POR UN SISTEMA DE PENSIONES SOSTENIBLE

Todos los sistemas de pensiones son formas de ahorro que, en esencia, nos obligan a reducir nuestro consumo durante nuestra vida laboral para consumir más a la terminación de la misma. Una misma esencia que comparten tanto el sistema de reparto como el de capitalización, cuya diferencia estriba en la forma de su financiación.

En el sistema de reparto, la pensión de cada persona se financia en parte con las aportaciones de los trabajadores en activo y el Estado, que van a un fondo común con el cual se financian las mismas. En el sistema de capitalización, cada trabajador dispone de una cuenta donde se depositan sus aportaciones las cuales se capitalizan a lo largo de la vida activa del trabajador  y tras la jubilación se irá percibiendo el capital acumulado.

Cualquier valoración sobre la sostenibilidad del sistema debe partir de un análisis de la estructura poblacional existente y su previsible evolución durante los próximos años y décadas. Es preocupante observar como las llamadas de atención, a la vista de la evolución prevista de la mencionada estructura poblacional, caen en saco roto en un acto de una irresponsabilidad política grave de quienes tienen como obligación pensar en las próximas generaciones en lugar de las próximas elecciones.

Es importante, como hemos mencionado, no perder de vista los datos siguientes:

	1980	2012	2050
Población menor de 20 años	36,0%	20,9%	20,0%
Población entre 21 y 65 años	53,5%	62,6%	49,3%
Población mayor de 65 años	10,5%	16,5%	30,7%
	100,0%	100,0%	100,0%

 

Creo que nadie puede negar, a la vista de los datos demográficos, que el sistema de reparto, definido como actualmente está establecido, es absolutamente insostenible. Pensemos que en el año 2050 la población mayor de 65 años prácticamente duplicará a la existente en 2012 y en el ratio de persona en edad de trabajar sobre ciudadanos mayores de 65 años.

Los datos nos llevan avisando ya desde hace tiempo, pero conviene recordar como en 2010 las cotizaciones sociales de los trabajadores ocupados ya fueron insuficientes para pagar las pensiones contributivas, el déficit registrado en 2014 de 13.348 millones de euros o el continuado descenso del Fondo de Reserva de las pensiones.

Las reformas de los años 2011 y 2013 introdujeron medias que no solucionan el problema, tan solo lo aplazan unos años. Debemos exigir, como ciudadanos, una información veraz y completa sobre las medidas, explicaciones sobre su impacto y detalles sobre los cálculos realizados. A este respecto, resulta curioso observar las explicaciones dadas por el PP acerca del Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, dos medidas que suponen una clara reducción de las pensiones.

Debemos por tanto plantear de forma urgente medidas que se fundamenten en la consecución de los siguientes objetivos:

• Universalidad. Incluyendo a todos los trabajadores del territorio y limitando tratamientos diferenciados.
• Contributividad. Se deben tener en cuenta las aportaciones realizadas durante toda la vida laboral del trabajador y tratar por igual todas las aportaciones con independencia del momento y cuantía en la que se realizan.
• Flexibilidad, mediante la liberalización de la edad de jubilación y ajustando las cuantías de las pensiones en función del momento elegido para jubilarse. Debe permitir que la decisión de jubilarse sea reversible y analizar la posibilidad de compatibilización con percibir rentas salariales.
• Progresividad, con tipos de cotización bajos pero eliminando los topes.

Planteados estos objetivos y tomadas las medidas necesarias para alcanzarlos, debemos dar un paso más y preguntarnos por el modelo de sistema al que aspiramos. En mi opinión, un sistema mixto de capitalización y reparto, ofrece la mejor garantía de cumplimiento de los principios en los que se debe sustentar todo modelo. Estos principios son los siguientes:

• Solidaridad.
• Libertad de gestión
• Propiedad de las aportaciones

La solidaridad que supone la obligación de garantizar una pensión mínima a quienes no han podido ahorrar y evitar de esta forma que caigan en la indigencia.

La libertad de gestión que implica:

• Libertad para decidir dónde invertir sus aportaciones y para tratar de aprovechar las oportunidades que ofrecen los mejores sistemas de capitalización, los cuales combinan rentabilidades altas con costes de gestión bajos, diversifican geográficamente sus inversiones, permiten el rescate parcial de los fondos en determinadas circunstancias y garantizan unas cuantías mínimas para sus anualidades.
   
• Libertad para decidir la cuantía a aportar para su capitalización. Resultaría sorprendente comprobar el fondo que se generaría y que podríamos recuperar, si durante nuestra vida laboral aportáramos a estos fondos, una cuantía similar a la actualmente dedicada a sostener el actual sistema. Hablamos de disponer, a la fecha de jubilación,  de un importante fondo  y de la posibilidad de disponer de una pensión muy superior a la actual.

La propiedad de las aportaciones que lleva consigo:

• Mantener los fondos a salvo de decisiones políticas que son tomadas de espaldas a las opiniones y, en ocasiones, necesidades de los ciudadanos. Decisiones políticas de quienes confunden la esfera pública de la privada.
   
• Garantizar el derecho de los familiares a heredar el fondo constituido en caso de fallecimiento. Hablamos de apostar por mejorar la vida de las familias ya que con esta medida podrán disfrutar de una vida que ahora se les antoja imposible.

Queremos en fin, construir un sistema que apueste por la libertad del individuo permitiéndole también retrasar su edad de jubilación y, por tanto, aprovechar su talento y experiencia. Un uso de la libertad que le permita poner en valor su ahorro privado voluntario para la jubilación.

Son los principios la clave para la elaboración de propuestas y la realidad la que nos indica la posibilidad de aplicarlos. La realidad del sistema actual nos convence de la necesidad de su reforma y los principios nos indican el modelo que buscamos. Un modelo sostenible en el que los ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, puedan gestionar su jubilación y les permita rentabilizar los fondos aportados durante su vida laboral.

Esta es mi opinión

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer