domingo, 12 de febrero de 2017

En economía también importan los valores

En Política, como en otros ámbitos, la sinceridad en nuestras acciones está directamente relacionada con la fortaleza de nuestras convicciones. Curiosamente en el panorama político actual la defensa de valores y principios se considera actitudes del pasado mientras que la búsqueda de un centrismo tecnócrata y progresista sirve de guía de actuación de partidos que dicen representar a aquella parte de la sociedad española que no se identifica ni con los postulados de la izquierda y mucho menos con los del totalitarismo igualitario populista.

En nuestra vida, todos tendemos a alejarnos de quienes no actúan con sinceridad y tan solo buscan su propio interés. En Política no debe ser diferente y ello debe suponer un acicate importante para perseverar en el compromiso con opciones políticas que hacen de la defensa de los valores su principal motivo de existencia.

Son los valores y convicciones los que fundamentan las propuestas políticas.

La pregunta es la siguiente: ¿Cuáles serían las convicciones sobre las que asentar unas propuestas económicas? Podemos destacar las siguientes:

1.- Las economías que crecen en un mercado libre son las que generan más riqueza y bienestar al conjunto de la sociedad.

2.- Para que un mercado sea libre, debe existir una regulación mercantil que sea:

- Sencilla
- Conocida, previsible - que ofrezca seguridad jurídica
- Homogénea en todo el territorio que abarca el mercado
- Aplicada en todos los casos de la misma forma, no sujeta a interpretaciones, o albedríos

3.- La iniciativa económica la debe llevar el sector privado. El empleo, en un economía libre, eficiente y dinámica, lo crea el sector privado. Hablamos de tomar medidas que devuelvan el dinero y la iniciativa a los que mejor han gestionado la crisis, a los que generan valor y crecimiento: a las familias y a las empresas.

4.- La función del sector público es crear las condiciones adecuadas para que el sector privado se desarrolle de forma libre, vigilar que la regulación existente se respete, e intervenir sólo donde sea verdaderamente necesario y mientras no llegue el sector privado por sí solo. Las intervenciones del Estado deben ser vigiladas en todo momento para evitar su natural tentación de crecer y ocupar parcelas que no le pertenecen.

5.- El sector público debe ser lo más pequeño y eficiente posible; el sistema fiscal debe promover un nivel de recaudación suficiente para sostener un sistema público eficiente y redistribuir rentas de manera justa, sin llegar a ser nunca desincentivador de la actividad económica.

6.- El Estado del bienestar es un logro irrenunciable que se percibe incluso como un conjunto de derechos. Ahora bien, debemos redefinir el ámbito de actuación del Estado del bienestar, precisamente para garantizar su pervivencia. El mejor Estado del bienestar no es el que más prestaciones reparte, sino el que con más responsabilidad las concede, y a la vez, genera más condiciones para que menos personas las necesiten.

7.- Debemos trabajar para fomentar el espíritu emprendedor, en mejorar la imagen del empresario, en celebrar el éxito ajeno por sus favorables consecuencias para la sociedad, en presentar modelos de éxito empresarial, y en reducir la dependencia del Estado de individuos que no lo necesitan.

8.- Pensar en la formación y cualificación de los trabajadores. El Estado ha de favorecer una formación de calidad y práctica que permita adaptarse a los cambios del entorno económico y las nuevas necesidades derivadas de las nuevas tecnologías. Se debe facilitar la puesta en marcha de políticas activas de empleo, medidas de retención de talento y poner las bases para fomentar la investigación y la innovación.

9.- Un Estado responsable debe ser consciente de la situación del país. Las decisiones en materias tales como prestaciones sociales, empleo o inmigración deben ser tomadas pensando prioritariamente en los ciudadanos del país. En escenarios de escasez de recursos hay que priorizar. Es infantil pensar que los recursos son ilimitados y que podemos acometer todas las acciones que nos gustaría.

10.- Legislar pensando en sus ciudadanos, su presente y su futuro. Esta idea deberá ser premisa básica a la hora de acometer los retos que plantea el entorno económico y los acuerdos y compromisos del nuestro país.

Sobre estas convicciones debemos basar nuestras propuestas. Unas propuestas que buscan un Estado eficiente, donde los recursos públicos se dediquen a atender a quienes verdaderamente lo necesitan y donde la búsqueda del bienestar presente y futuro de los ciudadanos debe ser su principal objetivo.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

sábado, 28 de enero de 2017

Hay que reducir el Impuesto sobre Sociedades


Se ha anunciado por parte del electo Presidente de EEUU, Donald Trump, y por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, una importante reducción de tipo del impuesto de sociedades que pretenden situar en el 15% en sus países. Esta propuesta se encuadra dentro del paquete de medidas previstas con el objetivo de potenciar el crecimiento económico, apostar por la iniciativa privada y, en el caso del Reino Unido, evitar la salida de empresas que pudiera acontecer como consecuencia del Brexit.

Creo que está fuera de toda duda que el Presidente Trump llevará a cabo una reducción importante del Impuesto sobre Sociedades y que continuará, ante la incredulidad del Partido Popular, cumpliendo lo prometido en la campaña electoral. Es así mismo indudable que esta reducción impositiva dará a las economías de EEUU y Reino Unido una ventaja competitiva a las empresas que tributen en los mismos que, según parece, los países de la Unión Europea (salvo excepciones) no piensan imitar.


En España, donde parece que nuestra mayor preocupación es criticar a Donal Trump, se nos llena la boca hablando de populismo. No obstante olvidamos el término cuando oímos al Ministro Cristóbal Montoro afirmando que no se van a subir los impuestos a los ciudadanos y que su objetivo es aumentar la recaudación tributaria  través del Impuesto sobre Sociedades.

Que paguen las grandes empresas y no los ciudadanos. ¿Cabe más populismo fiscal que esta afirmación?

Quizá se piense que reducir el IRPF da votos y en cambio, reducir el de Sociedades no consigue muchos, al fin y al cabo la mayor parte de la población cree que la reducción del Impuesto de Sociedades no les beneficia. Es un impuesto que deben pagar las empresas, es decir, los ricos. Craso error.

Es importante señalar que los impuestos los soportan en última instancia las personas, no las empresas. La carga del impuesto de sociedades se distribuye entre los propietarios del capital, los consumidores y los trabajadores. El desplazamiento de la carga hacia los trabajadores se produce porque cuanto mayor es el impuesto sobre el beneficio, menor es la inversión empresarial, y por lo tanto menos crece la dotación de capital por trabajador, el determinante fundamental de la productividad y los salarios reales.

Una reducción del Impuesto sobre Sociedades supondrá una mejora de la inversión empresarial, favorecerá la localización de empresas que buscan minimizar su coste fiscal y afectará positivamente a los flujos de efectivo esperados, todo lo cual facilitará la apuesta de las empresas por el crecimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo.

Reducir el Impuesto sobre Sociedades favorece la inversión y la creación de empleo, supone un aumento de la productividad de las empresas y beneficia su competitividad.

Dice Daniel Lacalle que las empresas no deben ser vistas como cajeros sino como generadoras de empleo, crecimiento e inversión. Pensemos en el efecto positivo que sobre la recaudación tendría un mayor crecimiento económico y la aceleración en la creación de empleo.

Apostemos por el crecimiento, el empleo y la competitividad de las empresas españolas. Reduzcamos el Impuesto sobre Sociedades.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX

domingo, 15 de enero de 2017

Responsabilidad y Compromiso

La responsabilidad para quienes nos importa lo que sucede en la economía, nos afectan los problemas de la sanidad, nos concierne la política educativa, nos atañe lo que sucede en el mundo y su impacto en la vida diaria de nuestro país, lleva consigo compartir nuestras propuestas e ideas sobre los asuntos que nos preocupan a los españoles. El compromiso no es más que materializar nuestra responsabilidad dando  un paso adelante y militar en el partido político más cercano a nuestros principios y valores.



Al contrario de lo que sucede en el espectro ideológico de la izquierda, la derecha sociológica tiene miedo de defender sus posiciones y se limita a exponer sus puntos de vista en charlas privadas y, como mucho, apoyar asociaciones que se consideran adalides en la defensa de unos valores. Asociaciones que deberían (no lo hacen) orientar a quienes con ellas simpatizan sobre las opciones políticas más cercanas a sus postulados.

La derecha sociológica tiene miedo de defender el derecho a la vida, se acobarda a la hora de defender la unidad de España frente a los independentistas, se amedrenta ante le imposición de una memoria histórica parcial y revanchista, se amilana ante una ideología de género improcedente,  se apoca a la hora de plantear una verdadera reforma del Estado, se encoge de hombros ante quienes reclaman un menor gasto público y menores impuestos alegando razones peregrinas, se atemoriza a la hora de plantear una verdadera reforma educativa basada en la libertad de elección de los padres, se asusta a la hora de acometer el tema inmigratorio y la amenaza del fundamentalismo islámico.       
Si los asuntos nos importan, la responsabilidad nos debe conducir a defender nuestra posición firmemente y apoyar a aquellos partidos políticos, al ser actualmente el cauce principal de representación de los ciudadanos, con quien nos sintamos en mayor sintonía con su programa. No pretendamos coincidir con la totalidad de sus propuestas ni pretendamos que actúe siempre como nosotros queremos. En todo grupo existen tantos puntos de vista como personas lo forman, pero tan solo se mantiene unido aquel en que todos sus componentes tienen claro los principios sobre los que se sustenta.

Responsabilidad y compromiso fueron los principales estímulos que me llevaron a afiliarme a VOX y que hoy me mantienen trabajando por este proyecto que debe servir para canalizar las propuestas de un sector de los españoles actualmente huérfano de representación en el Parlamento.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Vicesecretario del Consejo Político de VOX 

sábado, 31 de diciembre de 2016

La eficiencia en la gestión de las cuentas públicas. Una asignatura pendiente.


El concepto de eficiencia que se utiliza en la valoración de la actividad pública es el de eficiencia productiva, es decir, una gestión será eficiente si obtiene el máximo rendimiento de los recursos existentes. Podemos establecer por tanto una relación clara entre dos variables, recursos y resultados.

 


 

Un Estado eficiente y eficaz requiere de servidores comprometidos con este principio de Buen Gobierno y la existencia de instituciones fuertes y respetadas, llevando a cambios estructurales que mejoren su organización y optimicen la gestión de los diversos entes y organismos públicos.

 

Eficiencia en la gestión implica conocer los recursos disponibles y asignarlos de forma eficiente siempre con el objetivo de buscar, al menos, el equilibrio presupuestario. Veamos los resultados:

 

  1. Pésima gestión de las cuentas públicas. Cerraremos el año con un déficit del 4,6% sobre el PIB. Si consideramos que el PIB se ha estimado en 1.114.716 millones de euros, estaríamos hablando de un déficit público equivalente a 51.277 millones de euros que el Estado gastará por encima de sus ingresos.
     
  2. Deplorable gestión del crecimiento económico. Se podría aceptar situaciones de déficit derivadas de un deterioro de la situación económica, pero unos buenos gestores deben aprovechar las épocas de crecimiento no solo para lograr el equilibrio presupuestario sino para alcanzar superávits presupuestarios que permitieran reducir el nivel de deuda pública cuyo crecimiento fuese debido a épocas de déficit. En España, el año 2016, será el tercero consecutivo de crecimiento del PIB y aun así el déficit se mantendrá en el 4,6% (el más alto de la Unión Europea).
     
  3. Lastimosa gestión de las expectativas futuras de las cuentas públicas.  Pensemos que, aunque se esperan crecimientos del PIB en los próximos tres años, se ha previsto un déficit público del 1,3% del PIB (recordemos a este respecto que España ha incumplido de forma sistemática todos los objetivos de déficit) en el ejercicio 2019.
     
  4. Lamentable herencia a las generaciones futuras. Con una deuda pública, según el Protocolo de Déficit Excesivo,  superior a 1.100 miles de millones de euros que supone aproximadamente el 100% del PIB y una deuda per cápita de 23.745 euros. Aunque ya de por sí las cifras son espeluznantes, no perdamos de vista que la deuda total (pasivos en circulación) supera los 1.500 miles de millones de euros, lo que la sitúa en el 140% del PIB.

 

La eficiencia lleva consigo credibilidad, prestigio y respeto profesional. Valoremos estas circunstancias en base a hechos objetivos.

 

  1. España, desde el año 2007, no registra superávit de las cuentas públicas y como desde entonces los déficits han sido financiados a través de la emisión de deuda pública, la cual se ha incrementado desde una cifra de 8.404 euros en 2007 a 23.745 euros per cápita en octubre de 2016. En términos de deuda, y por tanto impuestos futuros para las próximas generaciones, podemos hablar sin duda de la década ominosa.
     
  2. Incumplimiento reiterado de los objetivos de déficit público. Conviene recordar que la actualización realizada por el Gobierno del PP del Programa de Estabilidad de 2012, tras conocer las cuentas pública reales, recogía un déficit previsto del 1,1% en el año 2015 y un nivel de deuda pública del 80,8% del PIB.
     
  3. Falta a la verdad a la hora de explicar a los ciudadanos las consecuencias de medidas tomadas por el Gobierno. Recordemos las afirmaciones realizadas en favor del rescate bancario (del que de Guindos garantizó que no nos supondría un solo euro a los españoles) o recientemente las autopistas (Ana Pastor atestiguó su coste cero).
     
  4. Incumplimiento claro de los compromisos electorales. Es realmente preocupante observar cómo el Gobierno del PP considera que los únicos que conocen la realidad de los españoles y lo que hay que hacer son ellos, aunque a la hora de solicitar el voto sus propuestas son diferentes.

 

La búsqueda de la eficiencia supone realizar un profundo análisis para racionalizar y simplificar procesos, procedimientos, trámites y servicios. Así mismo, buscar iniciativas de servicios compartidos para lograr economías de escala y sinergias en aspectos como la tecnología, la contratación, el archivo y las compras, entre otros. Veamos el panorama actual:

 

  1. Inexistencia de un análisis objetivo de las duplicidades existentes entre las diferentes administraciones públicas españolas. ¿De cuánto estamos hablando? Sean 15.000 millones de euros o 36.000 millones de euros, lo que realmente hace falta es voluntad para realizar un análisis en profundidad y tomar las medidas correctoras necesarias. Falta un riguroso análisis para lograr una asignación optima de los recursos humanos, financieros y tecnológicos.
     
  2. Multitud de normas y exceso de legislación. Las cifras son estremecedoras. En España, hay en vigor unas 100.000 leyes y normas de todo tipo, de las cuales prácticamente dos terceras partes son de carácter autonómico.
     
  3. Normas autonómicas que perjudican el funcionamiento del mercado interior.
     
  4. Ausencia de servicios compartidos en todo el territorio nacional como consecuencia del Estado Autonómico, inexistencia de centrales de compras que abaratasen el importe de las compras del Estado y casos flagrantes como la ausencia de una tarjeta sanitaria única válida en todo el territorio nacional.

 

Los ciudadanos y las próximas generaciones se deberían ver beneficiados de una gestión pública eficiente. Veamos donde nos encontramos:

 

  1. Lentitud de las resoluciones judiciales y listas de espera en la Sanidad Pública.
     
  2. Multitud de empresas y entes públicos duplicados y sobredimensionados con unas estructuras organizativas ineficientes donde existen más directores que personal en contacto directo con los ciudadanos.
     
  3. Irresponsable traslado de carga fiscal a las próximas generaciones elevando los pasivos en circulación (deuda pública) y oídos sordos ante recomendaciones de expertos en materias tales como la reforma del sistema de pensiones introduciendo el pilar de capitalización o la reducción de la presión fiscal a las empresas para fomentar su crecimiento y la creación de empleo, etc.
     
  4. Enchufismo frente a meritocracia. En lugar de diseñar un esquema de incentivos que estimule las mejores prácticas y la eficiencia en el trabajo de los funcionarios, así como planes de formación continuada que mejoren la capacitación profesional de los mismos, los puestos de responsabilidad se asignan por criterios de afinidad personal o ideológica, convirtiendo a los entes públicos en verdaderas agencias de colocación de amigos o familiares.

 

Decía Paul Samuelson: “Por eficiencia se entiende el uso más eficaz de los recursos de una sociedad para satisfacer las necesidades y deseos de las personas”.

Es indudable que el Gobierno del Partido Popular no aprobaría esta asignatura.

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

Economista

Vicesecretario del Consejo Político de VOX