Se puede reducir gasto público sin tocar Educación y Sanidad – País Vasco

La mayor parte de los partidos políticos coinciden en la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómico y todos alegan que su Comunidad Autónoma se encuentra perjudicada en el actual sistema de reparto. Es obvio decir que lo que están buscando son mayores transferencias por parte del Gobierno Central que supondrá por tanto ahondar, si cabe aún más, en el proceso de reducir el papel del Estado Central a la mínima expresión y agigantar unos gobiernos autonómicos ya de por sí sobredimensionados.

Dos de estos “Parlamentos Autonómicos”, el vasco y el gallego, van a ser renovados tras las elecciones convocadas para finales del mes de septiembre. Volveremos a ver peticiones de reforma (o sea peticiones de más fondos) por parte de la mayoría de los partidos que se presentarán a estas elecciones. Escucharemos de  nuevo el argumento de que las Comunidades Autónomas no pueden ajustar más sus gastos sin tocar el gasto en sanidad y educación, los cuales fueron transferidos a las Comunidades Autónomas en la peor decisión tomada por José María Aznar en sus años de gobierno.

¿Se pueden reducir gastos sin tocar educación y sanidad?

Para responder a esta pregunta debemos analizar los presupuestos de las diferentes Comunidades Autónomas.

En este artículo vamos a comenzar los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca (en adelante CAV) del ejercicio 2016 cuyo resumen es como sigue:

La suma de Educación y Sanidad tan solo absorbe el 57,4% del presupuesto de la CAV.

Es por tanto falso que cualquier exigencia de reducción de gasto público autonómico afectaría a recortes en ambos conceptos.

La deuda pública por su parte supone un 10,7% del presupuesto de gasto de los que la mayor parte corresponde a disminución de pasivos financieros y un importe de 278 millones de euros al pago de intereses. Siempre es bien recibido aprovechar épocas de crecimiento para reducir el volumen de deuda.

Destacamos por otro lado, la existencia de una serie de gastos claramente políticos intrínsecamente relacionados a la existencia de la CAV como por ejemplo: Parlamento, Presidencia del Gobierno y Recursos y Compromisos Institucionales que suman, entre los tres conceptos, 225,5 millones de euros.

Los gastos políticos ascienden a 225,5 millones de euros.

A los gastos políticos mencionados podemos sumar el gasto de departamentos tales como el Tribunal de Cuentas o la Agencia Vasca de Protección de Datos (8,6 millones de euros) completamente vinculados Comunidades Autónomas.

Los Organismos Autónomos Administrativos disponen de un presupuesto global de 1.003 millones de euros

No solo eso, también debemos considerar el presupuesto de los Organismos Autónomos Administrativos con un presupuesto global de 1.000 millones de euros de entre los que destacan los 836 millones de euros correspondientes al Servicio Vasco de Empleo. Es una cuestión de sentido común solicitar un análisis de las competencias y trabajo desarrollado por este Organismo para evitar posible duplicidades con el trabajo realizado por el Inem.

Creo todos, menos los políticos que defienden el modelo de Estado Autonómico, llegamos a las mismas conclusiones:

Si se puede ahorrar sin tocar Educación ni Sanidad.

Si se ahorrarían gastos políticos si suprimimos las Autonomías.

Si existen duplicidades entre los numerosos Organismos Autónomos creados por la existencia de las Autonomías y Organismos dependientes del Gobierno Central.

Esta es mi opinión

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

Falta voluntad para ajustar el déficit público

Finalmente el ejecutivo comunitario ha estimado las peticiones del Gobierno de España y no solo no ha impuesto multa alguna por sobrepasar el límite de déficit público sino que ha acordado prorrogar otros dos años más el cumplimiento del objetivo de rebajar el mismo por debajo del 3%. La senda de consolidación marcada sitúa los números rojos de las administraciones públicas en el 4,6% del PIB en 2016, en el 3,1% en 2017 y en el 2,2% en 2018.

Lejos queda el objetivo marcado en la Actualización del  Programa de Estabilidad 2012-2015, preparado por el Gobierno del PP, en el cual se estimaba alcanzar el déficit del 3% en el ejercicio 2013 y un 2,2% para el ejercicio 2014. Tan solo vamos a necesitar cuatro años más (una legislatura) para alcanzar los objetivos inicialmente previstos, lo que es un claro ejemplo de ineficacia en la gestión pública.

Estos días hemos leído en numerosos medios de comunicación, que la reducción del déficit público, del 5,08% del PIB registrado en 2015 hasta un 2,2% en 2018, va a suponer la necesidad de realizar ajustes adicionales para alcanzar este objetivo, lo cual sería algo realmente novedoso. El Ministro de Economía ha afirmado que el Gobierno no ha recibido presiones para realizar ajustes y creo que a la vista del nuevo cuadro macroeconómico presentado que servirá de base para la preparación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, podemos concluir que es cierto.

Lo que llama poderosamente la atención es la falta de voluntad por parte del Gobierno de aplicar políticas efectivas de reducción del gasto público superfluo para, aprovechando el crecimiento económico y su impacto sobre el aumento de la recaudación, lograr el equilibrio presupuestario.

¿Cómo podemos medir esta falta de voluntad?

Para ello vamos a realizar un sencillo cálculo global que nos permita saber si el crecimiento de los ingresos públicos asociado al incremento estimado del PIB para los ejercicios 2016 a 2018 sería suficiente para absorber el ajuste del déficit acordado con Bruselas.

Para ello, en primer lugar estimamos el PIB para los próximos tres ejercicios partiendo como base el PIB real del año 2015 (1.081 miles de millones de euros) y los incrementos contemplados del mismo presentados por el Consejo de Ministros ayer día 29 de julio como parte del cuadro macroeconómico que servirá de base para la elaboración de los presupuestos de 2017 así como el contemplado para 2018 en el Programa de Estabilidad 2016-2019 preparado por el Gobierno. Si aplicamos los porcentajes acordados de déficit, obtenemos que, al cierre del ejercicio 2018, el déficit estimado de las Administraciones Públicas se situaría en 25.665 millones de euros, lo que en comparación con la cifra de déficit del año 2015 (sin ayudas a la banca), supondría un ajuste de 29.300 millones de euros.

La primera impresión, a la vista de la cifra mencionada, puede asustar y llevarnos a considerar la necesidad de realizar un importante ajuste vía reducción de gastos o incremento de ingresos. No obstante, antes de proponer cualquier medida deberíamos considerar el impacto del crecimiento del PIB en los ingresos públicos.

Sabemos que en los últimos años los ingresos públicos en España han supuesto una media del 38,2% del PIB. A vista de ello, vamos a estimar cual sería el impacto que el incremento del PIB tendrá en su crecimiento. Para ello, en base a los PIB incrementados detallados anteriormente y utilizando como hipótesis que la cifra de ingresos públicos para el periodo analizado se mantendrá en el mismo porcentaje del 38,2% del PIB, estimamos la cifra de ingresos públicos que se registraría en el periodo analizado. El incremento obtenido ascendería a 32.180 millones de euros que es la diferencia entre la estimación al cierre de 2018 (445.636 millones de euros) y la cifra real de 2015 (413.456 millones de euros).

Es un cálculo muy global pero indicativo de cómo, manteniendo constantes los gastos y con las premisa de mantener el porcentaje de ingresos en 38,2% del PIB, el impacto del crecimiento del PIB sobre los ingresos públicos (32.180 millones de euros) absorbería la reducción acordada del déficit público (29.300 millones de euros).

El sentido común y el sentido de Estado aconsejan aprovechar esta oportunidad para realizar una verdadera reforma estructural de las Administraciones Públicas eliminando duplicidades e implantando criterios de eficiencia y razonabilidad.

Esta es mi opinión.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX