La mayor parte de los partidos
políticos coinciden en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico
y todos alegan que su Comunidad Autónoma se encuentra perjudicada en el actual
sistema de reparto. Es obvio decir que lo que están buscando son mayores
transferencias por parte del Gobierno Central que supondrá por tanto ahondar,
si cabe aún más, en el proceso de reducir el papel del Estado Central a la
mínima expresión y agigantar unos gobiernos autonómicos ya de por sí
sobredimensionados.
Dos de estos “Parlamentos
Autonómicos”, el vasco y el gallego, van a ser renovados tras las elecciones
convocadas para finales del mes de septiembre. Volveremos a ver peticiones de
reforma (o sea peticiones de más fondos) por parte de la mayoría de los
partidos que se presentarán a estas elecciones. Escucharemos de nuevo el argumento de que las Comunidades Autónomas
no pueden ajustar más sus gastos sin tocar el gasto en sanidad y educación, los
cuales fueron transferidos a las Comunidades Autónomas en la peor decisión
tomada por José María Aznar en sus años de gobierno.
¿Se pueden reducir gastos sin tocar educación y sanidad?
Para responder a esta pregunta
debemos analizar los presupuestos de las diferentes Comunidades Autónomas.
En este artículo vamos a comenzar
los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante CAV) del ejercicio
2016 cuyo resumen es como sigue:
La suma de Educación
y Sanidad tan solo absorbe el 57,4% del presupuesto de la CAV.
Es por tanto falso que cualquier exigencia de reducción de gasto
público autonómico afectaría a recortes en ambos conceptos.
La deuda pública por su parte
supone un 10,7% del presupuesto de gasto de los que la mayor parte corresponde
a disminución de pasivos financieros y un importe de 278 millones de euros al
pago de intereses. Siempre es bien recibido aprovechar épocas de crecimiento
para reducir el volumen de deuda.
Destacamos por otro lado, la
existencia de una serie de gastos claramente políticos intrínsecamente
relacionados a la existencia de la CAV como por ejemplo: Parlamento,
Presidencia del Gobierno y Recursos y Compromisos Institucionales que suman,
entre los tres conceptos, 225,5 millones de euros.
Los gastos políticos ascienden a 225,5 millones de euros.
A los gastos políticos mencionados
podemos sumar el gasto de departamentos tales como el Tribunal de Cuentas o la
Agencia Vasca de Protección de Datos (8,6 millones de euros) completamente
vinculados Comunidades Autónomas.
Los Organismos Autónomos Administrativos disponen de un presupuesto global
de 1.003 millones de euros
No solo eso, también debemos
considerar el presupuesto de los Organismos Autónomos Administrativos con un
presupuesto global de 1.000 millones de euros de entre los que destacan los 836
millones de euros correspondientes al Servicio Vasco de Empleo. Es una cuestión
de sentido común solicitar un análisis de las competencias y trabajo desarrollado
por este Organismo para evitar posible duplicidades con el trabajo realizado
por el Inem.
Creo todos, menos los políticos
que defienden el modelo de Estado Autonómico, llegamos a las mismas
conclusiones:
Si se puede ahorrar sin tocar Educación ni Sanidad.
Si se ahorrarían gastos políticos si suprimimos las Autonomías.
Si existen duplicidades entre los numerosos Organismos Autónomos
creados por la existencia de las Autonomías y Organismos dependientes del
Gobierno Central.
Esta es mi opinión
Pablo Sáez Alonso-Muñumer
Vicesecretario del Consejo Político de VOX
