La Comisión Europea ha acordado iniciar el expediente sancionador contra España
por incumplir los objetivos de reducción del déficit público. Creo que, a la
vista del reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España de los
objetivos de déficit presentados en los diferentes Planes de Estabilidad, esta decisión no puede sorprender a nadie.
No obstante la última palabra la tiene el Consejo, en
el que se sientan los Gobiernos de los países miembros. La Comisión puede sugerir
una multa (u otro tipo de medidas) pero la última palabra la tienen los
gobiernos. Recordemos que la multa, en el peor de los casos puede ascender a
casi 2.200 millones de euros (el 0,2% del PIB), y suponer la suspensión de
parte de los fondos estructurales europeos.
En mi opinión, tanto las consideraciones políticas (muy
importantes en un momento crítico para la Unión Europea tras el Brexit) como el
indudable impacto que una multa puede tener sobre el ritmo de crecimiento de
nuestro país, supondrá que veremos la exigencia de medidas adicionales de
reducción del déficit sin concretarse sanción alguna ni impacto sobre los
fondos estructurales.
Las medidas adicionales, ya se apunta por parte de la
Comisión, seguirán un doble camino: la reforma del sector público, que
considera insuficiente, y el sistema de pensiones, que ha generado un cuantioso déficit.
Reforma del sector público
Es desde luego urgente acometer la reforma del sector
público con objeto de mejorar su eficiencia, racionalidad, dimensión y tomar
las medidas para evitar duplicidades entre administraciones. En este punto
siempre me ha llamado mucho la atención como se recomienda desde la Unión
Europea racionalizar mientras las estructuras europeas (que también son sector
público) crecen de forma desaforada sin que los ciudadanos podemos opinar sobre
si estamos de acuerdo con ello.
Lamentablemente en este proceso no se oirá ninguna voz
que diga alto y claro que el verdadero problema de España es de sobresaturación
de administraciones públicas (locales, provinciales, autonómicas, centrales y
europeas). No oiremos decir que una reforma que garantice la existencia de
España como Nación, que garantice la eficiencia de su funcionamiento y que
suponga un verdadero ahorro de gastos políticos, debe centrarse primero en la
recuperación de competencias y luego en la eliminación de las autonomías.
Seguiremos asistiendo al bochornoso espectáculo de un
gobierno incapaz de plantear medidas efectivas de control para garantizar los
objetivos de déficit de las Comunidades Autónomas, inicialmente planteado en el
0,3% del PIB, revisado posteriormente y ampliado al 0,7% y que, según todos los
expertos, va a ser incumplido. Hemos de recordar que en el año 2015 se el
déficit se situó en un 1,66% del PIB frente a un objetivo inicial del 0,7%.
Reforma del sistema de pensiones
Es realmente indicativo de la clase política que
tenemos el divorcio existente entre la comunidad académica y los partidos
políticos con representación parlamentaria en el tema de las pensiones. Frente
al consenso académico que habla de una demografía que ha desbordado en sistema
de reparto, la reducción futura de las pensiones de mantenerse el actual
sistema y la calificar el problema como estructural, lo políticos no escuchan y
se empeñan en cerrar los ojos ante los problemas y calificándolos de
coyunturales.
El gobierno ha elevado el déficit previsto para el
ejercicio 2016 en la Seguridad Social desde un 0,3% del PIB a un 1,1%.
Recordemos que en el ejercicio 2015 el déficit final se situó en el 1,26% del
PIB frente al objetivo del 0,6%.
No obstante el objetivo de déficit del 1,1% es
difícilmente alcanzable teniendo en cuenta que los ingresos por cotizaciones
hasta mayo insinúan ya a las claras un desvío que superará los 16.000 millones
cuando termine el año. Los errores cometidos por los distintos gobiernos a la hora
de calcular los escenarios de ingresos tampoco son algo nuevo. Las previsiones
de recaudación llevan incumpliéndose sistemáticamente desde el año 2009, cuando
el desvío fue superior a los 7.000 millones y es habitual observar
disposiciones del Fondo de Reserva de las Pensiones, el cual se ha reducido de
forma alarmante durante el gobierno popular.
La pregunta es: ¿Cumpliremos el objetivo de déficit revisado previsto del
3,6% para el año 2016?
Con respecto a la Seguridad Social, coincidiendo con las
estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es
probable que déficit suponga entre el 1,5 y el 1,8% del PIB.
Las Comunidades Autónomas seguirán incumpliendo su
objetivo de déficit y probablemente veremos un déficit en torno al 1% del PIB.
Pensemos en que Comunidades como Cataluña, Valencia, Murcia y Extremadura
superaron el 2% en el ejercicio 2015 frente al objetivo del 0,7%.
Las Corporaciones locales, que el año 2015 obtuvieron
un superávit del 0,44%, no parece que se intuyan problemas para alcanzar el
equilibrio presupuestario previsto para este año.
Con respecto a la Administración Central, el objetivo
de déficit para el año 2016 se sitúa en el 1,8% del PIB frente al 2,68%
registrado en 2015. El crecimiento del PIB, incluso superior al previsto para
la revisión de los objetivos de déficit, junto con el impacto de las medidas en
que se concretarán las recomendaciones de la Comisión Europea como consecuencia
de nuestro reiterado incumplimiento de los déficits, deberían implicar una
reducción significativa del déficit de la Administración Central para situarlo
en niveles por debajo del 1,5%.
Esta es mi opinión
Pablo Sáez Alonso-Muñumer
Vicesecretario
del Consejo Político de VOX
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