Falta voluntad para ajustar el déficit público

Finalmente el ejecutivo comunitario ha estimado las peticiones del Gobierno de España y no solo no ha impuesto multa alguna por sobrepasar el límite de déficit público sino que ha acordado prorrogar otros dos años más el cumplimiento del objetivo de rebajar el mismo por debajo del 3%. La senda de consolidación marcada sitúa los números rojos de las administraciones públicas en el 4,6% del PIB en 2016, en el 3,1% en 2017 y en el 2,2% en 2018.

Lejos queda el objetivo marcado en la Actualización del  Programa de Estabilidad 2012-2015, preparado por el Gobierno del PP, en el cual se estimaba alcanzar el déficit del 3% en el ejercicio 2013 y un 2,2% para el ejercicio 2014. Tan solo vamos a necesitar cuatro años más (una legislatura) para alcanzar los objetivos inicialmente previstos, lo que es un claro ejemplo de ineficacia en la gestión pública.

Estos días hemos leído en numerosos medios de comunicación, que la reducción del déficit público, del 5,08% del PIB registrado en 2015 hasta un 2,2% en 2018, va a suponer la necesidad de realizar ajustes adicionales para alcanzar este objetivo, lo cual sería algo realmente novedoso. El Ministro de Economía ha afirmado que el Gobierno no ha recibido presiones para realizar ajustes y creo que a la vista del nuevo cuadro macroeconómico presentado que servirá de base para la preparación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, podemos concluir que es cierto.

Lo que llama poderosamente la atención es la falta de voluntad por parte del Gobierno de aplicar políticas efectivas de reducción del gasto público superfluo para, aprovechando el crecimiento económico y su impacto sobre el aumento de la recaudación, lograr el equilibrio presupuestario.

¿Cómo podemos medir esta falta de voluntad?

Para ello vamos a realizar un sencillo cálculo global que nos permita saber si el crecimiento de los ingresos públicos asociado al incremento estimado del PIB para los ejercicios 2016 a 2018 sería suficiente para absorber el ajuste del déficit acordado con Bruselas.

Para ello, en primer lugar estimamos el PIB para los próximos tres ejercicios partiendo como base el PIB real del año 2015 (1.081 miles de millones de euros) y los incrementos contemplados del mismo presentados por el Consejo de Ministros ayer día 29 de julio como parte del cuadro macroeconómico que servirá de base para la elaboración de los presupuestos de 2017 así como el contemplado para 2018 en el Programa de Estabilidad 2016-2019 preparado por el Gobierno. Si aplicamos los porcentajes acordados de déficit, obtenemos que, al cierre del ejercicio 2018, el déficit estimado de las Administraciones Públicas se situaría en 25.665 millones de euros, lo que en comparación con la cifra de déficit del año 2015 (sin ayudas a la banca), supondría un ajuste de 29.300 millones de euros.

La primera impresión, a la vista de la cifra mencionada, puede asustar y llevarnos a considerar la necesidad de realizar un importante ajuste vía reducción de gastos o incremento de ingresos. No obstante, antes de proponer cualquier medida deberíamos considerar el impacto del crecimiento del PIB en los ingresos públicos.

Sabemos que en los últimos años los ingresos públicos en España han supuesto una media del 38,2% del PIB. A vista de ello, vamos a estimar cual sería el impacto que el incremento del PIB tendrá en su crecimiento. Para ello, en base a los PIB incrementados detallados anteriormente y utilizando como hipótesis que la cifra de ingresos públicos para el periodo analizado se mantendrá en el mismo porcentaje del 38,2% del PIB, estimamos la cifra de ingresos públicos que se registraría en el periodo analizado. El incremento obtenido ascendería a 32.180 millones de euros que es la diferencia entre la estimación al cierre de 2018 (445.636 millones de euros) y la cifra real de 2015 (413.456 millones de euros).

Es un cálculo muy global pero indicativo de cómo, manteniendo constantes los gastos y con las premisa de mantener el porcentaje de ingresos en 38,2% del PIB, el impacto del crecimiento del PIB sobre los ingresos públicos (32.180 millones de euros) absorbería la reducción acordada del déficit público (29.300 millones de euros).

El sentido común y el sentido de Estado aconsejan aprovechar esta oportunidad para realizar una verdadera reforma estructural de las Administraciones Públicas eliminando duplicidades e implantando criterios de eficiencia y razonabilidad.

Esta es mi opinión.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

Déficit Público. Una historia de irresponsables y de sancionadores

La Comisión Europea ha acordado iniciar el expediente sancionador contra España por incumplir los objetivos de reducción del déficit público. Creo que, a la vista del reiterado incumplimiento por parte del Gobierno de España de los objetivos de déficit presentados en los diferentes Planes de Estabilidad,  esta decisión no puede sorprender a nadie.

No obstante la última palabra la tiene el Consejo, en el que se sientan los Gobiernos de los países miembros. La Comisión puede sugerir una multa (u otro tipo de medidas) pero la última palabra la tienen los gobiernos. Recordemos que la multa, en el peor de los casos puede ascender a casi 2.200 millones de euros (el 0,2% del PIB), y suponer la suspensión de parte de los fondos estructurales europeos.

En mi opinión, tanto las consideraciones políticas (muy importantes en un momento crítico para la Unión Europea tras el Brexit) como el indudable impacto que una multa puede tener sobre el ritmo de crecimiento de nuestro país, supondrá que veremos la exigencia de medidas adicionales de reducción del déficit sin concretarse sanción alguna ni impacto sobre los fondos estructurales.

Las medidas adicionales, ya se apunta por parte de la Comisión, seguirán un doble camino: la reforma del sector público, que considera insuficiente, y el sistema de pensiones, que ha generado un cuantioso déficit.

Reforma del sector público

Es desde luego urgente acometer la reforma del sector público con objeto de mejorar su eficiencia, racionalidad, dimensión y tomar las medidas para evitar duplicidades entre administraciones. En este punto siempre me ha llamado mucho la atención como se recomienda desde la Unión Europea racionalizar mientras las estructuras europeas (que también son sector público) crecen de forma desaforada sin que los ciudadanos podemos opinar sobre si estamos de acuerdo con ello.

Lamentablemente en este proceso no se oirá ninguna voz que diga alto y claro que el verdadero problema de España es de sobresaturación de administraciones públicas (locales, provinciales, autonómicas, centrales y europeas). No oiremos decir que una reforma que garantice la existencia de España como Nación, que garantice la eficiencia de su funcionamiento y que suponga un verdadero ahorro de gastos políticos, debe centrarse primero en la recuperación de competencias y luego en la eliminación de las autonomías.

Seguiremos asistiendo al bochornoso espectáculo de un gobierno incapaz de plantear medidas efectivas de control para garantizar los objetivos de déficit de las Comunidades Autónomas, inicialmente planteado en el 0,3% del PIB, revisado posteriormente y ampliado al 0,7% y que, según todos los expertos, va a ser incumplido. Hemos de recordar que en el año 2015 se el déficit se situó en un 1,66% del PIB frente a un objetivo inicial del 0,7%.

Reforma del sistema de pensiones

Es realmente indicativo de la clase política que tenemos el divorcio existente entre la comunidad académica y los partidos políticos con representación parlamentaria en el tema de las pensiones. Frente al consenso académico que habla de una demografía que ha desbordado en sistema de reparto, la reducción futura de las pensiones de mantenerse el actual sistema y la calificar el problema como estructural, lo políticos no escuchan y se empeñan en cerrar los ojos ante los problemas y calificándolos de coyunturales.

El gobierno ha elevado el déficit previsto para el ejercicio 2016 en la Seguridad Social desde un 0,3% del PIB a un 1,1%. Recordemos que en el ejercicio 2015 el déficit final se situó en el 1,26% del PIB frente al objetivo del 0,6%.

No obstante el objetivo de déficit del 1,1% es difícilmente alcanzable teniendo en cuenta que los ingresos por cotizaciones hasta mayo insinúan ya a las claras un desvío que superará los 16.000 millones cuando termine el año. Los errores cometidos por los distintos gobiernos a la hora de calcular los escenarios de ingresos tampoco son algo nuevo. Las previsiones de recaudación llevan incumpliéndose sistemáticamente desde el año 2009, cuando el desvío fue superior a los 7.000 millones y es habitual observar disposiciones del Fondo de Reserva de las Pensiones, el cual se ha reducido de forma alarmante durante el gobierno popular.

La pregunta es: ¿Cumpliremos el objetivo de déficit revisado previsto del 3,6% para el año 2016?

Con respecto a la Seguridad Social, coincidiendo con las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), es probable que déficit suponga entre el 1,5 y el 1,8% del PIB.

Las Comunidades Autónomas seguirán incumpliendo su objetivo de déficit y probablemente veremos un déficit en torno al 1% del PIB. Pensemos en que Comunidades como Cataluña, Valencia, Murcia y Extremadura superaron el 2% en el ejercicio 2015 frente al objetivo del 0,7%.

Las Corporaciones locales, que el año 2015 obtuvieron un superávit del 0,44%, no parece que se intuyan problemas para alcanzar el equilibrio presupuestario previsto para este año.

Con respecto a la Administración Central, el objetivo de déficit para el año 2016 se sitúa en el 1,8% del PIB frente al 2,68% registrado en 2015. El crecimiento del PIB, incluso superior al previsto para la revisión de los objetivos de déficit, junto con el impacto de las medidas en que se concretarán las recomendaciones de la Comisión Europea como consecuencia de nuestro reiterado incumplimiento de los déficits, deberían implicar una reducción significativa del déficit de la Administración Central para situarlo en niveles por debajo del 1,5%.

Esta es mi opinión

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX