Finalmente el ejecutivo comunitario ha estimado las
peticiones del Gobierno de España y no solo no ha impuesto multa alguna por
sobrepasar el límite de déficit público sino que ha acordado prorrogar otros
dos años más el cumplimiento del objetivo de rebajar el mismo por debajo del
3%. La senda de consolidación marcada sitúa los números rojos de las
administraciones públicas en el 4,6% del PIB en 2016, en el 3,1% en 2017 y en
el 2,2% en 2018.
Lejos queda el objetivo marcado en la
Actualización del Programa de
Estabilidad 2012-2015, preparado por el Gobierno del PP, en el cual se estimaba
alcanzar el déficit del 3% en el ejercicio 2013 y un 2,2% para el ejercicio
2014. Tan solo vamos a necesitar cuatro años más (una legislatura) para
alcanzar los objetivos inicialmente previstos, lo que es un claro ejemplo de
ineficacia en la gestión pública.
Estos días hemos leído en numerosos medios de
comunicación, que la reducción del déficit público, del 5,08% del PIB
registrado en 2015 hasta un 2,2% en 2018, va a suponer la necesidad de realizar
ajustes adicionales para alcanzar este objetivo, lo cual sería algo realmente
novedoso. El Ministro de Economía ha afirmado que el Gobierno no ha recibido
presiones para realizar ajustes y creo que a la vista del nuevo cuadro
macroeconómico presentado que servirá de base para la preparación de los
Presupuestos Generales del Estado de 2017, podemos concluir que es cierto.
Lo que llama poderosamente la atención es la
falta de voluntad por parte del Gobierno de aplicar políticas efectivas de
reducción del gasto público superfluo para, aprovechando el crecimiento
económico y su impacto sobre el aumento de la recaudación, lograr el equilibrio
presupuestario.
¿Cómo podemos medir esta falta de voluntad?
Para ello vamos a realizar un sencillo cálculo global
que nos permita saber si el crecimiento de los ingresos públicos asociado al
incremento estimado del PIB para los ejercicios 2016 a 2018 sería suficiente
para absorber el ajuste del déficit acordado con Bruselas.
Para ello, en primer lugar estimamos el PIB para
los próximos tres ejercicios partiendo como base el PIB real del año 2015
(1.081 miles de millones de euros) y los incrementos contemplados del mismo presentados
por el Consejo de Ministros ayer día 29 de julio como parte del cuadro
macroeconómico que servirá de base para la elaboración de los presupuestos de 2017
así como el contemplado para 2018 en el Programa de Estabilidad 2016-2019
preparado por el Gobierno. Si aplicamos los porcentajes acordados de déficit,
obtenemos que, al cierre del ejercicio 2018, el déficit estimado de las
Administraciones Públicas se situaría en 25.665 millones de euros, lo que en
comparación con la cifra de déficit del año 2015 (sin ayudas a la banca),
supondría un ajuste de 29.300 millones de euros.
La primera impresión, a la vista de la cifra
mencionada, puede asustar y llevarnos a considerar la necesidad de realizar un
importante ajuste vía reducción de gastos o incremento de ingresos. No obstante,
antes de proponer cualquier medida deberíamos considerar el impacto del
crecimiento del PIB en los ingresos públicos.
Sabemos que en los últimos años los ingresos
públicos en España han supuesto una media del 38,2% del PIB. A vista de ello, vamos
a estimar cual sería el impacto que el incremento del PIB tendrá en su
crecimiento. Para ello, en base a los PIB incrementados detallados
anteriormente y utilizando como hipótesis que la cifra de ingresos públicos
para el periodo analizado se mantendrá en el mismo porcentaje del 38,2% del
PIB, estimamos la cifra de ingresos públicos que se registraría en el periodo
analizado. El incremento obtenido ascendería a 32.180 millones de euros que es
la diferencia entre la estimación al cierre de 2018 (445.636 millones de euros)
y la cifra real de 2015 (413.456 millones de euros).
Es un cálculo muy global pero indicativo de cómo,
manteniendo constantes los gastos y con las premisa de mantener el porcentaje
de ingresos en 38,2% del PIB, el impacto del crecimiento del PIB sobre los
ingresos públicos (32.180 millones de euros) absorbería la reducción acordada
del déficit público (29.300 millones de euros).
El sentido común y el sentido de Estado aconsejan
aprovechar esta oportunidad para realizar una verdadera reforma estructural de
las Administraciones Públicas eliminando duplicidades e implantando criterios
de eficiencia y razonabilidad.
Esta es mi opinión.
Pablo Sáez
Alonso-Muñumer
Vicesecretario del
Consejo Político de VOX
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