Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y protección social

Hoy, con ocasión del Día Internacional de los Trabajadores, gran número de ciudadanos ha salido a la calle para unirse a alguna de las manifestaciones convocadas por los sindicatos. Este año el lema elegido por las dos principales, aunque desprestigiadas y poco representativas, organizaciones sindicales (UGT y CCOO) ha sido el siguiente:

“No hay excusas. Empleo estable, salarios justos, pensiones dignas, protección social".

Creo que es un lema que podemos hacer nuestro la gran mayoría de los ciudadanos. No son por tanto las reivindicaciones que plantean lo que a los españoles nos aleja del politizado movimiento sindical español sino que son las medidas propuestas para ello y los compañeros de viaje elegidos. Es de sentido común pensar que cuando las medidas se enmarcan dentro de un gran pacto social entre Ejecutivo, sindicatos y empresas, serán mucho más eficaces que cuando se plantean en un marco de enfrentamiento constante como el que pretenden ciertos movimientos, mas populacheros que populistas, de la izquierda española.

SI a la reclamación de un empleo estable pero antes reivindiquemos más empleo.

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2017, en España existen 4,2 millones de parados (un 18,75% de la población activa), colectivo que debe ser objetivo primordial de toda acción política. Si hablamos de la necesidad de crear empleo y pensamos que el mayor y más eficiente vehículo de creación de empleo es la empresa privada, debemos plantear medidas de apoyo a las empresas y emprendedores. Medidas tales como la simplificación de trámites, reducción de la carga impositiva (cotizaciones sociales e impuesto sobre sociedades) o facilitar su expansión internacional.

Impulsemos medidas de fomento del empleo estable incentivando fiscalmente a las empresas que creen empleo en el territorio nacional y que mantengan la localización de la mayor parte de las actividades en nuestro país.

Pensemos por otro lado en crear un entorno que favorezca la estabilidad en el empleo y reflexionemos acerca de la necesidad de eliminar rigideces del mercado laboral (especialmente cuando de ello dependa la continuidad de un negocio) o la conveniencia de implantar modelos que permitan al trabajador disponer de fondos adicionales propios que se constituirían durante su vida laboral.

SI a la reclamación de salarios justos en un entorno de continuidad empresarial.

Es indudable que en España la pérdida de la ocupación acaecida durante la crisis ha afectado en mayor medida a los trabajadores de sectores de la franja salarial media que son también quienes más lentamente está recuperando el nivel de empleo perdido. Es urgente por tanto potenciar una oferta educativa que permita aprovechar las oportunidades que brindan las nuevas
tecnologías y reemplazar, así, los puestos de trabajo medios que se pierden por otros nuevos de mayor calidad.

Fomentemos incorporar a los sistemas de remuneración el pago por rendimiento al conjunto de trabajadores, de tal forma que una parte de la remuneración fuese variable y dependiese del desempeño individual (productividad y consecución de objetivos) y de los resultados de la empresa. Valoremos la situación financiera propia de cada empresa (en ambos sentidos) a la hora de fijar los incrementos salariales e incentivemos la involucración de los trabajadores en su desarrollo.

Aumentar la productividad de las empresas, potenciar la formación de los trabajadores y perseguir el fraude y la economía sumergida son así mismo factores determinantes para que en España crezca el salario medio, que actualmente se encuentra por debajo de los principales países de nuestro entorno.

SI a la reclamación por unas pensiones dignas en un marco que garantice la propiedad por el trabajador.

Reclamamos el plantearnos la idoneidad de un sistema en el que después de toda una vida cotizando, el trabajador no dispone de ahorro alguno y su pensión depende de decisiones políticas. Debemos por tanto no solo reivindicar pensiones dignas, debemos exigir el cambio a un sistema en el que se reconozca la propiedad de las aportaciones realizadas, la libertad para gestionarlas y la posibilidad de transmitirlas a tu familia.

Caminemos hacia un sistema donde las pensiones sean propiedad del trabajador y no instrumento político en manos del Gobierno de turno.

SI a la reclamación por la protección social en un sistema donde el gasto público se oriente a cubrir las verdaderas necesidades.

Debemos exigir una revisión completa del gasto público en España. Es verdaderamente preocupante el hecho que los políticos actuales se encuentran más interesados en mantener ineficientes e innecesarias administraciones públicas y en recibir subvenciones públicas que en destinar el gasto a cubrir las necesidades de los ciudadanos y proteger a colectivos desfavorecidos.

Es misión  del Estado, en la definición de los esquemas de protección social, implantar políticas activas de empleo orientando a los desempleados en su búsqueda de trabajo y diseñando programas de formación continúa teniendo en cuenta la demanda del mercado laboral. Políticas que permitirían a los ciudadanos disponer de mayores posibilidades de salir de la situación de desempleo con mayor celeridad.

Por tanto un SI rotundo a las peticiones de empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y protección social. Un SI categórico por la confianza en la responsabilidad de trabajadores y empresarios para lograr un gran pacto social que permita el crecimiento de las empresas y la creación de empleo estable y de calidad.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario Nacional del Consejo Político de Vox

Hay que eliminar el Impuesto sobre Sucesiones

Asistimos en estos días a una importante movilización ciudadana en contra del Impuesto sobre Sucesiones. Numerosos españoles se han “echado a la calle” para protestar contra un impuesto que consideran injusto y lo han hecho de forma individual, no de acuerdo a las consignas de partidos políticos o sindicatos. Reconforta asistir a este tipo de movilizaciones que demuestran que la sociedad española no se encuentra totalmente anestesiada.

Sorprende por otro lado ver las reacciones de los partidos políticos ante las movilizaciones y peticiones de quienes están protestando contra la existencia de este impuesto. Por un lado, encontramos las esperadas posiciones demagógicas de quienes pretenden justificar la existencia de este impuesto, no en base a la racionalidad de lo que se grava, sino en función del nivel de renta y valor de lo transmitido. Por otro, las reacciones de partidos políticos que gobiernan en ciertas Comunidades intentan aparecer como adalides en la lucha en contra del mismo cuando tan solo plantean una mayor o menor bonificación de la cuota. Por último, otros callan ante la realidad de que su propuesta de armonización no suponía más que un incremento del mismo y por tanto un aumento de la carga fiscal a muchos españoles.

España, es en términos de recaudación sobre el PIB, el cuarto país de la OCDE que más impuestos cobra a las herencias y transmisiones de patrimonio. La recaudación por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones estimada para el ejercicio 2016 asciende a 2.900 millones de euros, habiéndose mantenido, en la última década, en una media de 2.500 millones de euros.

Conocidas las cifras, lo verdaderamente importante es determinar si estamos ante un impuesto “justo” para lo que debemos tener en cuenta los siguientes argumentos.

1. Es un impuesto que perjudica a las familias al privar a los herederos de una parte de los frutos del esfuerzo de quien ha ahorrado e invertido pensando en mejorar la vida de los mismos.

2. Implica volver a pagar sobre bienes que ya han tributado durante años.

3. Porque supone gravar el mero hecho de fallecer.

4. Da lugar a la existencia de casos en los que los herederos renuncian a la herencia al no poder hacer frente al pago del mismo, el cual debe hacerse antes de tener la posibilidad de vender los bienes heredados.

5. Penaliza el ahorro y la inversión juiciosa realizada durante años por el transmitente.

En mi opinión, estamos ante un impuesto “injusto” y ante ello la única posición debe ser la de proponer su eliminación.

Pero no debemos quedarnos tan solo en la propuesta para su eliminación, hemos de reclamar que se lleve a cabo un análisis completo de la eficiencia y racionalidad de la estructura actual del Estado y de la necesidad de mantener unas administraciones autonómicas que son fuente de ineficiencia, desigualdad, duplicidad y despilfarro.

Esta es mi opinión.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer
Vicesecretario del Consejo Político de Vox

Convicciones para un sistema impositivo justo

Es un síntoma de normalidad democrática la existencia de numerosas opciones políticas que permitan a los ciudadanos poder elegir aquella que mejor representa sus propias convicciones y de madurez que los ciudadanos actúen de acuerdo a ellas.

Asombra verdaderamente observar cómo, ante un proceso de toma de decisiones,  todo aquello que es fundamental en asuntos que nos afectan personalmente, deja de serlo cuando se trata de elegir a nuestros representantes políticos. Nos olvidamos de promesas incumplidas, de abandono de principios, de la apatía en la toma de decisiones.   

Debemos ser capaces de discernir la sinceridad de las propuestas y para ello es importante conocer los valores sobre los que se asientan. Es básico conocer si una propuesta es resultado natural de las convicciones y posiciones ideológicas de un partido, o por el contrario es la consecuencia de movimientos advenedizos de quién no tiene firmes valores que lo sustenten.

La pregunta es la siguiente: ¿Cuáles serían las convicciones sobre las que asentar unas propuestas en materia fiscal? Podemos destacar las siguientes:

1.- Reducir o eliminar impuestos para aumentar la renta disponible de los ciudadanos y de las empresas. En una economía dinámica el empleo los crea el sector privado. Por ello es básico considerar una reducción de la carga fiscal de las empresas, el fomento de la innovación empresarial y el impulso a medidas que supongan incremento de la plantilla.

2.- Protección de la familia. El apoyo a las familias debe articularse en medidas que reduzcan su carga fiscal, especialmente para familias numerosas, y favorezcan la conciliación de la vida personal y profesional. Aumentar los mínimos exentos por descendientes y ascendientes a cargo de la unidad familiar y aplicar tipos de IVA súper reducidos a ciertos artículos (como los pañales).

3.- Los impuestos deben tener un marcado carácter social en la defensa de los colectivos más desfavorecidos. Mediante la reducción de tipos impositivos y elevación del mínimo personal exento, favoreciendo a quienes menores ingresos perciben.

4.- Responsabilidad en la gestión de los fondos recaudados por los impuestos. Los fondos recaudados deben utilizarse para cubrir las necesidades de los ciudadanos y no para mantener estructuras burocráticas ineficientes ni para mantener la influencia política a través de otorgar generosas subvenciones a entidades que deberían mantenerse por sí mismas.

5.- Las leyes y normas fiscales deben ser:

- Sencillas. Debemos perseguir liquidaciones de impuestos sencillas que no ocupen más de dos folios.

- Homogéneas en todo el territorio nacional. No tiene cabida en un país de ciudadanos iguales el mantenimiento de normativas forales ni la disparidad en la fijación de tributos propios por las Comunidades Autónomas.

- Aplicables en todos los casos de la misma forma, no sujeta a interpretaciones, o albedríos.

- Confiables. No es de recibo que normas que se introdujeron con carácter excepcional se conviertan en definitivas ni que se aprueben normas con carácter retroactivo.

- Previsibles evitando modificaciones inesperadas con impacto en las decisiones de ciudadanos y empresas.

6.- Evitar la doble tributación. No es de recibo la existencia de tributos como el Impuesto sobre Sucesiones que grave rendimientos que ya han contribuido a las arcas públicas.

7.- Atención con quienes han contribuido durante su vida laboral al sostenimiento del Estado.  Es de ley reconocer la importancia que han tenido las personas jubiladas en el sostenimiento de familias azotadas por el paro, permitiéndolas disponer de la totalidad de la pensión recibida. Las pensiones deben de estar exentas de tributar en el IRPF.

8.- Fomentar la creación de empleo en el país. Si pensamos que quienes verdaderamente crean empleo son las empresas privadas, fomentemos también la contratación apoyando fiscalmente a empresas que aumentan su plantilla de trabajadores en el país.

Son las bases sobre las que asentar toda propuesta de búsqueda de un sistema fiscal justo, que proteja a familias y colectivos desfavorecidos, fomente la creación de empleo y la generación de riqueza.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

En economía también importan los valores

En Política, como en otros ámbitos, la sinceridad en nuestras acciones está directamente relacionada con la fortaleza de nuestras convicciones. Curiosamente en el panorama político actual la defensa de valores y principios se considera actitudes del pasado mientras que la búsqueda de un centrismo tecnócrata y progresista sirve de guía de actuación de partidos que dicen representar a aquella parte de la sociedad española que no se identifica ni con los postulados de la izquierda y mucho menos con los del totalitarismo igualitario populista.

En nuestra vida, todos tendemos a alejarnos de quienes no actúan con sinceridad y tan solo buscan su propio interés. En Política no debe ser diferente y ello debe suponer un acicate importante para perseverar en el compromiso con opciones políticas que hacen de la defensa de los valores su principal motivo de existencia.

Son los valores y convicciones los que fundamentan las propuestas políticas.

La pregunta es la siguiente: ¿Cuáles serían las convicciones sobre las que asentar unas propuestas económicas? Podemos destacar las siguientes:

1.- Las economías que crecen en un mercado libre son las que generan más riqueza y bienestar al conjunto de la sociedad.

2.- Para que un mercado sea libre, debe existir una regulación mercantil que sea:

- Sencilla

- Conocida, previsible - que ofrezca seguridad jurídica

- Homogénea en todo el territorio que abarca el mercado

- Aplicada en todos los casos de la misma forma, no sujeta a interpretaciones, o albedríos

3.- La iniciativa económica la debe llevar el sector privado. El empleo, en un economía libre, eficiente y dinámica, lo crea el sector privado. Hablamos de tomar medidas que devuelvan el dinero y la iniciativa a los que mejor han gestionado la crisis, a los que generan valor y crecimiento: a las familias y a las empresas.

4.- La función del sector público es crear las condiciones adecuadas para que el sector privado se desarrolle de forma libre, vigilar que la regulación existente se respete, e intervenir sólo donde sea verdaderamente necesario y mientras no llegue el sector privado por sí solo. Las intervenciones del Estado deben ser vigiladas en todo momento para evitar su natural tentación de crecer y ocupar parcelas que no le pertenecen.

5.- El sector público debe ser lo más pequeño y eficiente posible; el sistema fiscal debe promover un nivel de recaudación suficiente para sostener un sistema público eficiente y redistribuir rentas de manera justa, sin llegar a ser nunca desincentivador de la actividad económica.

6.- El Estado del bienestar es un logro irrenunciable que se percibe incluso como un conjunto de derechos. Ahora bien, debemos redefinir el ámbito de actuación del Estado del bienestar, precisamente para garantizar su pervivencia. El mejor Estado del bienestar no es el que más prestaciones reparte, sino el que con más responsabilidad las concede, y a la vez, genera más condiciones para que menos personas las necesiten.

7.- Debemos trabajar para fomentar el espíritu emprendedor, en mejorar la imagen del empresario, en celebrar el éxito ajeno por sus favorables consecuencias para la sociedad, en presentar modelos de éxito empresarial, y en reducir la dependencia del Estado de individuos que no lo necesitan.

8.- Pensar en la formación y cualificación de los trabajadores. El Estado ha de favorecer una formación de calidad y práctica que permita adaptarse a los cambios del entorno económico y las nuevas necesidades derivadas de las nuevas tecnologías. Se debe facilitar la puesta en marcha de políticas activas de empleo, medidas de retención de talento y poner las bases para fomentar la investigación y la innovación.

9.- Un Estado responsable debe ser consciente de la situación del país. Las decisiones en materias tales como prestaciones sociales, empleo o inmigración deben ser tomadas pensando prioritariamente en los ciudadanos del país. En escenarios de escasez de recursos hay que priorizar. Es infantil pensar que los recursos son ilimitados y que podemos acometer todas las acciones que nos gustaría.

10.- Legislar pensando en sus ciudadanos, su presente y su futuro. Esta idea deberá ser premisa básica a la hora de acometer los retos que plantea el entorno económico y los acuerdos y compromisos del nuestro país.

Sobre estas convicciones debemos basar nuestras propuestas. Unas propuestas que buscan un Estado eficiente, donde los recursos públicos se dediquen a atender a quienes verdaderamente lo necesitan y donde la búsqueda del bienestar presente y futuro de los ciudadanos debe ser su principal objetivo.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

Hay que reducir el Impuesto sobre Sociedades

Se ha anunciado por parte del electo Presidente de EEUU, Donald Trump, y por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, una importante reducción de tipo del impuesto de sociedades que pretenden situar en el 15% en sus países. Esta propuesta se encuadra dentro del paquete de medidas previstas con el objetivo de potenciar el crecimiento económico, apostar por la iniciativa privada y, en el caso del Reino Unido, evitar la salida de empresas que pudiera acontecer como consecuencia del Brexit.

Creo que está fuera de toda duda que el Presidente Trump llevará a cabo una reducción importante del Impuesto sobre Sociedades y que continuará, ante la incredulidad del Partido Popular, cumpliendo lo prometido en la campaña electoral. Es así mismo indudable que esta reducción impositiva dará a las economías de EEUU y Reino Unido una ventaja competitiva a las empresas que tributen en los mismos que, según parece, los países de la Unión Europea (salvo excepciones) no piensan imitar.

En España, donde parece que nuestra mayor preocupación es criticar a Donal Trump, se nos llena la boca hablando de populismo. No obstante olvidamos el término cuando oímos al Ministro Cristóbal Montoro afirmando que no se van a subir los impuestos a los ciudadanos y que su objetivo es aumentar la recaudación tributaria  través del Impuesto sobre Sociedades.

Que paguen las grandes empresas y no los ciudadanos. ¿Cabe más populismo fiscal que esta afirmación?

Quizá se piense que reducir el IRPF da votos y en cambio, reducir el de Sociedades no consigue muchos, al fin y al cabo la mayor parte de la población cree que la reducción del Impuesto de Sociedades no les beneficia. Es un impuesto que deben pagar las empresas, es decir, los ricos. Craso error.

Es importante señalar que los impuestos los soportan en última instancia las personas, no las empresas. La carga del impuesto de sociedades se distribuye entre los propietarios del capital, los consumidores y los trabajadores. El desplazamiento de la carga hacia los trabajadores se produce porque cuanto mayor es el impuesto sobre el beneficio, menor es la inversión empresarial, y por lo tanto menos crece la dotación de capital por trabajador, el determinante fundamental de la productividad y los salarios reales.

Una reducción del Impuesto sobre Sociedades supondrá una mejora de la inversión empresarial, favorecerá la localización de empresas que buscan minimizar su coste fiscal y afectará positivamente a los flujos de efectivo esperados, todo lo cual facilitará la apuesta de las empresas por el crecimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Reducir el Impuesto sobre Sociedades favorece la inversión y la creación de empleo, supone un aumento de la productividad de las empresas y beneficia su competitividad.

Dice Daniel Lacalle que las empresas no deben ser vistas como cajeros sino como generadoras de empleo, crecimiento e inversión. Pensemos en el efecto positivo que sobre la recaudación tendría un mayor crecimiento económico y la aceleración en la creación de empleo.

Apostemos por el crecimiento, el empleo y la competitividad de las empresas españolas. Reduzcamos el Impuesto sobre Sociedades.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

Responsabilidad y Compromiso

La responsabilidad para quienes nos importa lo que sucede en la economía, nos afectan los problemas de la sanidad, nos concierne la política educativa, nos atañe lo que sucede en el mundo y su impacto en la vida diaria de nuestro país, lleva consigo compartir nuestras propuestas e ideas sobre los asuntos que nos preocupan a los españoles. El compromiso no es más que materializar nuestra responsabilidad dando  un paso adelante y militar en el partido político más cercano a nuestros principios y valores.

Al contrario de lo que sucede en el espectro ideológico de la izquierda, la derecha sociológica tiene miedo de defender sus posiciones y se limita a exponer sus puntos de vista en charlas privadas y, como mucho, apoyar asociaciones que se consideran adalides en la defensa de unos valores. Asociaciones que deberían (no lo hacen) orientar a quienes con ellas simpatizan sobre las opciones políticas más cercanas a sus postulados.

La derecha sociológica tiene miedo de defender el derecho a la vida, se acobarda a la hora de defender la unidad de España frente a los independentistas, se amedrenta ante le imposición de una memoria histórica parcial y revanchista, se amilana ante una ideología de género improcedente,  se apoca a la hora de plantear una verdadera reforma del Estado, se encoge de hombros ante quienes reclaman un menor gasto público y menores impuestos alegando razones peregrinas, se atemoriza a la hora de plantear una verdadera reforma educativa basada en la libertad de elección de los padres, se asusta a la hora de acometer el tema inmigratorio y la amenaza del fundamentalismo islámico.       

Si los asuntos nos importan, la responsabilidad nos debe conducir a defender nuestra posición firmemente y apoyar a aquellos partidos políticos, al ser actualmente el cauce principal de representación de los ciudadanos, con quien nos sintamos en mayor sintonía con su programa. No pretendamos coincidir con la totalidad de sus propuestas ni pretendamos que actúe siempre como nosotros queremos. En todo grupo existen tantos puntos de vista como personas lo forman, pero tan solo se mantiene unido aquel en que todos sus componentes tienen claro los principios sobre los que se sustenta.

Responsabilidad y compromiso fueron los principales estímulos que me llevaron a afiliarme a VOX y que hoy me mantienen trabajando por este proyecto que debe servir para canalizar las propuestas de un sector de los españoles actualmente huérfano de representación en el Parlamento.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX 

La eficiencia en la gestión de las cuentas públicas. Una asignatura pendiente.

El concepto de eficiencia que se utiliza en la valoración de la actividad pública es el de eficiencia productiva, es decir, una gestión será eficiente si obtiene el máximo rendimiento de los recursos existentes. Podemos establecer por tanto una relación clara entre dos variables, recursos y resultados.

 

 

Un Estado eficiente y eficaz requiere de servidores comprometidos con este principio de Buen Gobierno y la existencia de instituciones fuertes y respetadas, llevando a cambios estructurales que mejoren su organización y optimicen la gestión de los diversos entes y organismos públicos.

 

Eficiencia en la gestión implica conocer los recursos disponibles y asignarlos de forma eficiente siempre con el objetivo de buscar, al menos, el equilibrio presupuestario. Veamos los resultados:

 

1. Pésima gestión de las cuentas públicas. Cerraremos el año con un déficit del 4,6% sobre el PIB. Si consideramos que el PIB se ha estimado en 1.114.716 millones de euros, estaríamos hablando de un déficit público equivalente a 51.277 millones de euros que el Estado gastará por encima de sus ingresos.
    
2. Deplorable gestión del crecimiento económico. Se podría aceptar situaciones de déficit derivadas de un deterioro de la situación económica, pero unos buenos gestores deben aprovechar las épocas de crecimiento no solo para lograr el equilibrio presupuestario sino para alcanzar superávits presupuestarios que permitieran reducir el nivel de deuda pública cuyo crecimiento fuese debido a épocas de déficit. En España, el año 2016, será el tercero consecutivo de crecimiento del PIB y aun así el déficit se mantendrá en el 4,6% (el más alto de la Unión Europea).
    
3. Lastimosa gestión de las expectativas futuras de las cuentas públicas.  Pensemos que, aunque se esperan crecimientos del PIB en los próximos tres años, se ha previsto un déficit público del 1,3% del PIB (recordemos a este respecto que España ha incumplido de forma sistemática todos los objetivos de déficit) en el ejercicio 2019.
    
4. Lamentable herencia a las generaciones futuras. Con una deuda pública, según el Protocolo de Déficit Excesivo,  superior a 1.100 miles de millones de euros que supone aproximadamente el 100% del PIB y una deuda per cápita de 23.745 euros. Aunque ya de por sí las cifras son espeluznantes, no perdamos de vista que la deuda total (pasivos en circulación) supera los 1.500 miles de millones de euros, lo que la sitúa en el 140% del PIB.

 

La eficiencia lleva consigo credibilidad, prestigio y respeto profesional. Valoremos estas circunstancias en base a hechos objetivos.

 

1. España, desde el año 2007, no registra superávit de las cuentas públicas y como desde entonces los déficits han sido financiados a través de la emisión de deuda pública, la cual se ha incrementado desde una cifra de 8.404 euros en 2007 a 23.745 euros per cápita en octubre de 2016. En términos de deuda, y por tanto impuestos futuros para las próximas generaciones, podemos hablar sin duda de la década ominosa.
    
2. Incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit público. Conviene recordar que la actualización realizada por el Gobierno del PP del Programa de Estabilidad de 2012, tras conocer las cuentas pública reales, recogía un déficit previsto del 1,1% en el año 2015 y un nivel de deuda pública del 80,8% del PIB.
    
3. Falta a la verdad a la hora de explicar a los ciudadanos las consecuencias de medidas tomadas por el Gobierno. Recordemos las afirmaciones realizadas en favor del rescate bancario (del que de Guindos garantizó que no nos supondría un solo euro a los españoles) o recientemente las autopistas (Ana Pastor atestiguó su coste cero).
    
4. Incumplimiento claro de los compromisos electorales. Es realmente preocupante observar cómo el Gobierno del PP considera que los únicos que conocen la realidad de los españoles y lo que hay que hacer son ellos, aunque a la hora de solicitar el voto sus propuestas son diferentes.

 

La búsqueda de la eficiencia supone realizar un profundo análisis para racionalizar y simplificar procesos, procedimientos, trámites y servicios. Así mismo, buscar iniciativas de servicios compartidos para lograr economías de escala y sinergias en aspectos como la tecnología, la contratación, el archivo y las compras, entre otros. Veamos el panorama actual:

 

1. Inexistencia de un análisis objetivo de las duplicidades existentes entre las diferentes administraciones públicas españolas. ¿De cuánto estamos hablando? Sean 15.000 millones de euros o 36.000 millones de euros, lo que realmente hace falta es voluntad para realizar un análisis en profundidad y tomar las medidas correctoras necesarias. Falta un riguroso análisis para lograr una asignación optima de los recursos humanos, financieros y tecnológicos.
    
2. Multitud de normas y exceso de legislación. Las cifras son estremecedoras. En España, hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente dos terceras partes son de carácter autonómico.
    
3. Normas autonómicas que perjudican el funcionamiento del mercado interior.
    
4. Ausencia de servicios compartidos en todo el territorio nacional como consecuencia del Estado Autonómico, inexistencia de centrales de compras que abaratasen el importe de las compras del Estado y casos flagrantes como la ausencia de una tarjeta sanitaria única válida en todo el territorio nacional.

 

Los ciudadanos y las próximas generaciones se deberían ver beneficiados de una gestión pública eficiente. Veamos donde nos encontramos:

 

1. Lentitud de las resoluciones judiciales y listas de espera en la Sanidad Pública.
    
2. Multitud de empresas y entes públicos duplicados y sobredimensionados con unas estructuras organizativas ineficientes donde existen más directores que personal en contacto directo con los ciudadanos.
    
3. Irresponsable traslado de carga fiscal a las próximas generaciones elevando los pasivos en circulación (deuda pública) y oídos sordos ante recomendaciones de expertos en materias tales como la reforma del sistema de pensiones introduciendo el pilar de capitalización o la reducción de la presión fiscal a las empresas para fomentar su crecimiento y la creación de empleo, etc.
    
4. Enchufismo frente a meritocracia. En lugar de diseñar un esquema de incentivos que estimule las mejores prácticas y la eficiencia en el trabajo de los funcionarios, así como planes de formación continuada que mejoren la capacitación profesional de los mismos, los puestos de responsabilidad se asignan por criterios de afinidad personal o ideológica, convirtiendo a los entes públicos en verdaderas agencias de colocación de amigos o familiares.

 

Decía Paul Samuelson: “Por eficiencia se entiende el uso más eficaz de los recursos de una sociedad para satisfacer las necesidades y deseos de las personas”.

Es indudable que el Gobierno del Partido Popular no aprobaría esta asignatura.

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Economista

Vicesecretario del Consejo Político de VOX