos una serie de medidas
concretas que supondrán una importante reducción del gasto público superfluo.
Entre ellas podemos señalar las siguientes:
- Eliminar gastos duplicados en el marco de recuperación de competencias por el Estado Central y aquellos gastos derivados de la multiplicidad de políticas y actuaciones orientados a la creación de estructuras paralelas a las estatales.
- Suprimir gastos políticos como los que atentan contra la libertad e igualdad de los españoles (políticas de lenguas o rotulación comercios), subvenciones a ciertas entidades sin funciones concretas de apoyo social, subvenciones a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales.
- Reducir el número entes autonómicos y el número de Instituciones, Agencias y Empresas públicas dependientes de los órganos autonómicos y de la AGE. Suprimir el Senado, Consejos Consultivos y Defensores del Pueblo de las CCAA.
- Limitar al mínimo imprescindible el número de asesores a cargo de la administración. Potenciando una adecuada gestión del conocimiento en los empleados públicos.
- Adoptar el sistema de Presupuesto en base cero de forma que, anualmente, se revisen las necesidades de cada departamento o área y se facilite la eficiencia del gasto público. Riguroso seguimiento del mismo y control de sus variaciones.
- Revisar la totalidad de las subvenciones públicas existentes con el objetivo de mantener tan solo aquellas que supongan un beneficio social, cooperación al desarrollo y las de i+d+i
- Establecimiento de un Plan de reducción de la deuda pública que permita aliviar la elevada carga financiera en el gasto público. Parece que PSOE y Ciudadanos se han olvidado de la pesada carga que supone la elevada deuda pública en concepto de intereses de la misma y el riesgo existente en caso de producirse una subida de tipos de interés.
- Acometer una optimización y racionalización del sector público a través de privatizaciones, supresiones de entidades duplicadas e inventario y plan de venta de inmuebles del Estado.“Existen en el documento propuestas que van a suponer un aumento de la carga fiscal”Frente a la falta de medidas concretas de reducción del gasto público, parece que pretenden cuadrar las cuentas públicas por el lado de los ingresos a base de aumentar la carga fiscal a los ciudadanos. Encontramos en el documento las siguientes propuestas que indudablemente van a suponer un aumento de la carga fiscal:
- Un nuevo sistema de cotización de los trabajadores Autónomos en función de sus ingresos reales que supondrá un aumento de las cotizaciones para la mayor parte de ellos.
- Creación de un fondo verde para la transición energética, alimentado con parte de la nueva fiscalidad medioambiental
- Reformar en profundidad el Impuesto de sociedades con un doble objetivo de acercar los tipos efectivos a los tipos nominales. Es claro que hay que acercar ambos tipos pero también es necesario reducir el tipo nominal como así proponía VOX en su programa.
- Estudiar la creación de un impuesto extraordinario sobre las grandes fortunas para ayudar a conseguir el equilibrio presupuestario.
- Armonizar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el Impuesto de Patrimonio, estableciendo unas horquillas de bases y tipos mínimos y máximos para todo el territorio del estado. Creo que nadie duda a estas alturas que armonizar, en la práctica, va a suponer una mayor carga fiscal para los ciudadanos.
- Impulsar en el seno del Pacto de Toledo un acuerdo sobre la articulación del modelo de financiación del sistema público de pensiones con ingresos procedentes del sistema tributario, es decir, financiar su déficit con mayores impuestos. No hay planteamiento alguno de reforma del sistema que garantice su sostenibilidad y responda a la realidad de la estructura poblacional existente y su previsible evolución durante los próximos años y décadas.Frente a todas ellas si plantean una medida de reducción de impuestos que es situar el IVA cultural al 10%. Es curioso que esta reducción sea prioritaria para estos partidos y no aquellas que pretende que sean los productos pediátricos y geriátricos los que se vean beneficiados de una importante reducción de este tipo de impuesto.En definitiva, PSOE y CS proponen aumentos de impuestos y se olvidan de plantear propuestas de reducción de gastos. Es efectivamente un claro enfoque socialdemócrata que olvida que una verdadera reforma de las Finanzas Públicas, que asegure la prestación futura de los servicios públicos esenciales, no puede realizarse sin tomar medidas estructurales de reducción de gasto público superfluo, duplicado, ineficiente e innecesario derivado de la actual configuración autonómica de España.
Esta es mi opinión
Pablo
Sáez Alonso-Muñumer
Ldo. en Ciencias
Económicas
Vicesecretario
del Consejo Político de VOX
