Consecuencias del Estado Autonómico

Vaya por delante que estoy completamente de acuerdo que algunos servicios pueden ser mejor administrados o atendidos desde la cercanía y por ello, la búsqueda de la eficiencia en el funcionamiento del Estado supone la necesidad de articular una racional descentralización administrativa. El error consiste en vincular una descentralización eficiente con la fragmentación política, y eso es lo que ha ocurrido en la España de las autonomías.

La descentralización política y la creación del Estado Autonómico nunca fue una prioridad de los españoles. Fue una bienintencionada idea de los políticos de la transición española para intentar integrar a grupúsculos nacionalistas, sobrevalorados entonces en cuanto a su influencia y absolutamente radicales en sus aspiraciones independentistas actualmente (algo se habrá hecho mal).

Piénsalo fríamente….

¿Para qué sirven las Comunidades Autónomas?

Social y culturalmente

-         - Para fomentar la división entre los españoles

-         - Para avivar sentimientos nacionalistas frente a un patriotismo integrador

-         - Para impedir que se pueda estudiar en español en cualquier parte del territorio nacional

-   - Para que en numerosas administraciones públicas prime conocer la lengua propia sobre los conocimientos y la experiencia profesional

-    - Para promover una educación basada en los hechos diferenciales en lugar fomentar lo que compartimos y nos une.

-        - Para sembrar la cultura de agravios comparativos mermando el principio de la solidaridad  

-       - Para marginar a los ciudadanos que piensan diferente provocando, en muchos casos, que abandonen el territorio.

-         - Para empobrecer culturalmente una sociedad al perseguir la disidencia y no promover el debate

-         - Para ofrecer servicios sanitarios diferentes a los españoles según donde residan.

Económicamente

-         - Para subvencionar a los medios de comunicación afines y marginar a los independientes.

-         - Para multiplicar el número de entes y empresas públicas.

-         - Para alcanzar una hiperinflación de normativas (existen más de 65.000 leyes autonómicas).

-      - Para derrochar miles de millones de todos los años en gasto improductivo para los españoles sin consecuencias para los políticos

-          Para subir los impuestos y el endeudamiento de los españoles con objeto de mantener un estado sobredimensionado e ineficaz

-         - Para mantener impuestos diferentes en función del lugar donde vivan.

-         - Para poner el riesgo la unidad del mercado interior.

-         - Para fomentar la proliferación de infraestructuras sin sentido

-         - Para avivar el número de asesores y contratados externos.

-         - Para dificultar la elaboración de una política presupuestaria eficiente y responsable.

-     - Para desaprovechar sinergias que se obtendrían centralizando ciertos servicios (centrales de compra, por ejemplo) que reducirían el gasto público.

Políticamente

-          - Para colocar a políticos y amiguetes en cargos de ninguna utilidad

-         - Para dificultar la administración de justicia.

-          - Para añadir capas de burocracia a un sistema público ya ineficiente de por sí

-          Para crear el caldo de cultivo para los mayores casos de corrupción de la historia de España (Eres, Pujol, Gürtel, Púnica)

-        - Para mantener tensiones con el gobierno del Estado al ser constante el requerimiento de cesión de competencias.

-          - Para fomentar la falta de lealtad institucional.

-          - Para dañar nuestra acción exterior

Para regenerar España hay que implantar un "proyecto sugestivo de vida en común" que tenga como principios básicos cohesionar la Nación, conseguir la eficiencia del Estado, mejorar la calidad de las instituciones, garantizar la cercanía de la gestión pública e impulsar el crecimiento económico en beneficio de todos los españoles, vivan donde vivan.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Diputado de Vox por Valladolid

Vicesecretario Nacional del Consejo Político

Un compromiso con el sector agrario

La vocación de servicio debe ser una de las principales razones que deben guiar el comportamiento de quienes aspiramos a representar a los ciudadanos. Una vocación de servicio que debe estar íntimamente ligada a la responsabilidad y, por tanto, al compromiso de escuchar a los ciudadanos para conocer sus necesidades, proponer soluciones y asumir el compromiso de cumplirlas.

El Mundo Rural siempre ha sido el gran olvidado y en los últimos tiempos observamos con perplejidad cómo se pretende legislar sobre asuntos, que afectan a su modo de vida, de espaldas a los colectivos y asociaciones que forman parte del mismo.

Nuestro país se encuentra dentro de las diez primeras potencias agroalimentarias a nivel mundial. Somos la primera potencia en el sector del aceite de oliva y ocupamos los primeros puestos en producción de vino, exportación de frutas y hortalizas frescas, producción de carne de porcino y somos líderes en acuicultura.

 

El potencial de España es enorme y desde los poderes públicos se deben poner los medios para sean los empresarios agrícolas quienes obtengan la mayor parte del valor añadido derivado de la venta de los productos al consumidor final, potenciando una industria agroalimentaria que debe ganar peso en el PIB español. No olvidemos que la industrias es el sector que mayor empleo inducido genera y además, ejerce un efecto de arrastre al empleo del resto de los sectores.

 

Una industria agroalimentaria fuerte debe estar basada en un sector agrario sólido basado en firmes pilares. Pilares que pasan, entre otros, por la defensa del mantenimiento de la Política Agraria Común (PAC), un Plan Nacional de Gestión del Agua diseñado como parte de un Plan Hidrológico Nacional, la consolidación y mejora de los seguros agrarios, revisar las políticas de “saneamiento ganadero”, la exigencia de los mismos requisitos a los productos importados que a los nacionales y la promoción del consumo de productos nacionales que deben ser adecuadamente etiquetados para su visibilidad por los consumidores.

Fomentar industria agroalimentaria exige la defensa, entre otros, de los siguientes puntos:

1. Modernizar las infraestructuras de los regadíos. Potenciar del uso de las energías renovables para el autoconsumo energético de nuestros regadíos. Adecuar las tarifas de riego a la realidad del sector.
    
2. Fomento de la explotación familiar y de la urgente e imperiosa incorporación de los jóvenes y mujeres a la dirección de la misma. Para ello, y para facilitar la movilidad del mercado de la tierra, se arbitrarán líneas de financiación específicas, analizando bonificaciones fiscales (en IVA e Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados) en la compra de tierras por personas menores de 50 años que se incorporen a la explotación o para aumentar la base territorial de la misma.
    
3. Potenciación y fomento de la Industria Agroalimentaria, con programas especialmente dirigidos a las PYMES de carácter asociativo y familiar, dentro de un Plan de Industrialización Rural que promueva la elaboración de productos tradicionales de calidad, así como la incorporación de mejoras tecnológicas.
    
4. Nuevo impulso al asociacionismo y al Cooperativismo agrarios para la producción, transformación, comercialización y prestación de servicios en común.
    
5. Apoyo en el acceso de los agricultores a financiación para cubrir necesidades de circulante o para acometer proyectos de inversión que permitan mejorar la rentabilidad de las explotaciones o proyectos de industrialización y de esa forma obtener un mayor valor añadido por la venta de sus productos.
    
6. Creación de un Centro Nacional de Investigación Agroalimentaria que diseñe las líneas a seguir en I+D+i a nivel nacional y que absorba a los centros autonómicos existentes hoy día, evitando duplicidades en sus líneas de trabajo y con el fin de conseguir la igualdad de todos los agricultores y ganaderos españoles en el acceso a las transferencias tecnológicas.
    
7. Abaratar la oferta de suelo y corregir sobrevaloraciones a efectos de IBI de las construcciones agrarias. Fomentar la renovación del parque de maquinaria con convocatoria de planes que tengan continuidad y rebajar los impuestos directos del gasóleo agrícola por encarecer los costes de producción.

En Vox seguiremos manteniendo reuniones con Asociaciones y Colectivos del Mundo Rural para escuchar sus necesidades y propuestas en los diferentes ámbitos. Estamos convencidos que hay que dar voz y visibilidad al sector rural español que siempre ha sido el gran olvidado y nos comprometemos a dotar a los colectivos de presencia en aquellos órganos consultivos y administrativos de ámbito nacional y autonómico donde se debatan, regulen y legislen sus actividades.

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Diputado electo de Vox por la provincia de Valladolid

Vicesecretario Nacional del Consejo Político de Vox

El PP. Un partido sin credibilidad

Credibilidad, término que procede del latín “credibilis”, hace referencia a la capacidad de ser creído. No está por tanto ligado al contenido del mensaje que se quiere transmitir, sino a los componentes objetivos que hacen que otras personas crean en dichos contenidos. La cualidad de ser creíble no se gana haciendo un Master ni es algo que se puede comprar, se encuentra principalmente ligada a la capacidad de generar confianza en los demás.

 

Es indudable que la política, como actividad pública, requiere que tanto nuestros representantes como los partidos políticos de los que forman parte, sean creíbles y actúen con honorabilidad. Pero ¿Es realmente esto lo que observamos en la política española?

 

Los partidos políticos deben ser creíbles y actuar con honorabilidad

 

La política, los políticos y los partidos políticos son, en la última encuesta del CIS, el tercer problema para los españoles. No es un hecho puntual, es una constante que se repite desde hace muchos años. Es por tanto un problema mucho más amplio que la falta de confianza en determinados políticos, es un problema de credibilidad de los partidos políticos, pieza básica en el funcionamiento de nuestro sistema democrático.

 

Es verdaderamente difícil engañar a ciudadanos informados sobre la credibilidad de un partido político, como es el Partido Popular, tan solo con declaraciones, olvidando tanto actuaciones pasadas como los hechos que vemos donde gobiernan. Pongamos una serie de ejemplos:

 

Se plantea corregir la excesiva intromisión del Estado en la vida pública y un Estado eficaz pero no se quiere revisar el Estado Autonómico, eliminar duplicidades entre administraciones ni reducir el número de cargos políticos.

 

Se habla de defender a la familia y vemos como en la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP con el apoyo de la nada ideológica que es Ciudadanos, se acepta una moral estatal por encima de la moral privada a través de la intromisión del estado en el ámbito de la familia. Como comenta Alicia Rubio, “el estado sustituye a los padres, protege a los menores de sus propios padres asumiendo funciones que no le corresponden apoderándose de los menores, con siempre ha sido en sueño de los regímenes totalitarios”. Mucho debe la dictadura de la ideología de género al PP.

 

Se promete que se respetará la libertad de elección por parte de los padres de la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos y nos encontramos con la realidad de Galicia, gobernada por el PP, en donde no se respeta ese derecho.

 

Se afirma que la defensa de la unidad de España es objetivo primordial del partido pero ni concreta como garantizarla ni ha demostrado una gestión eficaz para garantizar los derechos de quienes se sienten catalanes y españoles en Cataluña. No olvidemos, hablando de recuperar y volver a los orígenes, que el PP, cuando llegó al poder en el año 1996, no dudó en pactar con partidos independentistas y fue el artífice del traspaso de numerosas competencias a los gobiernos autonómicos.

 

Se afirma que todos los españoles deben tener los mismos derechos con independencia del lugar en que residan y vemos como profesionales no pueden trabajar en ciertas partes de España, existen diferencias en ayudas sociales en función de la Comunidad donde residas, las Comunidades Autónomas legislan aprobando normas y tributos propios, se acepta el privilegio del cupo vasco y así podríamos seguir enumerando ejemplos.

 

Se menciona la defensa de la vida cuando nada se ha hecho para derogar una legislación contraria al derecho a la vida ni tampoco para fomentar la protección del más débil.

 

Se repite que defenderán y defienden con firmeza sus ideas pero no hemos visto firmeza ni interés en derogar una Ley de Memoria Histórica sectaria y parcial que criminaliza opiniones y establece verdades oficiales.

 

No se engañen, la falta de credibilidad no está en el nombre de tal o cual político, sino en el mismo PP.

 

La certeza del abandono de la defensa de valores por parte del PP y el constatar que los partidos políticos priorizan su interés al interés de todos los españoles, nos llevó a muchos a implicarnos en política en un proyecto (ya una realidad ilusionante) como es Vox.

 

La seña de identidad de Vox, a diferencia de los partidos tradicionales, es que son los valores la base de su mensaje, propuestas y funcionamiento. No son algo que olvido y recuerdo en función de cálculos electorales o encuestas del CIS, son su esencia y razón de ser.

 

Esta es mi opinión

 

Pablo Sáez

Vicesecretario Nacional del Consejo Político de Vox

No hemos tenido "Buen Gobierno"

Estamos viviendo unos días de grandes cambios en la vida pública española. Primero triunfa la moción de censura contra el gobierno del Partido Popular (PP) y al poco tiempo asistimos a la marcha de Mariano Rajoy de la presidencia del PP.

Si me gustaría precisar antes que nada, que formo parte de la gran mayoría de los españoles a quienes nos preocupa que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) haya llegado al poder de la mano de quienes quieren destruir España y de quienes están en contra de la libertad individual y la propiedad privada. Formo parte también de esa mayoría de españoles que reclama elecciones cuanto antes para dar voz a todos los españoles.

Dicho lo cual y pese a la incertidumbre ante unas expectativas nada halagüeñas en cuanto a la gobernabilidad de España, no debemos dejar de hacer un análisis objetivo del periodo de seis años y medio de gobierno del PP. Gobierno que en su primera legislatura tuvo mayoría absoluta en el Parlamento así como el gobierno en numerosas autonomías e importantes ayuntamientos. Nos debemos preguntar lo siguiente:

¿Ha existido en España “Buen Gobierno” en estos últimos seis años y medio?

Respondamos a esta pregunta analizando alguno de los valores que un estudio realizado hace algunos años en el marco de la OCDE, marcaba como característicos de un “Buen Gobierno”.

Credibilidad

¿Han tenido credibilidad los gobiernos del PP?

Para responder a esta pregunta conviene recordar el primer Programa de Estabilidad realizado por el PP en 2012 a los pocos meses de llegar al Gobierno y tras conocer la situación real de las cuentas públicas de los gobiernos del PSOE. En él se estimaba lograr un superávit primario (antes del coste de los intereses de la deuda) en 2013 y lograr un déficit público del 1,1% del PIB en 2015. La realidad es que no se logró el superávit primario estimado (ahora se estima que se logrará en 2018) y que el déficit público se situó en el 5.23% del PIB.

Más reciente tenemos el caso de las rotundas afirmaciones del gobierno sobre la necesidad de aplicar el índice de revalorización del 0.25% a las pensiones (ahora ya olvidado) y la entrada en vigor del factor de sostenibilidad (ahora retrasado hasta 2023) como únicos camino para garantizar las pensiones futuras.

Transparencia

¿Han actuado con transparencia los gobiernos del PP?

La transparencia política es la obligación de los gobiernos de dar cuenta a los ciudadanos de todos sus actos, especialmente del uso del dinero público y prevenir así los casos de corrupción.

Creo que la falta de transparencia y de control del dinero público son temas que encontramos constantemente en los medios de comunicación y que está en boca de todos los españoles. Según las sucesivas encuestas del CIS, la corrupción y el fraude son, tras el paro, el segundo problema para los españoles, situándose la clase política en tercer lugar.

Responsabilidad

¿Han gobernado con responsabilidad los gobiernos del PP?

Responsabilidad en política significa gobernar conociendo las consecuencias sobre los ciudadanos de las decisiones tomadas.

Responsabilidad no es incrementar la deuda pública de España en 401 mil millones de euros desde el 2011 en lugar de haber desmantelado un estado autonómico caro e ineficiente. Recordemos que la deuda pública (PDE) en 2011 ascendía a 743 mil millones de euros (69,5% del PIB), mientras, en diciembre de 2017, había subido a 1.144 mil millones de € (98.3% del PIB).

Imagínense lo que ocurrirá con las cuentas públicas en caso de una subida de los tipos de interés. Recuerden que el coste de los gastos financieros en los PGE del 2018, en un escenario de tipos bajos de interés, asciende a más de 31.547 millones de euros.

Responsabilidad no es trasladar aumentos de impuestos a las generaciones futuras (que no es más que eso aumentar la deuda) en un contexto de envejecimiento de la población y de aumento de la esperanza de vida. Tengan en cuenta que de acuerdo a un estudio realizado por la Fundación Mapfre a finales del año pasado, en 2050 en España habrá 1.3 personas en edad de trabajar (entre 20 y 65 años) por cada jubilado frente a la ratio actual que se sitúa en 3.2 por cada jubilado. No acometer una reforma del sistema de pensiones en España, a la vista de los datos demográficos y de su déficit actual, es una grave irresponsabilidad.

Eficiencia

¿Ha sido eficiente la gestión del PP?

La eficiencia es la capacidad de hacer las cosas bien y para ello se necesita un sistema de decisiones y acciones que puedan garantizar el resultado final.

Eficiencia en la gestión de las cuentas públicas es tomar decisiones para reducir el apalancamiento y de esa forma, la vulnerabilidad de la economía ante posibles inestabilidades.  Pensemos en eficiencia cuando vemos que el sector privado ha reducido su endeudamiento en 468 mil millones de € mientras el sector público lo aumentaba en 401 mil millones de euros para el periodo 2011 a 2017.

Mientras la deuda pública ha crecido desde 2008 en 705 mil millones de euros, la deuda privada de empresas y familias se ha reducido en 576 mil millones de euros. 

¿Ha reducido su vulnerabilidad la economía española? Si analizamos el periodo 2011 a 2017 vemos como el sector privado ha reducido su endeudamiento en 468 mil millones de € mientras el sector público lo aumentaba en 401 mil millones de euros.

Más datos. Para el mismo periodo citado observamos como la deuda pública se ha incrementado en 401 mil millones de euros mientras el PIB lo ha hecho tan solo 94 mil millones de euros, lo que supone que por cada euro de PIB la deuda ha crecido 4.28€. Si lo trasladamos a datos per cápita, observamos un aumento del PIB per cápita de 2.100 € mientras la deuda per cápita creció 8.702 €.

Objetividad

¿Ha sido la objetividad característica de los gobiernos del PP?

La Objetividad es el valor de ver el mundo como es, y no como queremos que sea. Somos la envidia de Europa, el país que más crecemos, la referencia de la UE. ¿Se lo cree alguien?

Veamos unos datos:

Datos de crecimiento del PIB para el periodo 2011 a 2017: España 8.75%, por debajo de Alemania 20.73%, Francia 11.10%, Portugal 9.58%, zona euro 14.57% y UK 23.37% (a pesar del descenso de 2017). Superamos tan solo a Italia cuyo PIB creció el 4.88%.

Datos de la tasa de paro en abril 2018: España 15.9%, muy por encima de Alemania 3.4%, Francia 9.2%, Italia 11.2%, Portugal 7.4%, zona euro 8.5% o Reino Unido 4.2%.  El programa de estabilidad enviado al Consejo de Ministro de la UE menciona que llegaremos a un tasa de para del 11% en 2021.

Datos de la tasa de paro en menores de 25 años en diciembre 2017: España 36.3%, por encima de nuevo de Alemania 6.1%, Francia 22.3%, Italia 35.2%, Portugal 23.5%, UK 11.8%. 

Crecimiento del Salario medio: España 4%, por debajo de Italia 6.81%, Alemania 14.2%, Francia 8.69% y Portugal 11.01%.

Es un hecho que la economía española ha mejorado notablemente desde el año 2011 y que llevamos tres años de crecimiento importante del PIB, pero también lo es, que se ha desaprovechado este periodo para realizar una profunda reforma del Estado, reduciendo gastos superfluos y duplicados, que hubiese equilibrado las cuentas públicas y nos permitiera reducir el elevado nivel de deuda pública.

Es un hecho que la economía española ha mejorado notablemente desde el año 2011 y que algún mérito hay que dar al gobierno saliente. No obstante, si nuestra valoración se realiza en términos de credibilidad, transparencia, responsabilidad, eficiencia y objetividad, la conclusión de la gestión de los gobiernos del PP es un rotundo “suspenso”.

Esta es mi opinión

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario Nacional del Consejo Político de Vox

Nunca dejar la iniciativa al independentismo

ESTAMOS DE NUEVO ANTE LA POLÍTICA DE SIEMPRE: cálculos electorales, estrategias para ver cómo se desgastan los otros, insinuaciones con ánimo de meter cizaña. Lo que ha dejado claro las elecciones pasadas en Cataluña es que el voto constitucionalista ha cambiado de siglas, pero los cargos electos mantienen los mismos comportamientos.

Creo que nadie niega que no salen los números y que hay pocas posibilidades que Inés Arrimadas llegue a presidir el gobierno autonómico de Cataluña. Es también innegable que el independentismo está a la gresca y a la vista de ello, los estrategas políticos, los mismos que dijeron que fue una jugada maestra una aplicación del artículo 155 con el único objetivo de la convocatoria de elecciones, aconsejan a Ciudadanos no dar un paso adelante hasta ver como acaban los movimientos que están sucediendo en el ámbito independentista.

Pero hay otros que pensamos que lo más importante es que nuestro mensaje se oiga, que no desaprovecharíamos ni un solo minuto del tiempo que nos concedan en medios de comunicación, para exponer nuestras posiciones. Somos quienes consideramos que NO SE DEBE DEJAR NUNCA LA INICIATIVA EN MANOS DE LOS INDEPENDENTISTAS, que se debe luchar, aunque se tengan menos recursos, que estamos comprometidos con nuestras ideas y valores.

Llevaríamos la iniciativa y nos faltaría tiempo para contar a los ciudadanos en Cataluña que libertad es garantizar que los padres puedan elegir la lengua vehicular de enseñanza para sus hijos, educar es eliminar el adoctrinamiento de las aulas, responsabilidad es exigir a los directores de los centros educativos el acatamiento de las leyes y de la Constitución, instruir es trabajar para converger a contenidos comunes con el resto del Estado y sentido común es asegurar las horas de enseñanza del español en los colegios, lengua propia también de los catalanes y de más de 500 millones de personas en el mundo.

Lideraríamos el debate y nos faltarían minutos para explicar que eliminaríamos las subvenciones a todas las organizaciones que fomentan la independencia como paso previo a la propuesta de su ilegalización, que cortaríamos cualquier apoyo financiero a TV3 y Catalunya Radio como paso previo a su cierre, que depuraríamos las responsabilidades por la inacción y desobediencia de los Mossos de escuadra como paso previo a proponer su disolución, permitiendo a quienes respeten la Ley y La Constitución integrarse en Policía Nacional o Guardia Civil.

Centraríamos los mensajes y nos faltarían instantes para contar a los catalanes que son los ciudadanos de España que más impuestos propios soportan y que nuestra propuesta es eliminar o reducir toda clase de impuestos, que gran parte de los fondos de la Generalidad se han destinado a mantener estructuras paralelas de Estado, que debemos reducir el número de organismos públicos que tan solo sirven para emplear a amigos y familiares de los políticos o que reduciríamos al mínimo imprescindible el número de asesores externos contratados.

Aprovecharíamos todas las oportunidades para hablar de unidad y solidaridad así como para luchar contra el adoctrinamiento y el bombardeo mediático de los independentistas. ESA ES LA MANERA DE HACER POLÍTICA BASADA EN VALORES, lo demás no es nueva política es tan solo un cambio de siglas.

Este es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de Vox

Es urgente cerrar las ruinosas TV3 y Catalunya Radio

Observamos con asombro como el gobierno de España ignora el papel jugado por los medios de comunicación públicos en Cataluña al servicio del independentismo. El papel de TV3 y Catalunya Radio como medios de propaganda y su indudable influencia a la hora de informar a los ciudadanos ha sido (y es) clave para entender como ha calado y se ha extendido el sentimiento separatista. Nadie con dos dedos de frente duda que, ante la convocatoria de las próximas elecciones, es imprescindible intervenir los medios públicos con objeto de garantizar la pluralidad informativa y el respeto a la Ley. Por desgracia no parece ser esa la idea del gobierno de España.

Las televisiones autonómicas carecen de razón de ser tanto desde la óptica del pluralismo informativo como de la rentabilidad económica y financiera. Se han convertido, al igual que otras empresas públicas, en verdaderas agencias de colocación de personas afines, garantizándose los partidos políticos líneas editoriales y fidelidad absoluta a sus postulados.

Está fuera de toda lógica y de cualquier racionalidad económico-financiera mantener unas televisiones que generan pérdidas crónicas y que tan solo sobreviven gracias a las subvenciones recibidas de los gobiernos autonómicos.

Veamos, en base a las cuentas anuales consolidadas de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (en adelante CCMA) de los últimos siete ejercicios, la racionalidad económico-financiera de mantener la corporación audiovisual de Cataluña, comunidad que más gasta en mantener medios propios de comunicación.

En el cuadro siguiente podemos observar la evolución del resultado consolidado del ejercicio y cuál sería el mismo descontando las aportaciones de la Generalidad contabilizadas como subvenciones de explotación incorporadas al resultado de ejercicio:

Estamos hablando de una Corporación que, sin las aportaciones de la Generalidad (1.915 millones de euros en los últimos 7 años), es completamente inviable. Recordemos que estas subvenciones las pagamos todos los españoles.

¿Se imaginan donde estarían las televisiones privadas con estos datos?

Es también interesante observar el detalle de los fondos propios consolidados al cierre del ejercicio 2016. En este detalle vemos unos resultados negativos de ejercicio anteriores de más de 780 millones de euros. Siendo una cifra ya de por sí escandalosa, piensen cual sería la misma si la CCMA no hubiera recibido las aportaciones de la Generalidad vía subvenciones.

Curioso resulta comprobar que el mastodonte televisivo catalán (consolidado) cuenta con una plantilla de 2.319 personas, cifra muy superior a la plantilla de Mediaset (1.266 empleados) o Atresmedia (1.800 empleados). Recordemos que, no como ocurre con la televisión española, la CCMA puede tener ingresos publicitarios.

Vamos a ver a continuación una comparativa de la cifra de negocios (principalmente ingresos publicitarios) con la de gastos de personal en los últimos 7 años:

¿Alguien duda que no funciona como una verdadera agencia de colocación una corporación donde los gastos de personal suponen 2,4 veces la cifra de negocios?

¿No creen que estamos hablando de una plantilla sobredimensionada? Pero bueno, parece que a algunos se les debe permitir todo.

Hemos visto para el ejercicio 2016 la cifra de negocios (67,5 millones de euros) y los ingresos por las aportaciones de la Generalidad (237,6 millones de euros) en cuadros anteriores. Veamos ahora la distribución de los ingresos consolidados del mencionado ejercicio:

La dependencia de las aportaciones de la Generalidad es bastante clara y explica la falta de pluralidad que ha existido en los medios audiovisuales públicos catalanes desde hace mucho tiempo.

La gestión del dinero de todos los españoles debe guiarse por la búsqueda de la eficiencia en la asignación de los recursos con objeto de financiar servicios públicos esenciales, sin dejar de lado la búsqueda de la racionalidad económico-financiera.

Esta indagación sobre una gestión diligente de los fondos públicos conduce inexorablemente a solicitar el cierre o privatización de la totalidad de los medios audiovisuales públicos autonómicos. Esta medida debería comenzar, por urgencia y necesidad, por la televisión y radio autonómicas de Cataluña.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de Vox