Nunca dejar la iniciativa al independentismo

ESTAMOS DE NUEVO ANTE LA POLÍTICA DE SIEMPRE: cálculos electorales, estrategias para ver cómo se desgastan los otros, insinuaciones con ánimo de meter cizaña. Lo que ha dejado claro las elecciones pasadas en Cataluña es que el voto constitucionalista ha cambiado de siglas, pero los cargos electos mantienen los mismos comportamientos.

Creo que nadie niega que no salen los números y que hay pocas posibilidades que Inés Arrimadas llegue a presidir el gobierno autonómico de Cataluña. Es también innegable que el independentismo está a la gresca y a la vista de ello, los estrategas políticos, los mismos que dijeron que fue una jugada maestra una aplicación del artículo 155 con el único objetivo de la convocatoria de elecciones, aconsejan a Ciudadanos no dar un paso adelante hasta ver como acaban los movimientos que están sucediendo en el ámbito independentista.

Pero hay otros que pensamos que lo más importante es que nuestro mensaje se oiga, que no desaprovecharíamos ni un solo minuto del tiempo que nos concedan en medios de comunicación, para exponer nuestras posiciones. Somos quienes consideramos que NO SE DEBE DEJAR NUNCA LA INICIATIVA EN MANOS DE LOS INDEPENDENTISTAS, que se debe luchar, aunque se tengan menos recursos, que estamos comprometidos con nuestras ideas y valores.

Llevaríamos la iniciativa y nos faltaría tiempo para contar a los ciudadanos en Cataluña que libertad es garantizar que los padres puedan elegir la lengua vehicular de enseñanza para sus hijos, educar es eliminar el adoctrinamiento de las aulas, responsabilidad es exigir a los directores de los centros educativos el acatamiento de las leyes y de la Constitución, instruir es trabajar para converger a contenidos comunes con el resto del Estado y sentido común es asegurar las horas de enseñanza del español en los colegios, lengua propia también de los catalanes y de más de 500 millones de personas en el mundo.

Lideraríamos el debate y nos faltarían minutos para explicar que eliminaríamos las subvenciones a todas las organizaciones que fomentan la independencia como paso previo a la propuesta de su ilegalización, que cortaríamos cualquier apoyo financiero a TV3 y Catalunya Radio como paso previo a su cierre, que depuraríamos las responsabilidades por la inacción y desobediencia de los Mossos de escuadra como paso previo a proponer su disolución, permitiendo a quienes respeten la Ley y La Constitución integrarse en Policía Nacional o Guardia Civil.

Centraríamos los mensajes y nos faltarían instantes para contar a los catalanes que son los ciudadanos de España que más impuestos propios soportan y que nuestra propuesta es eliminar o reducir toda clase de impuestos, que gran parte de los fondos de la Generalidad se han destinado a mantener estructuras paralelas de Estado, que debemos reducir el número de organismos públicos que tan solo sirven para emplear a amigos y familiares de los políticos o que reduciríamos al mínimo imprescindible el número de asesores externos contratados.

Aprovecharíamos todas las oportunidades para hablar de unidad y solidaridad así como para luchar contra el adoctrinamiento y el bombardeo mediático de los independentistas. ESA ES LA MANERA DE HACER POLÍTICA BASADA EN VALORES, lo demás no es nueva política es tan solo un cambio de siglas.

Este es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de Vox

Es urgente cerrar las ruinosas TV3 y Catalunya Radio

Observamos con asombro como el gobierno de España ignora el papel jugado por los medios de comunicación públicos en Cataluña al servicio del independentismo. El papel de TV3 y Catalunya Radio como medios de propaganda y su indudable influencia a la hora de informar a los ciudadanos ha sido (y es) clave para entender como ha calado y se ha extendido el sentimiento separatista. Nadie con dos dedos de frente duda que, ante la convocatoria de las próximas elecciones, es imprescindible intervenir los medios públicos con objeto de garantizar la pluralidad informativa y el respeto a la Ley. Por desgracia no parece ser esa la idea del gobierno de España.

Las televisiones autonómicas carecen de razón de ser tanto desde la óptica del pluralismo informativo como de la rentabilidad económica y financiera. Se han convertido, al igual que otras empresas públicas, en verdaderas agencias de colocación de personas afines, garantizándose los partidos políticos líneas editoriales y fidelidad absoluta a sus postulados.

Está fuera de toda lógica y de cualquier racionalidad económico-financiera mantener unas televisiones que generan pérdidas crónicas y que tan solo sobreviven gracias a las subvenciones recibidas de los gobiernos autonómicos.

Veamos, en base a las cuentas anuales consolidadas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (en adelante CCMA) de los últimos siete ejercicios, la racionalidad económico-financiera de mantener la corporación audiovisual de Cataluña, comunidad que más gasta en mantener medios propios de comunicación.

En el cuadro siguiente podemos observar la evolución del resultado consolidado del ejercicio y cuál sería el mismo descontando las aportaciones de la Generalidad contabilizadas como subvenciones de explotación incorporadas al resultado de ejercicio:

Estamos hablando de una Corporación que, sin las aportaciones de la Generalidad (1.915 millones de euros en los últimos 7 años), es completamente inviable. Recordemos que estas subvenciones las pagamos todos los españoles.

¿Se imaginan donde estarían las televisiones privadas con estos datos?

Es también interesante observar el detalle de los fondos propios consolidados al cierre del ejercicio 2016. En este detalle vemos unos resultados negativos de ejercicio anteriores de más de 780 millones de euros. Siendo una cifra ya de por sí escandalosa, piensen cual sería la misma si la CCMA no hubiera recibido las aportaciones de la Generalidad vía subvenciones.

Curioso resulta comprobar que el mastodonte televisivo catalán (consolidado) cuenta con una plantilla de 2.319 personas, cifra muy superior a la plantilla de Mediaset (1.266 empleados) o Atresmedia (1.800 empleados). Recordemos que, no como ocurre con la televisión española, la CCMA puede tener ingresos publicitarios.

Vamos a ver a continuación una comparativa de la cifra de negocios (principalmente ingresos publicitarios) con la de gastos de personal en los últimos 7 años:

¿Alguien duda que no funciona como una verdadera agencia de colocación una corporación donde los gastos de personal suponen 2,4 veces la cifra de negocios?

¿No creen que estamos hablando de una plantilla sobredimensionada? Pero bueno, parece que a algunos se les debe permitir todo.

Hemos visto para el ejercicio 2016 la cifra de negocios (67,5 millones de euros) y los ingresos por las aportaciones de la Generalidad (237,6 millones de euros) en cuadros anteriores. Veamos ahora la distribución de los ingresos consolidados del mencionado ejercicio:

La dependencia de las aportaciones de la Generalidad es bastante clara y explica la falta de pluralidad que ha existido en los medios audiovisuales públicos catalanes desde hace mucho tiempo.

La gestión del dinero de todos los españoles debe guiarse por la búsqueda de la eficiencia en la asignación de los recursos con objeto de financiar servicios públicos esenciales, sin dejar de lado la búsqueda de la racionalidad económico-financiera.

Esta indagación sobre una gestión diligente de los fondos públicos conduce inexorablemente a solicitar el cierre o privatización de la totalidad de los medios audiovisuales públicos autonómicos. Esta medida debería comenzar, por urgencia y necesidad, por la televisión y radio autonómicas de Cataluña.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de Vox

Lo urgente (aplicar el artículo 155) no te haga olvidar lo importante (recuperar España en Cataluña)

Que lo urgente no te alga olvidar lo importante. Se me ha venido a la memoria esta frase a la vista de lo ocurrido en estos últimos días con la (al fin) primera reacción del gobierno de España ante la rebelión de los independentistas en Cataluña. Es realmente urgente comenzar el proceso para destituir a un gobierno autonómico que actúa en contra de la Ley. Es asimismo inaplazable tanto el control de los Mossos como de la Corporación de Medios Audiovisuales de Cataluña. Del mismo modo, es también apremiante establecer serias limitaciones a las competencias del Parlamento de Cataluña y comunicar a los funcionarios las consecuencias penales que se producirán cuando no acaten las órdenes de las nuevas autoridades.

 

Todo el apoyo al Gobierno de España en todas las iniciativas propuestas y en la urgencia de su aplicación. Apoyo por convencimiento de su necesidad, así como por lealtad con todos los españoles y con el Rey, firme baluarte de la unidad de España.

 

Dicho lo cual, no debemos dejar llevarnos por el entusiasmo ni cerrar los ojos ante la realidad. Son medidas necesarias, pero de corto alcance en el tiempo, lo que las restará eficacia. Recordemos que se plantea la celebración de elecciones en un plazo máximo de seis meses o cuando se recupere “la normalidad”. ¿Cree alguien de verdad que la situación en Cataluña se va a solucionar en un plazo máximo de seis meses? ¿Piensa alguien que la situación de normalidad se restablecerá en tan corto periodo de tiempo?

 

Acometido lo urgente, la obligación de un partido político es plantear soluciones a lo importante. Es fundamental conocer cuál es su idea de normalidad y su valoración de la importancia.

 

Lo importante es restablecer un marco de convivencia basado en la libertad y el respeto, en el que los valores de unidad y solidaridad deben jugar un papel primordial.

 

Lo importante es darse cuenta que ese marco no puede darse si las competencias de Educación se mantienen en manos de quienes avivan el enfrentamiento, fomentan particularismos, persiguen la pluralidad y buscan el adoctrinamiento.

 

Descorazona realmente oír al Ministró Iñigo Méndez de Vigo afirmando que no es una buena idea recuperar las competencias de Educación por parte del Estado. Entristece ver como los tres partidos “constitucionalistas” no son capaces de acordar una batería de medidas para evitar un adoctrinamiento que se está produciendo en las aulas de los colegios en Cataluña.

 

Sabemos que el control de la Educación ha sido siempre objetivo prioritario de los independentistas. Tienen claro que el control y la gestión del modelo educativo es pieza clave para reforzar la afirmación/invención de lo propio y la negación de lo común, bases fundamentales del independentismo. No hemos visto esta misma claridad de ideas en los partidos denominados “constitucionalistas”, que han permitido que la Generalidad impusiera un modelo pedagógico sectario y excluyente con el consentimiento y el silencio de la mayoría de los partidos políticos del arco parlamentario desde mediados de los años 80.

 

Recordemos como José María Aznar evitó recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Política Lingüística aprobada por la Generalidad en 1998, su incapacidad (y la de todos los presidentes posteriores) para garantizar el derecho de los padres para que sus hijos recibieran la enseñanza en español (junto al catalán) y la permisividad de todos los gobiernos centrales en que siguiera aplicándose el sistema de inmersión lingüística exclusivamente en catalán. Es también constatable el fracaso en lograr contenidos educativos comunes, así como evitar aquellos que fomentan el enfrentamiento y la negación de la realidad histórica de una muy española Cataluña.

 

Recordemos que el sistema de inmersión lingüística, que consagra el catalán como única lengua vehicular de la enseñanza, fue ideado por el Convergencia, contó con el beneplácito de la Generalidad durante la etapa del tripartito de izquierdas y continúa intensificándose en la actualidad. Los sucesivos gobiernos de la Generalidad han vulnerado de forma sistemática leyes y han pisoteado en derecho de los padres a que sus hijos estudien en la legua vehicular que elijan. La vigente Ley de Educación catalana, que sustituyó a la Ley de Política Lingüística de 1998, supuso de hecho una verdadera declaración de independencia de Cataluña en la Educación.

 

Han transcurrido muchos años, hemos notado muchos silencios así como el abandono a quienes aspiran a que sea respetado su derecho a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos. Es hora de enfrentarse a los problemas de frente, con sentido de Estado y pensando en construir un modelo de futuro.

 

Si el origen del problema se encuentra en el adoctrinamiento en las aulas y en la falta de un modelo educativo con una visión global para todo el territorio nacional, hemos de buscar propuestas que permitan revertir esta situación.

 

Pensemos, como decía Arnold H. Glasgow, que “la Educación debe tener como uno de sus objetivos, ampliar las ventanas por las cuales vemos el mundo”. Abramos ventanas, eliminemos el adoctrinamiento de los poderes públicos, dotemos a los centros educativos una mayor autonomía y a los padres de mayores mecanismos tanto de participación como de elección de la educación que quieren para sus hijos. Comencemos el camino que nos permita garantizar la libertad de todos los españoles de vivir y sentirse españoles en todos los rincones del territorio nacional.

 

Pensemos en el futuro de España y planteemos con determinación la necesidad de recuperar las competencias de Educación por parte del Estado.

 

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de Vox

Renacionalizar Cataluña

En frecuente oír en tertulias políticas hablar de proporcionalidad y prudencia como las palabras clave para afrontar el problema que ha supuesto para la unidad de España el desafío de un Parlamento de Cataluña secuestrado por los independentistas. Palabras que en realidad esconden la cobardía de un gobierno que, incluso cuando tuvo una mayoría absoluta y un enorme poder en comunidades y ayuntamientos, nunca ha sido capaz de ejercer sus funciones ni actuar con la responsabilidad de quien tiene un proyecto político para nuestra nación.

Se habla de lo que puede pasar el 2 de octubre y se da por inevitable que habrá que afrontar en el corto plazo una reforma constitucional. Curiosamente se quiere acometer una reforma constitucional sabiendo, en base a la experiencia de estos últimos 40 años, que nunca será suficiente para los independentistas quienes no esconden su objetivo de alcanzar la independencia. Ni respetan la Constitución existente ni respetarán cualquiera otra que no se amolde a sus fines.

Es triste constatar que tenemos unos gobernantes ciegos ante el resultado de una estrategia de continua cesión ante los separatistas y de retroceso de la presencia del Estado en Cataluña. Unos gobernantes con un mínimo sentido de estado se darían cuanta que, llegados hasta el punto donde nos encontramos, cualquier solución al problema catalán requiere a corto plazo firmeza y a medio y largo plazo un cambio profundo en la organización del Estado que conlleve un nuevo reparto competencial entre administraciones. No es posible resolver que el sentimiento de egoísmo y enfrentamiento que los nacionalistas han inculcado en la sociedad catalana durante más de 40 años, se pueda resolver ni en un día ni en una legislatura.

“Cualquier solución al problema catalán requiere a corto plazo firmeza y a medio y largo plazo un cambio profundo en la organización del Estado que conlleve un nuevo reparto competencial”

Es urgente cambiar el paso. No podemos seguir alimentando sentimientos disgregadores. Debemos tomar medidas de sentido común que supongan una clara recentralización de competencias para reforzar la administración central y a la vez potenciar la eficiencia de las administraciones en la prestación de los servicios públicos. Debemos poner en marcha entre otras las siguientes medidas:

-       En Educación mediante la necesaria recuperación de las competencias por parte del Estado Central. Si queremos que se recupere los valores de la unidad de España y de solidaridad entre sus regiones, debemos comenzar por enseñarlos en los colegios. Debemos defender con hechos que los padres puedan escolarizar a sus hijos en español, rechazar que existan tantos libros de texto diferentes como comunidades autónomas, potenciar materias comunes y la historia de España. La falta de presencia del Estado ha provocado que los ciudadanos terminen asimilando ideas excluyentes, distorsionadas e insolidarias.

-       En seguridad interior integrando las policías autonómicas en la Policía Nacional o Guardia Civil. Los ciudadanos deben percibir que existe unos cuerpos y fuerzas de seguridad del estado eficaces, profesionales, cercanas y únicas en todo el territorio nacional. No podemos estar debatiendo sobre si los Mossos de Escuadra obedecerán al gobierno autonómico o seguirán las órdenes del Gobierno de España.

-       En Defensa mediante la participación del ejército en labores de lucha antiterrorista. Se ha de realizar pedagogía de la importancia, para la seguridad de los españoles, de su participación y visibilidad en la prevención de atentados terroristas.

-       En Justicia demostrando con hechos que las sentencias judiciales se cumplen y que los políticos nacionalistas no pueden actuar al margen de la Ley. La aceleración de los procedimientos judiciales y la simplificación normativa serán factores que ayuden a elevar la confianza en el funcionamiento del estado de derecho por parte de todos los españoles.

-       En Sanidad y asuntos sociales garantizando que los servicios proporcionados son idénticos en todo el territorio nacional. Para ello debemos ser capaces de definirlos, catalogarlos, evaluarlos y explicarlos a los españoles. Se debe luchar contra la instrumentalización de asociaciones bien subvencionadas como correa de transmisión de ideologías contrarias a la unidad.

-       En cuanto a la fiscalidad, realizando una simplificación normativa y prohibiendo la capacidad de establecer nuevos impuestos por las Comunidades Autónomas. Los ciudadanos deben percibir que la reducción de impuestos guarda proporcionalidad con la rebaja del tamaño de las administraciones. Debemos evitar asimismo colaborar en la difusión de unas mal llamadas balanzas fiscales que, viciadas desde la base ya que quienes pagan son las personas físicas y jurídicas y no los territorios, potencian el lenguaje de la separación.

-       En Economía mediante la completa transparencia de las cuentas públicas y un férreo control de gastos políticos innecesarios. En situaciones donde la propaganda independentista ha fomentado el eslogan “España nos roba” hay que hacer pedagogía sobre la necesidad y a quienes benefician los gastos políticos destinados a crear estructuras paralelas de Estado.

-       En comunicación eliminando las barreras de entrada a la existencia de medios críticos con el independentismo y eliminando todo tipo de financiación de medios públicos (radio y televisión) que apoyen la secesión.

-       En Cultura fomentando desde la administración las tradiciones que nos unen, así como el conocimiento de aquellas propias de otros lugares de España de las que nos debemos sentir orgullosos todos los españoles.

Es necesario realizar acciones que los ciudadanos perciban de una forma habitual, dar protagonismo a quienes se manifiestan a favor de la unidad de España, celebrar los éxitos alcanzados por los españoles con independencia de donde residan y principalmente preocuparte por las necesidades de las personas, especialmente de quienes quieren vivir en armonía y no en el constante enfrentamiento. Es básico tomar medidas que potencien los lazos de pertenencia al Estado y el orgullo de sentirse catalanes y por tanto españoles.

“Es básico tomar medidas que potencien los lazos de pertenencia al Estado y el orgullo de sentirse catalanes y por tanto españoles”

Imprescindible es que los ciudadanos perciban la existencia del Estado Central pero también lo es la cercanía de las administraciones. Por ello debemos reforzar una centralización que permita una mejor y más eficiente utilización de los recursos públicos y, al mismo tiempo, potenciar el papel de las administraciones locales por su cercanía a las necesidades de los vecinos.

Decía Otto von Bismarck que “el político piensa en la próxima elección; el estadista, en la próxima generación”. Pensemos en la España que queremos y luchemos para mantener su unidad.

Viva España.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de Vox

Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y protección social

Hoy, con ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, gran número de ciudadanos ha salido a la calle para unirse a alguna de las manifestaciones convocadas por los sindicatos. Este año el lema elegido por las dos principales, aunque desprestigiadas y poco representativas, organizaciones sindicales (UGT y CCOO) ha sido el siguiente:

“No hay excusas. Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, protección social".

Creo que es un lema que podemos hacer nuestro la gran mayoría de los ciudadanos. No son por tanto las reivindicaciones que plantean lo que a los españoles nos aleja del politizado movimiento sindical español sino que son las medidas propuestas para ello y los compañeros de viaje elegidos. Es de sentido común pensar que cuando las medidas se enmarcan dentro de un gran pacto social entre Ejecutivo, sindicatos y empresas, serán mucho más eficaces que cuando se plantean en un marco de enfrentamiento constante como el que pretenden ciertos movimientos, mas populacheros que populistas, de la izquierda española.

SI a la reclamación de un empleo estable pero antes reivindiquemos más empleo.

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017, en España existen 4,2 millones de parados (un 18,75% de la población activa), colectivo que debe ser objetivo primordial de toda acción política. Si hablamos de la necesidad de crear empleo y pensamos que el mayor y más eficiente vehículo de creación de empleo es la empresa privada, debemos plantear medidas de apoyo a las empresas y emprendedores. Medidas tales como la simplificación de trámites, reducción de la carga impositiva (cotizaciones sociales e impuesto sobre sociedades) o facilitar su expansión internacional.

Impulsemos medidas de fomento del empleo estable incentivando fiscalmente a las empresas que creen empleo en el territorio nacional y que mantengan la localización de la mayor parte de las actividades en nuestro país.

Pensemos por otro lado en crear un entorno que favorezca la estabilidad en el empleo y reflexionemos acerca de la necesidad de eliminar rigideces del mercado laboral (especialmente cuando de ello dependa la continuidad de un negocio) o la conveniencia de implantar modelos que permitan al trabajador disponer de fondos adicionales propios que se constituirían durante su vida laboral.

SI a la reclamación de salarios justos en un entorno de continuidad empresarial.

Es indudable que en España la pérdida de la ocupación acaecida durante la crisis ha afectado en mayor medida a los trabajadores de sectores de la franja salarial media que son también quienes más lentamente está recuperando el nivel de empleo perdido. Es urgente por tanto potenciar una oferta educativa que permita aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas
tecnologías y reemplazar, así, los puestos de trabajo medios que se pierden por otros nuevos de mayor calidad.

Fomentemos incorporar a los sistemas de remuneración el pago por rendimiento al conjunto de trabajadores, de tal forma que una parte de la remuneración fuese variable y dependiese del desempeño individual (productividad y consecución de objetivos) y de los resultados de la empresa. Valoremos la situación financiera propia de cada empresa (en ambos sentidos) a la hora de fijar los incrementos salariales e incentivemos la involucración de los trabajadores en su desarrollo.

Aumentar la productividad de las empresas, potenciar la formación de los trabajadores y perseguir el fraude y la economía sumergida son así mismo factores determinantes para que en España crezca el salario medio, que actualmente se encuentra por debajo de los principales países de nuestro entorno.

SI a la reclamación por unas pensiones dignas en un marco que garantice la propiedad por el trabajador.

Reclamamos el plantearnos la idoneidad de un sistema en el que después de toda una vida cotizando, el trabajador no dispone de ahorro alguno y su pensión depende de decisiones políticas. Debemos por tanto no solo reivindicar pensiones dignas, debemos exigir el cambio a un sistema en el que se reconozca la propiedad de las aportaciones realizadas, la libertad para gestionarlas y la posibilidad de transmitirlas a tu familia.

Caminemos hacia un sistema donde las pensiones sean propiedad del trabajador y no instrumento político en manos del Gobierno de turno.

SI a la reclamación por la protección social en un sistema donde el gasto público se oriente a cubrir las verdaderas necesidades.

Debemos exigir una revisión completa del gasto público en España. Es verdaderamente preocupante el hecho que los políticos actuales se encuentran más interesados en mantener ineficientes e innecesarias administraciones públicas y en recibir subvenciones públicas que en destinar el gasto a cubrir las necesidades de los ciudadanos y proteger a colectivos desfavorecidos.

Es misión  del Estado, en la definición de los esquemas de protección social, implantar políticas activas de empleo orientando a los desempleados en su búsqueda de trabajo y diseñando programas de formación continúa teniendo en cuenta la demanda del mercado laboral. Políticas que permitirían a los ciudadanos disponer de mayores posibilidades de salir de la situación de desempleo con mayor celeridad.

Por tanto un SI rotundo a las peticiones de empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y protección social. Un SI categórico por la confianza en la responsabilidad de trabajadores y empresarios para lograr un gran pacto social que permita el crecimiento de las empresas y la creación de empleo estable y de calidad.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario Nacional del Consejo Político de Vox

Hay que eliminar el Impuesto sobre Sucesiones

Asistimos en estos días a una importante movilización ciudadana en contra del Impuesto sobre Sucesiones. Numerosos españoles se han “echado a la calle” para protestar contra un impuesto que consideran injusto y lo han hecho de forma individual, no de acuerdo a las consignas de partidos políticos o sindicatos. Reconforta asistir a este tipo de movilizaciones que demuestran que la sociedad española no se encuentra totalmente anestesiada.

Sorprende por otro lado ver las reacciones de los partidos políticos ante las movilizaciones y peticiones de quienes están protestando contra la existencia de este impuesto. Por un lado, encontramos las esperadas posiciones demagógicas de quienes pretenden justificar la existencia de este impuesto, no en base a la racionalidad de lo que se grava, sino en función del nivel de renta y valor de lo transmitido. Por otro, las reacciones de partidos políticos que gobiernan en ciertas Comunidades intentan aparecer como adalides en la lucha en contra del mismo cuando tan solo plantean una mayor o menor bonificación de la cuota. Por último, otros callan ante la realidad de que su propuesta de armonización no suponía más que un incremento del mismo y por tanto un aumento de la carga fiscal a muchos españoles.

España, es en términos de recaudación sobre el PIB, el cuarto país de la OCDE que más impuestos cobra a las herencias y transmisiones de patrimonio. La recaudación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estimada para el ejercicio 2016 asciende a 2.900 millones de euros, habiéndose mantenido, en la última década, en una media de 2.500 millones de euros.

Conocidas las cifras, lo verdaderamente importante es determinar si estamos ante un impuesto “justo” para lo que debemos tener en cuenta los siguientes argumentos.

1. Es un impuesto que perjudica a las familias al privar a los herederos de una parte de los frutos del esfuerzo de quien ha ahorrado e invertido pensando en mejorar la vida de los mismos.

2. Implica volver a pagar sobre bienes que ya han tributado durante años.

3. Porque supone gravar el mero hecho de fallecer.

4. Da lugar a la existencia de casos en los que los herederos renuncian a la herencia al no poder hacer frente al pago del mismo, el cual debe hacerse antes de tener la posibilidad de vender los bienes heredados.

5. Penaliza el ahorro y la inversión juiciosa realizada durante años por el transmitente.

En mi opinión, estamos ante un impuesto “injusto” y ante ello la única posición debe ser la de proponer su eliminación.

Pero no debemos quedarnos tan solo en la propuesta para su eliminación, hemos de reclamar que se lleve a cabo un análisis completo de la eficiencia y racionalidad de la estructura actual del Estado y de la necesidad de mantener unas administraciones autonómicas que son fuente de ineficiencia, desigualdad, duplicidad y despilfarro.

Esta es mi opinión.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer
Vicesecretario del Consejo Político de Vox

Convicciones para un sistema impositivo justo

Es un síntoma de normalidad democrática la existencia de numerosas opciones políticas que permitan a los ciudadanos poder elegir aquella que mejor representa sus propias convicciones y de madurez que los ciudadanos actúen de acuerdo a ellas.

Asombra verdaderamente observar cómo, ante un proceso de toma de decisiones,  todo aquello que es fundamental en asuntos que nos afectan personalmente, deja de serlo cuando se trata de elegir a nuestros representantes políticos. Nos olvidamos de promesas incumplidas, de abandono de principios, de la apatía en la toma de decisiones.   

Debemos ser capaces de discernir la sinceridad de las propuestas y para ello es importante conocer los valores sobre los que se asientan. Es básico conocer si una propuesta es resultado natural de las convicciones y posiciones ideológicas de un partido, o por el contrario es la consecuencia de movimientos advenedizos de quién no tiene firmes valores que lo sustenten.

La pregunta es la siguiente: ¿Cuáles serían las convicciones sobre las que asentar unas propuestas en materia fiscal? Podemos destacar las siguientes:

1.- Reducir o eliminar impuestos para aumentar la renta disponible de los ciudadanos y de las empresas. En una economía dinámica el empleo los crea el sector privado. Por ello es básico considerar una reducción de la carga fiscal de las empresas, el fomento de la innovación empresarial y el impulso a medidas que supongan incremento de la plantilla.

2.- Protección de la familia. El apoyo a las familias debe articularse en medidas que reduzcan su carga fiscal, especialmente para familias numerosas, y favorezcan la conciliación de la vida personal y profesional. Aumentar los mínimos exentos por descendientes y ascendientes a cargo de la unidad familiar y aplicar tipos de IVA súper reducidos a ciertos artículos (como los pañales).

3.- Los impuestos deben tener un marcado carácter social en la defensa de los colectivos más desfavorecidos. Mediante la reducción de tipos impositivos y elevación del mínimo personal exento, favoreciendo a quienes menores ingresos perciben.

4.- Responsabilidad en la gestión de los fondos recaudados por los impuestos. Los fondos recaudados deben utilizarse para cubrir las necesidades de los ciudadanos y no para mantener estructuras burocráticas ineficientes ni para mantener la influencia política a través de otorgar generosas subvenciones a entidades que deberían mantenerse por sí mismas.

5.- Las leyes y normas fiscales deben ser:

- Sencillas. Debemos perseguir liquidaciones de impuestos sencillas que no ocupen más de dos folios.

- Homogéneas en todo el territorio nacional. No tiene cabida en un país de ciudadanos iguales el mantenimiento de normativas forales ni la disparidad en la fijación de tributos propios por las Comunidades Autónomas.

- Aplicables en todos los casos de la misma forma, no sujeta a interpretaciones, o albedríos.

- Confiables. No es de recibo que normas que se introdujeron con carácter excepcional se conviertan en definitivas ni que se aprueben normas con carácter retroactivo.

- Previsibles evitando modificaciones inesperadas con impacto en las decisiones de ciudadanos y empresas.

6.- Evitar la doble tributación. No es de recibo la existencia de tributos como el Impuesto sobre Sucesiones que grave rendimientos que ya han contribuido a las arcas públicas.

7.- Atención con quienes han contribuido durante su vida laboral al sostenimiento del Estado.  Es de ley reconocer la importancia que han tenido las personas jubiladas en el sostenimiento de familias azotadas por el paro, permitiéndolas disponer de la totalidad de la pensión recibida. Las pensiones deben de estar exentas de tributar en el IRPF.

8.- Fomentar la creación de empleo en el país. Si pensamos que quienes verdaderamente crean empleo son las empresas privadas, fomentemos también la contratación apoyando fiscalmente a empresas que aumentan su plantilla de trabajadores en el país.

Son las bases sobre las que asentar toda propuesta de búsqueda de un sistema fiscal justo, que proteja a familias y colectivos desfavorecidos, fomente la creación de empleo y la generación de riqueza.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

En economía también importan los valores

En Política, como en otros ámbitos, la sinceridad en nuestras acciones está directamente relacionada con la fortaleza de nuestras convicciones. Curiosamente en el panorama político actual la defensa de valores y principios se considera actitudes del pasado mientras que la búsqueda de un centrismo tecnócrata y progresista sirve de guía de actuación de partidos que dicen representar a aquella parte de la sociedad española que no se identifica ni con los postulados de la izquierda y mucho menos con los del totalitarismo igualitario populista.

En nuestra vida, todos tendemos a alejarnos de quienes no actúan con sinceridad y tan solo buscan su propio interés. En Política no debe ser diferente y ello debe suponer un acicate importante para perseverar en el compromiso con opciones políticas que hacen de la defensa de los valores su principal motivo de existencia.

Son los valores y convicciones los que fundamentan las propuestas políticas.

La pregunta es la siguiente: ¿Cuáles serían las convicciones sobre las que asentar unas propuestas económicas? Podemos destacar las siguientes:

1.- Las economías que crecen en un mercado libre son las que generan más riqueza y bienestar al conjunto de la sociedad.

2.- Para que un mercado sea libre, debe existir una regulación mercantil que sea:

- Sencilla

- Conocida, previsible - que ofrezca seguridad jurídica

- Homogénea en todo el territorio que abarca el mercado

- Aplicada en todos los casos de la misma forma, no sujeta a interpretaciones, o albedríos

3.- La iniciativa económica la debe llevar el sector privado. El empleo, en un economía libre, eficiente y dinámica, lo crea el sector privado. Hablamos de tomar medidas que devuelvan el dinero y la iniciativa a los que mejor han gestionado la crisis, a los que generan valor y crecimiento: a las familias y a las empresas.

4.- La función del sector público es crear las condiciones adecuadas para que el sector privado se desarrolle de forma libre, vigilar que la regulación existente se respete, e intervenir sólo donde sea verdaderamente necesario y mientras no llegue el sector privado por sí solo. Las intervenciones del Estado deben ser vigiladas en todo momento para evitar su natural tentación de crecer y ocupar parcelas que no le pertenecen.

5.- El sector público debe ser lo más pequeño y eficiente posible; el sistema fiscal debe promover un nivel de recaudación suficiente para sostener un sistema público eficiente y redistribuir rentas de manera justa, sin llegar a ser nunca desincentivador de la actividad económica.

6.- El Estado del bienestar es un logro irrenunciable que se percibe incluso como un conjunto de derechos. Ahora bien, debemos redefinir el ámbito de actuación del Estado del bienestar, precisamente para garantizar su pervivencia. El mejor Estado del bienestar no es el que más prestaciones reparte, sino el que con más responsabilidad las concede, y a la vez, genera más condiciones para que menos personas las necesiten.

7.- Debemos trabajar para fomentar el espíritu emprendedor, en mejorar la imagen del empresario, en celebrar el éxito ajeno por sus favorables consecuencias para la sociedad, en presentar modelos de éxito empresarial, y en reducir la dependencia del Estado de individuos que no lo necesitan.

8.- Pensar en la formación y cualificación de los trabajadores. El Estado ha de favorecer una formación de calidad y práctica que permita adaptarse a los cambios del entorno económico y las nuevas necesidades derivadas de las nuevas tecnologías. Se debe facilitar la puesta en marcha de políticas activas de empleo, medidas de retención de talento y poner las bases para fomentar la investigación y la innovación.

9.- Un Estado responsable debe ser consciente de la situación del país. Las decisiones en materias tales como prestaciones sociales, empleo o inmigración deben ser tomadas pensando prioritariamente en los ciudadanos del país. En escenarios de escasez de recursos hay que priorizar. Es infantil pensar que los recursos son ilimitados y que podemos acometer todas las acciones que nos gustaría.

10.- Legislar pensando en sus ciudadanos, su presente y su futuro. Esta idea deberá ser premisa básica a la hora de acometer los retos que plantea el entorno económico y los acuerdos y compromisos del nuestro país.

Sobre estas convicciones debemos basar nuestras propuestas. Unas propuestas que buscan un Estado eficiente, donde los recursos públicos se dediquen a atender a quienes verdaderamente lo necesitan y donde la búsqueda del bienestar presente y futuro de los ciudadanos debe ser su principal objetivo.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

Hay que reducir el Impuesto sobre Sociedades

Se ha anunciado por parte del electo Presidente de EEUU, Donald Trump, y por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, una importante reducción de tipo del impuesto de sociedades que pretenden situar en el 15% en sus países. Esta propuesta se encuadra dentro del paquete de medidas previstas con el objetivo de potenciar el crecimiento económico, apostar por la iniciativa privada y, en el caso del Reino Unido, evitar la salida de empresas que pudiera acontecer como consecuencia del Brexit.

Creo que está fuera de toda duda que el Presidente Trump llevará a cabo una reducción importante del Impuesto sobre Sociedades y que continuará, ante la incredulidad del Partido Popular, cumpliendo lo prometido en la campaña electoral. Es así mismo indudable que esta reducción impositiva dará a las economías de EEUU y Reino Unido una ventaja competitiva a las empresas que tributen en los mismos que, según parece, los países de la Unión Europea (salvo excepciones) no piensan imitar.

En España, donde parece que nuestra mayor preocupación es criticar a Donal Trump, se nos llena la boca hablando de populismo. No obstante olvidamos el término cuando oímos al Ministro Cristóbal Montoro afirmando que no se van a subir los impuestos a los ciudadanos y que su objetivo es aumentar la recaudación tributaria  través del Impuesto sobre Sociedades.

Que paguen las grandes empresas y no los ciudadanos. ¿Cabe más populismo fiscal que esta afirmación?

Quizá se piense que reducir el IRPF da votos y en cambio, reducir el de Sociedades no consigue muchos, al fin y al cabo la mayor parte de la población cree que la reducción del Impuesto de Sociedades no les beneficia. Es un impuesto que deben pagar las empresas, es decir, los ricos. Craso error.

Es importante señalar que los impuestos los soportan en última instancia las personas, no las empresas. La carga del impuesto de sociedades se distribuye entre los propietarios del capital, los consumidores y los trabajadores. El desplazamiento de la carga hacia los trabajadores se produce porque cuanto mayor es el impuesto sobre el beneficio, menor es la inversión empresarial, y por lo tanto menos crece la dotación de capital por trabajador, el determinante fundamental de la productividad y los salarios reales.

Una reducción del Impuesto sobre Sociedades supondrá una mejora de la inversión empresarial, favorecerá la localización de empresas que buscan minimizar su coste fiscal y afectará positivamente a los flujos de efectivo esperados, todo lo cual facilitará la apuesta de las empresas por el crecimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Reducir el Impuesto sobre Sociedades favorece la inversión y la creación de empleo, supone un aumento de la productividad de las empresas y beneficia su competitividad.

Dice Daniel Lacalle que las empresas no deben ser vistas como cajeros sino como generadoras de empleo, crecimiento e inversión. Pensemos en el efecto positivo que sobre la recaudación tendría un mayor crecimiento económico y la aceleración en la creación de empleo.

Apostemos por el crecimiento, el empleo y la competitividad de las empresas españolas. Reduzcamos el Impuesto sobre Sociedades.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX