martes, 3 de noviembre de 2015

POR UN SISTEMA DE PENSIONES SOSTENIBLE




Todos los sistemas de pensiones son formas de ahorro que, en esencia, nos obligan a reducir nuestro consumo durante nuestra vida laboral para consumir más a la terminación de la misma. Una misma esencia que comparten tanto el sistema de reparto como el de capitalización, cuya diferencia estriba en la forma de su financiación.


En el sistema de reparto, la pensión de cada persona se financia en parte con las aportaciones de los trabajadores en activo y el Estado, que van a un fondo común con el cual se financian las mismas. En el sistema de capitalización, cada trabajador dispone de una cuenta donde se depositan sus aportaciones las cuales se capitalizan a lo largo de la vida activa del trabajador  y tras la jubilación se irá percibiendo el capital acumulado.


Cualquier valoración sobre la sostenibilidad del sistema debe partir de un análisis de la estructura poblacional existente y su previsible evolución durante los próximos años y décadas. Es preocupante observar como las llamadas de atención, a la vista de la evolución prevista de la mencionada estructura poblacional, caen en saco roto en un acto de una irresponsabilidad política grave de quienes tienen como obligación pensar en las próximas generaciones en lugar de las próximas elecciones.


Es importante, como hemos mencionado, no perder de vista los datos siguientes:


1980
2012
2050
Población menor de 20 años
36,0%
20,9%
20,0%
Población entre 21 y 65 años
53,5%
62,6%
49,3%
Población mayor de 65 años
10,5%
16,5%
30,7%
100,0%
100,0%
100,0%


 


Creo que nadie puede negar, a la vista de los datos demográficos, que el sistema de reparto, definido como actualmente está establecido, es absolutamente insostenible. Pensemos que en el año 2050 la población mayor de 65 años prácticamente duplicará a la existente en 2012 y en el ratio de persona en edad de trabajar sobre ciudadanos mayores de 65 años.


Los datos nos llevan avisando ya desde hace tiempo, pero conviene recordar como en 2010 las cotizaciones sociales de los trabajadores ocupados ya fueron insuficientes para pagar las pensiones contributivas, el déficit registrado en 2014 de 13.348 millones de euros o el continuado descenso del Fondo de Reserva de las pensiones.


Las reformas de los años 2011 y 2013 introdujeron medias que no solucionan el problema, tan solo lo aplazan unos años. Debemos exigir, como ciudadanos, una información veraz y completa sobre las medidas, explicaciones sobre su impacto y detalles sobre los cálculos realizados. A este respecto, resulta curioso observar las explicaciones dadas por el PP acerca del Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, dos medidas que suponen una clara reducción de las pensiones.


Debemos por tanto plantear de forma urgente medidas que se fundamenten en la consecución de los siguientes objetivos:


  • Universalidad. Incluyendo a todos los trabajadores del territorio y limitando tratamientos diferenciados.
  • Contributividad. Se deben tener en cuenta las aportaciones realizadas durante toda la vida laboral del trabajador y tratar por igual todas las aportaciones con independencia del momento y cuantía en la que se realizan.
  • Flexibilidad, mediante la liberalización de la edad de jubilación y ajustando las cuantías de las pensiones en función del momento elegido para jubilarse. Debe permitir que la decisión de jubilarse sea reversible y analizar la posibilidad de compatibilización con percibir rentas salariales.
  • Progresividad, con tipos de cotización bajos pero eliminando los topes.


Planteados estos objetivos y tomadas las medidas necesarias para alcanzarlos, debemos dar un paso más y preguntarnos por el modelo de sistema al que aspiramos. En mi opinión, un sistema mixto de capitalización y reparto, ofrece la mejor garantía de cumplimiento de los principios en los que se debe sustentar todo modelo. Estos principios son los siguientes:


  • Solidaridad.
  • Libertad de gestión
  • Propiedad de las aportaciones


La solidaridad que supone la obligación de garantizar una pensión mínima a quienes no han podido ahorrar y evitar de esta forma que caigan en la indigencia.


La libertad de gestión que implica:


  • Libertad para decidir dónde invertir sus aportaciones y para tratar de aprovechar las oportunidades que ofrecen los mejores sistemas de capitalización, los cuales combinan rentabilidades altas con costes de gestión bajos, diversifican geográficamente sus inversiones, permiten el rescate parcial de los fondos en determinadas circunstancias y garantizan unas cuantías mínimas para sus anualidades.
     
  • Libertad para decidir la cuantía a aportar para su capitalización. Resultaría sorprendente comprobar el fondo que se generaría y que podríamos recuperar, si durante nuestra vida laboral aportáramos a estos fondos, una cuantía similar a la actualmente dedicada a sostener el actual sistema. Hablamos de disponer, a la fecha de jubilación,  de un importante fondo  y de la posibilidad de disponer de una pensión muy superior a la actual.


La propiedad de las aportaciones que lleva consigo:


  • Mantener los fondos a salvo de decisiones políticas que son tomadas de espaldas a las opiniones y, en ocasiones, necesidades de los ciudadanos. Decisiones políticas de quienes confunden la esfera pública de la privada.
     
  • Garantizar el derecho de los familiares a heredar el fondo constituido en caso de fallecimiento. Hablamos de apostar por mejorar la vida de las familias ya que con esta medida podrán disfrutar de una vida que ahora se les antoja imposible.


Queremos en fin, construir un sistema que apueste por la libertad del individuo permitiéndole también retrasar su edad de jubilación y, por tanto, aprovechar su talento y experiencia. Un uso de la libertad que le permita poner en valor su ahorro privado voluntario para la jubilación.


Son los principios la clave para la elaboración de propuestas y la realidad la que nos indica la posibilidad de aplicarlos. La realidad del sistema actual nos convence de la necesidad de su reforma y los principios nos indican el modelo que buscamos. Un modelo sostenible en el que los ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, puedan gestionar su jubilación y les permita rentabilizar los fondos aportados durante su vida laboral.


Esta es mi opinión


 
Pablo Sáez Alonso-Muñumer







miércoles, 7 de octubre de 2015

APUNTES SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA


Es opinión compartida que la financiación de las Comunidades Autónomas va a ser una de las asignaturas de mayor calado para la próxima legislatura. El cambio, aunque sea parcial, del modelo de financiación se encuentra en las agendas de todas las formaciones políticas quienes no son capaces (o no quieren) explicar las líneas maestras de sus propuestas ni mucho menos el impacto de las mismas.

La normativa básica aplicable a las Comunidades Autónomas de Régimen Común se recoge en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, acomete las reformas que no requieren el rango de Ley Orgánica, complementando así a la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El modelo de financiación de autonómico descansa sobre la base de tres pilares:

  • Impuestos compartidos: son aquellos que en Estado recauda pero parte de lo recaudado va para las Comunidades Autónomas. Son tres: IRPF (comparten al 50%, en líneas generales), IVA (comparten al 50%) y especiales (las Comunidades se quedan el 58% de lo recaudado). Hay que mencionar que las Comunidades tienen capacidad para aumentar el IRPF y de hecho algunas lo han aumentado como es el caso de Cataluña.
     
  • Impuestos cedidos. Aquí nos encontramos con patrimonio, sucesiones, donaciones, Actos Jurídicos Documentados (AJD) e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
     
  •  Fondos. Sirven para compensar la diferencia entre lo que recauda una Comunidad y lo que en teoría debería gastar. Son tres.
     
    • El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales tiene por objeto asegurar que cada autonomía recibe los mismos recursos por habitante para financiar los mismos servicios públicos
       
    • El Fondo de Suficiencia Global cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de las autonomías y lo que reciben por los tributos cedidos más el fondo de garantía.
       
    • El fondo de Convergencia Autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las Comunidades Autónomas. Está compuesto por el Fondo de Competitividad (que intenta reducir la desigual financiación de cada Comunidad per cápita) y el de Cooperación (que favorece a las Comunidades con menor PIB per cápita, mayor dispersión de población y menor crecimiento de población).

Su funcionamiento en gran parte (caso de los Impuestos compartidos y fondos) se basa en entregas a cuenta. Esto implica que el Estado paga a las CCAA en función de estimaciones y posteriormente (a los dos años) se determina lo que realmente deberían haber recibido y se hace una liquidación. Cuando las liquidaciones son positivas para las Comunidades no hay problema, pero cuando son negativas se producen descuadres importantes de las cuentas. Estas entregas a cuenta han constituido un instrumento político muy importante y han contribuido agravar el problema del déficit de las cuentas públicas.

 

ENTREGAS A CUENTA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN EN EL AÑO 2016


Comunidades Autónomas

millones de euros

 

Cuadro de texto: CONCEPTOS                                                                         Entregas a cuenta

Fondo de Suficiencia Global Positivo
3.894,02
Fondo de Suficiencia Global Negativo
-2.841,23
Aportación del Estado al Fondo de Garantía
8.556,83
Tributos cedidos sujetos a liquidación
77.144,58
- IRPF
34.028,09
- IVA
30.704,87
- IIEE
12.411,62
TOTAL ENTREGAS A CUENTA
86.754,20

Nota: Los importes con signo positivo son a favor de las CC. AA., los de signo negativo son a favor del Estado.


 

Definido el marco actual existente, la reforma del sistema de financiación puede seguir dos caminos, definidos claramente por el modelo de Estado que se pretende:

  1. Si el modelo de Estado al que se aspira pretende profundizar el modelo autonómico, es claro que la reforma seguirá el camino de ceder más impuestos a las Comunidades Autónomas, lo que les permite mayor independencia en su gestión, aunque también se pueda optar por seguir dotando de mayores recursos los fondos existentes. Es posible que sucedan ambas cosas ya que cabe recordar que el Fondo de Suficiencia se creó con el propósito de respetar el volumen de recursos de cada CCAA antes de la reforma del 2009.

En este marco se encuadran tanto la propuesta lanzada por el ministro José Manuel García-Margallo como aquellas voces que proponen que se aplique en Cataluña un sistema parecido al cupo vasco. Otros partidos se lanzan a proponer la solución del federalismo sin entrar a valorar en que se concreta, tanto política como económicamente tal propuesta, ni son capaces de explicar cómo concretarían su propuesta.

  1. Si el modelo de Estado que se propone se basa en un fortalecimiento del Estado Central y la recuperación de competencias cedidas a las Comunidades Autónomas (urgente en aquellas referentes a Educación, Sanidad y Justicia), la reforma se centrará en buscar una optimización en la financiación de los servicios, aprovechamiento de sinergias y la oportunidad de reducir estructuras duplicadas entre las diversas administraciones.
     
    Se podrá, así mismo, realizar un análisis de la racionalidad de diversos impuestos actualmente cedidos a las CCAA, que suponen una clara doble tributación y que diversos partidos, en lugar de proponer su eliminación, proponen su armonización en todo el territorio nacional.

El camino se debe iniciar siguiendo esta segunda vía. El objetivo no es traspasar estructuras elefantiásicas de las CCAA al Estado Central, el propósito es unificar para racionalizar y buscar la eficiencia. Una racionalización que se base en los siguientes pilares:

  1. La propuesta de una descentralización administrativa que se base en las entidades locales autónomas, los Municipios. Una autonomía municipal profundamente arraigada en la sociedad española a partir de la cual se genera nuestra estructura territorial propiamente constitucional.
     
  2. La reducción del peso del Estado eliminando gasto político superfluo y redundante. Un Estado eficiente conllevará una menor necesidad de financiación sin mermar el gasto social.
     
  3. El firme convencimiento del impacto positivo en el crecimiento económico derivado de la mayor disponibilidad de recursos por parte de los ciudadanos consecuencia de la reducción de la carga fiscal.
     
  4. La plena confianza en que deben ser los ciudadanos los principales gestores de sus recursos. Decía Abraham Lincoln “Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia”. Son los individuos quienes en uso de su libertad, deben ser los actores principales de sus decisiones.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

domingo, 13 de septiembre de 2015

LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA Y MARGALLO


Esta semana hemos leído que, en una conferencia en el Foro de la Nueva Economía, el ministro José Manuel García-Margallo, muy cercano colaborador del Presidente Mariano Rajoy, se ha posicionado inequívocamente a favor de cambiar el sistema de financiación de las comunidades autónomas.

Una de las líneas básica de este cambio, por lo comentado por el ministro, consistirá en ceder prácticamente al completo el IRPF a las Comunidades Autónomas  (excepción hecha de lo referente al ahorro y los rendimientos empresariales)  así como impuestos especiales tales como el alcohol y el tabaco.

Representantes del Partido Popular y destacados miembros del Gobierno se apresuraron a desmarcarse de esta opinión y aclarar que el mencionado ministro hablaba a título personal.

Lo disparatado de la propuesta supuso una rápida reacción de del partido en el Gobierno, y se agradece. No obstante el objetivo de cambio del sistema de financiación sigue en la agenda de muchos partidos y entre ellos, el PP. Sabido esto me gustaría conocer las líneas maestras de sus propuestas y un completo análisis de todos los impactos de los cambios que las mismas supondrían.

Soy un firme partidario de cambiar el sistema de financiación, pero este cambio debe tener como base y fundamento el modelo de Estado que se destina a financiar. Hasta ahora hemos asistido a un proceso continuo de transferencia de fondos a las Administraciones Territoriales quienes gestionarán directamente, según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, el 47,5% de los ingresos tributarios del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (ver Tabla 1) así como el 50% de los ingresos por Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el 60,5% de los impuestos especiales (ver tabla 2).

Tabla 1: INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES Y DEL ESTADO

2015-2016

millones de euros

Capítulos

Presupuesto    Avance de liquidación     Presupuesto inicial                                     

inicial                         2015                                 2016                      (%)           (%)          (%)

2015             Estado       Total (*)       Estado       Total (*)     2015 (T)  2016 (E)  2016 (T) Estado                                                                                              (*) (**)        (7)=         (8)=

(1)                   (2)                (3)                (4)                (5)              (6)         (4)/(2)      (5)/(3)

 

Impuesto sobre la Renta de las

Personas Físicas                                      40.215         37.863         71.467         39.610         75.432             -1,6           4,6           5,5

Impuesto sobre Sociedades                    23.577         22.604         22.604         24.868         24.868            20,8         10,0         10,0

Impuesto sobre la Renta de no

Residentes                                                  1.530           1.711           1.711           1.988           1.988            20,5         16,2         16,2

Fiscalidad medioambiental                         1.958           1.764           1.764           1.864           1.864              8,6           5,7           5,7

Otros                                                              164              151              151              151              151           -22,5           0,0           0,0

I. Impuestos directos                             67.444         64.093         97.697         68.481       104.303              3,3           6,8           6,8

 

(*) Antes de descontar las Participaciones de las Administraciones Territoriales en IRPF, IVA e Impuestos Especiales

(**) Avance de Liquidación Total 2015 / Recaudación Total 2014

  

Tabla 2: INGRESOS NO FINANCIEROS TOTALES Y DEL ESTADO

2015-2016

millones de euros

Capítulos

Presupuesto    Avance de liquidación     Presupuesto inicial                                     

inicial                         2015                                 2016                      (%)           (%)          (%)

2015             Estado       Total (*)       Estado       Total (*)     2015 (T)  2016 (E)  2016 (T) Estado                                                                                              (*) (**)        (7)=         (8)=

(1)                   (2)                (3)                (4)                (5)              (6)         (4)/(2)      (5)/(3)

Impuesto sobre el Valor

Añadido                                                     32.529         32.197         59.920         31.334         62.663              6,7          -2,7           4,6

Impuestos Especiales                                 8.092           7.327         19.129           7.923         20.053              0,1           8,1           4,8

Alcohol y bebidas derivadas                 331              320              781              361              810              2,6         12,8           3,7

Cerveza                                                 122              130              302              126              316              3,2          -3,1           4,6

Productos intermedios                               7                  7                20                  8                20              4,4         14,3           0,0

Hidrocarburos                                     4.404           3.363           9.654           3.605         10.375             -0,7           7,2           7,5

Labores del tabaco                            2.945           3.247           6.700           3.236           6.778              0,6          -0,3           1,2

Electricidad                                              43               -30           1.382              297           1.464              0,0               -           5,9

Carn                                                   240              290              290              290              290            10,0           0,0           0,0

Otros                                                           3.536           3.285           3.285           4.220           4.220            11,1         28,5         28,5

II. Impuestos indirectos                         44.156         42.809         82.334         43.476         86.936              5,2           1,6           5,6

 

Si el modelo de Estado que se propone es profundizar en el sistema autonómico, el objetivo de cambiar el sistema de financiación supondrá, y lo veremos, una mayor participación de las Administraciones Territoriales en los ingresos tributarios con el consiguiente impacto en su distribución y por tanto, para cumplir con los objetivos de déficit, en los gastos de todas y cada una de las Administraciones Territoriales. Este aumento de la participación se encuentra en la actualidad con las limitaciones que impone principalmente el elevado nivel de déficit público, el pago de los intereses de la deuda y el elevado nivel de desempleo.

Si por el contrario el modelo de Estado que se defiende parte de la base de la búsqueda de la eficiencia a través de evitar duplicidades, optimizar los gastos, racionalizar las estructuras y recuperación de competencias para el Estado, el sistema de financiación se deberá adecuar a este modelo al requerir los servicios cuya competencia se devuelve al Estado, ingresos con los que financiarse.

Es indudable que la recuperación de competencias por parte del Estado supondrá un ahorro importante de costes al lograr sinergias y evitar duplicidades y este ahorro, permitirá reducir los impuestos a los ciudadanos con el consiguiente impulso al crecimiento económico y la creación de empleo.

La polémica de las declaraciones de ministro ha sido cerrada pero, no nos engañemos, a la vista del modelo de Estado por el que apuesta el PP, volveremos a oír a hablar de cambios en el modelo de financiación en la dirección mencionada por el ministro. Serán otros quienes lo anuncien, seguro, pero no olvidemos que José Manuel García-Margallo es un ministro del Gobierno y una de las personas más cercanas a Mariano Rajoy.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer