APUNTES SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Es opinión compartida que la financiación de las Comunidades Autónomas va a ser una de las asignaturas de mayor calado para la próxima legislatura. El cambio, aunque sea parcial, del modelo de financiación se encuentra en las agendas de todas las formaciones políticas quienes no son capaces (o no quieren) explicar las líneas maestras de sus propuestas ni mucho menos el impacto de las mismas.

La normativa básica aplicable a las Comunidades Autónomas de Régimen Común se recoge en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, acomete las reformas que no requieren el rango de Ley Orgánica, complementando así a la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El modelo de financiación de autonómico descansa sobre la base de tres pilares:

• Impuestos compartidos: son aquellos que en Estado recauda pero parte de lo recaudado va para las Comunidades Autónomas. Son tres: IRPF (comparten al 50%, en líneas generales), IVA (comparten al 50%) y especiales (las Comunidades se quedan el 58% de lo recaudado). Hay que mencionar que las Comunidades tienen capacidad para aumentar el IRPF y de hecho algunas lo han aumentado como es el caso de Cataluña.
   
• Impuestos cedidos. Aquí nos encontramos con patrimonio, sucesiones, donaciones, Actos Jurídicos Documentados (AJD) e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
   
•  Fondos. Sirven para compensar la diferencia entre lo que recauda una Comunidad y lo que en teoría debería gastar. Son tres.
   
  • El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales tiene por objeto asegurar que cada autonomía recibe los mismos recursos por habitante para financiar los mismos servicios públicos
     
  • El Fondo de Suficiencia Global cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de las autonomías y lo que reciben por los tributos cedidos más el fondo de garantía.
     
  • El fondo de Convergencia Autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las Comunidades Autónomas. Está compuesto por el Fondo de Competitividad (que intenta reducir la desigual financiación de cada Comunidad per cápita) y el de Cooperación (que favorece a las Comunidades con menor PIB per cápita, mayor dispersión de población y menor crecimiento de población).

Su funcionamiento en gran parte (caso de los Impuestos compartidos y fondos) se basa en entregas a cuenta. Esto implica que el Estado paga a las CCAA en función de estimaciones y posteriormente (a los dos años) se determina lo que realmente deberían haber recibido y se hace una liquidación. Cuando las liquidaciones son positivas para las Comunidades no hay problema, pero cuando son negativas se producen descuadres importantes de las cuentas. Estas entregas a cuenta han constituido un instrumento político muy importante y han contribuido agravar el problema del déficit de las cuentas públicas.

 

ENTREGAS A CUENTA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN EN EL AÑO 2016

Comunidades Autónomas

millones de euros

 

Fondo de Suficiencia Global Positivo	3.894,02
Fondo de Suficiencia Global Negativo	-2.841,23
Aportación del Estado al Fondo de Garantía	8.556,83
Tributos cedidos sujetos a liquidación	77.144,58
- IRPF	34.028,09
- IVA	30.704,87
- IIEE	12.411,62
TOTAL ENTREGAS A CUENTA	86.754,20

Nota: Los importes con signo positivo son a favor de las CC. AA., los de signo negativo son a favor del Estado.

 

Definido el marco actual existente, la reforma del sistema de financiación puede seguir dos caminos, definidos claramente por el modelo de Estado que se pretende:

1. Si el modelo de Estado al que se aspira pretende profundizar el modelo autonómico, es claro que la reforma seguirá el camino de ceder más impuestos a las Comunidades Autónomas, lo que les permite mayor independencia en su gestión, aunque también se pueda optar por seguir dotando de mayores recursos los fondos existentes. Es posible que sucedan ambas cosas ya que cabe recordar que el Fondo de Suficiencia se creó con el propósito de respetar el volumen de recursos de cada CCAA antes de la reforma del 2009.

En este marco se encuadran tanto la propuesta lanzada por el ministro José Manuel García-Margallo como aquellas voces que proponen que se aplique en Cataluña un sistema parecido al cupo vasco. Otros partidos se lanzan a proponer la solución del federalismo sin entrar a valorar en que se concreta, tanto política como económicamente tal propuesta, ni son capaces de explicar cómo concretarían su propuesta.

1. Si el modelo de Estado que se propone se basa en un fortalecimiento del Estado Central y la recuperación de competencias cedidas a las Comunidades Autónomas (urgente en aquellas referentes a Educación, Sanidad y Justicia), la reforma se centrará en buscar una optimización en la financiación de los servicios, aprovechamiento de sinergias y la oportunidad de reducir estructuras duplicadas entre las diversas administraciones.
    
   Se podrá, así mismo, realizar un análisis de la racionalidad de diversos impuestos actualmente cedidos a las CCAA, que suponen una clara doble tributación y que diversos partidos, en lugar de proponer su eliminación, proponen su armonización en todo el territorio nacional.

El camino se debe iniciar siguiendo esta segunda vía. El objetivo no es traspasar estructuras elefantiásicas de las CCAA al Estado Central, el propósito es unificar para racionalizar y buscar la eficiencia. Una racionalización que se base en los siguientes pilares:

1. La propuesta de una descentralización administrativa que se base en las entidades locales autónomas, los Municipios. Una autonomía municipal profundamente arraigada en la sociedad española a partir de la cual se genera nuestra estructura territorial propiamente constitucional.
    
2. La reducción del peso del Estado eliminando gasto político superfluo y redundante. Un Estado eficiente conllevará una menor necesidad de financiación sin mermar el gasto social.
    
3. El firme convencimiento del impacto positivo en el crecimiento económico derivado de la mayor disponibilidad de recursos por parte de los ciudadanos consecuencia de la reducción de la carga fiscal.
    
4. La plena confianza en que deben ser los ciudadanos los principales gestores de sus recursos. Decía Abraham Lincoln “Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia”. Son los individuos quienes en uso de su libertad, deben ser los actores principales de sus decisiones.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer