Sorprende por otro lado ver las reacciones de los partidos políticos ante las movilizaciones y peticiones de quienes están protestando contra la existencia de este impuesto. Por un lado, encontramos las esperadas posiciones demagógicas de quienes pretenden justificar la existencia de este impuesto, no en base a la racionalidad de lo que se grava, sino en función del nivel de renta y valor de lo transmitido. Por otro, las reacciones de partidos políticos que gobiernan en ciertas Comunidades intentan aparecer como adalides en la lucha en contra del mismo cuando tan solo plantean una mayor o menor bonificación de la cuota. Por último, otros callan ante la realidad de que su propuesta de armonización no suponía más que un incremento del mismo y por tanto un aumento de la carga fiscal a muchos españoles.
España, es en términos de recaudación sobre el PIB, el cuarto país de la OCDE que más impuestos cobra a las herencias y transmisiones de patrimonio. La recaudación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estimada para el ejercicio 2016 asciende a 2.900 millones de euros, habiéndose mantenido, en la última década, en una media de 2.500 millones de euros.
Conocidas las cifras, lo verdaderamente importante es determinar si estamos ante un impuesto “justo” para lo que debemos tener en cuenta los siguientes argumentos.
1. Es un impuesto que perjudica a las familias al privar a los herederos de una parte de los frutos del esfuerzo de quien ha ahorrado e invertido pensando en mejorar la vida de los mismos.
2. Implica volver a pagar sobre bienes que ya han tributado durante años.
3. Porque supone gravar el mero hecho de fallecer.
4. Da lugar a la existencia de casos en los que los herederos renuncian a la herencia al no poder hacer frente al pago del mismo, el cual debe hacerse antes de tener la posibilidad de vender los bienes heredados.
5. Penaliza el ahorro y la inversión juiciosa realizada durante años por el transmitente.
En mi opinión, estamos ante un impuesto “injusto” y ante ello la única posición debe ser la de proponer su eliminación.
Pero no debemos quedarnos tan solo en la propuesta para su eliminación, hemos de reclamar que se lleve a cabo un análisis completo de la eficiencia y racionalidad de la estructura actual del Estado y de la necesidad de mantener unas administraciones autonómicas que son fuente de ineficiencia, desigualdad, duplicidad y despilfarro.
Esta es mi opinión.
Pablo Sáez Alonso-Muñumer
Vicesecretario del Consejo Político de Vox
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