UN ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE LIQUIDEZ

¿Ha sido la generosidad o irresponsabilidad la principal característica que ha marcado el sostenimiento del sistema extraordinario de financiación autonómica en los años de gobierno del Partido Popular (PP)?

 

Para dar respuesta a esta pregunta debemos remontarnos a las medidas tomadas en 2012 por el recién constituido gobierno del PP. En este ejercicio se aprobó el Real Decreto-ley 21/2012 de medidas de liquidez de las Administraciones públicas y en el ámbito financiero y se aprobaron diferentes medidas para mitigar problemas de liquidez existentes tanto en las Comunidades Autónomas (CCAA) como en las Entidades Locales (EELL). En el marco del Real Decreto-ley mencionado se creaba el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo de carácter temporal al que se dotaba, para el ejercicio 2012, de 18.000 millones de euros. El mismo se establecía como una línea de crédito concebida para que el Estado preste dinero a las CCAA de modo que no fueran ellas las que tuvieran que ir a los mercados para financiar su deuda, acudiendo en su lugar el Estado. Esto indudablemente perseguía reducir el número de competidores por lograr dinero y reducir así su coste.

 

A finales del ejercicio 2014 el Partido Popular (PP) nos sorprendía con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, mediante el cual se simplificaba y reducía a dos el número de fondos creados con objeto de atender a las necesidades financieras previstas en el mismo. Se establecían dos fondos:

 

1. Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas, que ampliaba la cobertura a un mayor número de CCAA y se estructuraba en tres compartimentos: Facilidad Financiera, FLA y Fondo Social
2. Fondo de Financiación a Entidades Locales, estructurado así mismo en tres compartimentos: Fondo de Impulso Económico, Fondo de Ordenación y Fondo en liquidación para la financiación de los pagos a proveedores de entidades locales.

Llevamos por tanto 4 años enviando financiación adicional a las CCAA y EELL, periodo en el cual se ha transferido la cifra de 184.983 millones de euros.

 

El Gobierno menciona que el 70% de estas medidas se han destinado a financiar políticas sociales lo que nos lleva a preguntarnos por el destino de los recursos obtenidos en la financiación ordinaria de las CCAA y la falta de responsabilidad de los gestores en la ejecución presupuestaria.

 

Pero no solo llama la atención su importe sino también su distribución, tanto en tiempo como lugar:

 

Vemos como el conjunto de medidas adoptadas en el ejercicio 2012 supusieron inyecciones adicionales de liquidez por importe de 59.977 millones de euros, reduciéndose de forma significativa en el ejercicio 2013, manteniéndose en el ejercicio 2014 prácticamente en los mismos niveles del año anterior. Se podría pensar que en el ejercicio 2015 se seguiría reduciendo su importe pero sucedió al contrario, se registró un importante aumento hasta la cifra de 51.112 millones de euros, un 39,3% superior al ejercicio anterior. Curiosamente esto sucede en año electoral.  

 

Otro de los análisis a realizar de las cifras es su distribución por CCAA. Si realizamos un análisis del reparto, vemos como el importe financiado a las Comunidades Autónomas de Cataluña y Comunidad Valenciana concentraron entre ambas el 51% del importe total (28,6% y 22,3% respectivamente). Será casualidad pero aquellas Comunidades más beneficiadas, recordar que la tercera es Andalucía que recibe el 15,6% del total, son aquellas en las que se concentran en mayor medida los casos de corrupción tan de actualidad en estos días.

 

Visto su importe y distribución, debemos revisar el condicionado establecido por el Real Decreto-ley de 2014 con objeto de analizar su grado de cumplimiento:

• Requería que la CCAA se sometiera a criterios de prudencia financiera. Esta prudencia parece que no se ha seguido dado que el importe de la deuda pública de las CCAA de Régimen Común se ha incrementado en 9 meses del 2015 en 14.880 millones de euros (un 6,62%), pasando de 224.707 millones de euros a 239.587 millones de euros. Vemos desde luego que la prudencia financiera no ha sido una característica de las CCAA ya que el importe de la deuda de las CCAA, de acuerdo al protocolo de déficit excesivo, a pasado de 137.049 millones de euros a la mencionada cifra de 239.587 millones de euros lo que supone un 75% de incremento.

• Se mencionaba la necesidad de disponer de planes de ajuste que deben ser acordados con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Estos planes de ajuste debían, entre otros temas, incluir el compromiso de avanzar en la reducción del sector público autonómico. Veamos la evolución de las principales partidas del gasto presupuestado de las CCAA desde el ejercicio 2011:
   
• 

Se puede observar como los planes de reducción del sector público autonómico tan solo se pusieron en práctica en el ejercicio 2013, reducción que fue compensada con aumentos en los ejercicio 2014 y 2015. El resultado de estos cuatro años ha sido de un incremento global del gasto de 12.96%, siendo especialmente significativo el aumento del 18.38% en el gasto de personal. ¡Toda una reducción!

• Se establecían medidas de control de forma que el Ministerio de Hacienda podría fijar la adopción de medidas concretas de contención del gasto público en el supuesto de que se aprecie inconsistencia entre la evolución de los recursos del sistema de financiación y la senda de gasto de la Comunidad, en el marco de los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para 2015. Inconsistencia que el Ministro de Hacienda parece olvidar a la vista del incumplimiento de los objetivos de déficit de ciertas CCAA.
   

La respuesta a la pregunta inicial es por tanto bastante obvia. La generosidad se ha convertido en irresponsabilidad desde el momento en que no se ha registrado ajuste alguno en el gasto público de CCAA y medidas que en su origen tuvieron un carácter temporal, y por tanto con el propósito de solucionar una necesidad puntual, se han convertido en mecanismos adicionales de financiación que evitan la necesaria reducción y racionalización del sector público autonómico.

Esta es mi opinión

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

POR UN SISTEMA DE PENSIONES SOSTENIBLE

Todos los sistemas de pensiones son formas de ahorro que, en esencia, nos obligan a reducir nuestro consumo durante nuestra vida laboral para consumir más a la terminación de la misma. Una misma esencia que comparten tanto el sistema de reparto como el de capitalización, cuya diferencia estriba en la forma de su financiación.

En el sistema de reparto, la pensión de cada persona se financia en parte con las aportaciones de los trabajadores en activo y el Estado, que van a un fondo común con el cual se financian las mismas. En el sistema de capitalización, cada trabajador dispone de una cuenta donde se depositan sus aportaciones las cuales se capitalizan a lo largo de la vida activa del trabajador  y tras la jubilación se irá percibiendo el capital acumulado.

Cualquier valoración sobre la sostenibilidad del sistema debe partir de un análisis de la estructura poblacional existente y su previsible evolución durante los próximos años y décadas. Es preocupante observar como las llamadas de atención, a la vista de la evolución prevista de la mencionada estructura poblacional, caen en saco roto en un acto de una irresponsabilidad política grave de quienes tienen como obligación pensar en las próximas generaciones en lugar de las próximas elecciones.

Es importante, como hemos mencionado, no perder de vista los datos siguientes:

	1980	2012	2050
Población menor de 20 años	36,0%	20,9%	20,0%
Población entre 21 y 65 años	53,5%	62,6%	49,3%
Población mayor de 65 años	10,5%	16,5%	30,7%
	100,0%	100,0%	100,0%

 

Creo que nadie puede negar, a la vista de los datos demográficos, que el sistema de reparto, definido como actualmente está establecido, es absolutamente insostenible. Pensemos que en el año 2050 la población mayor de 65 años prácticamente duplicará a la existente en 2012 y en el ratio de persona en edad de trabajar sobre ciudadanos mayores de 65 años.

Los datos nos llevan avisando ya desde hace tiempo, pero conviene recordar como en 2010 las cotizaciones sociales de los trabajadores ocupados ya fueron insuficientes para pagar las pensiones contributivas, el déficit registrado en 2014 de 13.348 millones de euros o el continuado descenso del Fondo de Reserva de las pensiones.

Las reformas de los años 2011 y 2013 introdujeron medias que no solucionan el problema, tan solo lo aplazan unos años. Debemos exigir, como ciudadanos, una información veraz y completa sobre las medidas, explicaciones sobre su impacto y detalles sobre los cálculos realizados. A este respecto, resulta curioso observar las explicaciones dadas por el PP acerca del Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad, dos medidas que suponen una clara reducción de las pensiones.

Debemos por tanto plantear de forma urgente medidas que se fundamenten en la consecución de los siguientes objetivos:

• Universalidad. Incluyendo a todos los trabajadores del territorio y limitando tratamientos diferenciados.
• Contributividad. Se deben tener en cuenta las aportaciones realizadas durante toda la vida laboral del trabajador y tratar por igual todas las aportaciones con independencia del momento y cuantía en la que se realizan.
• Flexibilidad, mediante la liberalización de la edad de jubilación y ajustando las cuantías de las pensiones en función del momento elegido para jubilarse. Debe permitir que la decisión de jubilarse sea reversible y analizar la posibilidad de compatibilización con percibir rentas salariales.
• Progresividad, con tipos de cotización bajos pero eliminando los topes.

Planteados estos objetivos y tomadas las medidas necesarias para alcanzarlos, debemos dar un paso más y preguntarnos por el modelo de sistema al que aspiramos. En mi opinión, un sistema mixto de capitalización y reparto, ofrece la mejor garantía de cumplimiento de los principios en los que se debe sustentar todo modelo. Estos principios son los siguientes:

• Solidaridad.
• Libertad de gestión
• Propiedad de las aportaciones

La solidaridad que supone la obligación de garantizar una pensión mínima a quienes no han podido ahorrar y evitar de esta forma que caigan en la indigencia.

La libertad de gestión que implica:

• Libertad para decidir dónde invertir sus aportaciones y para tratar de aprovechar las oportunidades que ofrecen los mejores sistemas de capitalización, los cuales combinan rentabilidades altas con costes de gestión bajos, diversifican geográficamente sus inversiones, permiten el rescate parcial de los fondos en determinadas circunstancias y garantizan unas cuantías mínimas para sus anualidades.
   
• Libertad para decidir la cuantía a aportar para su capitalización. Resultaría sorprendente comprobar el fondo que se generaría y que podríamos recuperar, si durante nuestra vida laboral aportáramos a estos fondos, una cuantía similar a la actualmente dedicada a sostener el actual sistema. Hablamos de disponer, a la fecha de jubilación,  de un importante fondo  y de la posibilidad de disponer de una pensión muy superior a la actual.

La propiedad de las aportaciones que lleva consigo:

• Mantener los fondos a salvo de decisiones políticas que son tomadas de espaldas a las opiniones y, en ocasiones, necesidades de los ciudadanos. Decisiones políticas de quienes confunden la esfera pública de la privada.
   
• Garantizar el derecho de los familiares a heredar el fondo constituido en caso de fallecimiento. Hablamos de apostar por mejorar la vida de las familias ya que con esta medida podrán disfrutar de una vida que ahora se les antoja imposible.

Queremos en fin, construir un sistema que apueste por la libertad del individuo permitiéndole también retrasar su edad de jubilación y, por tanto, aprovechar su talento y experiencia. Un uso de la libertad que le permita poner en valor su ahorro privado voluntario para la jubilación.

Son los principios la clave para la elaboración de propuestas y la realidad la que nos indica la posibilidad de aplicarlos. La realidad del sistema actual nos convence de la necesidad de su reforma y los principios nos indican el modelo que buscamos. Un modelo sostenible en el que los ciudadanos, en el ejercicio de su libertad, puedan gestionar su jubilación y les permita rentabilizar los fondos aportados durante su vida laboral.

Esta es mi opinión

 

Pablo Sáez Alonso-Muñumer

APUNTES SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Es opinión compartida que la financiación de las Comunidades Autónomas va a ser una de las asignaturas de mayor calado para la próxima legislatura. El cambio, aunque sea parcial, del modelo de financiación se encuentra en las agendas de todas las formaciones políticas quienes no son capaces (o no quieren) explicar las líneas maestras de sus propuestas ni mucho menos el impacto de las mismas.

La normativa básica aplicable a las Comunidades Autónomas de Régimen Común se recoge en la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y de las Ciudades con Estatuto de Autonomía, acomete las reformas que no requieren el rango de Ley Orgánica, complementando así a la Ley Orgánica 3/2009, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

El modelo de financiación de autonómico descansa sobre la base de tres pilares:

• Impuestos compartidos: son aquellos que en Estado recauda pero parte de lo recaudado va para las Comunidades Autónomas. Son tres: IRPF (comparten al 50%, en líneas generales), IVA (comparten al 50%) y especiales (las Comunidades se quedan el 58% de lo recaudado). Hay que mencionar que las Comunidades tienen capacidad para aumentar el IRPF y de hecho algunas lo han aumentado como es el caso de Cataluña.
   
• Impuestos cedidos. Aquí nos encontramos con patrimonio, sucesiones, donaciones, Actos Jurídicos Documentados (AJD) e Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
   
•  Fondos. Sirven para compensar la diferencia entre lo que recauda una Comunidad y lo que en teoría debería gastar. Son tres.
   
  • El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales tiene por objeto asegurar que cada autonomía recibe los mismos recursos por habitante para financiar los mismos servicios públicos
     
  • El Fondo de Suficiencia Global cubre la diferencia entre las necesidades de financiación de las autonomías y lo que reciben por los tributos cedidos más el fondo de garantía.
     
  • El fondo de Convergencia Autonómica, que sirve para favorecer la convergencia entre las Comunidades Autónomas. Está compuesto por el Fondo de Competitividad (que intenta reducir la desigual financiación de cada Comunidad per cápita) y el de Cooperación (que favorece a las Comunidades con menor PIB per cápita, mayor dispersión de población y menor crecimiento de población).

Su funcionamiento en gran parte (caso de los Impuestos compartidos y fondos) se basa en entregas a cuenta. Esto implica que el Estado paga a las CCAA en función de estimaciones y posteriormente (a los dos años) se determina lo que realmente deberían haber recibido y se hace una liquidación. Cuando las liquidaciones son positivas para las Comunidades no hay problema, pero cuando son negativas se producen descuadres importantes de las cuentas. Estas entregas a cuenta han constituido un instrumento político muy importante y han contribuido agravar el problema del déficit de las cuentas públicas.

 

ENTREGAS A CUENTA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN EN EL AÑO 2016

Comunidades Autónomas

millones de euros

 

Fondo de Suficiencia Global Positivo	3.894,02
Fondo de Suficiencia Global Negativo	-2.841,23
Aportación del Estado al Fondo de Garantía	8.556,83
Tributos cedidos sujetos a liquidación	77.144,58
- IRPF	34.028,09
- IVA	30.704,87
- IIEE	12.411,62
TOTAL ENTREGAS A CUENTA	86.754,20

Nota: Los importes con signo positivo son a favor de las CC. AA., los de signo negativo son a favor del Estado.

 

Definido el marco actual existente, la reforma del sistema de financiación puede seguir dos caminos, definidos claramente por el modelo de Estado que se pretende:

1. Si el modelo de Estado al que se aspira pretende profundizar el modelo autonómico, es claro que la reforma seguirá el camino de ceder más impuestos a las Comunidades Autónomas, lo que les permite mayor independencia en su gestión, aunque también se pueda optar por seguir dotando de mayores recursos los fondos existentes. Es posible que sucedan ambas cosas ya que cabe recordar que el Fondo de Suficiencia se creó con el propósito de respetar el volumen de recursos de cada CCAA antes de la reforma del 2009.

En este marco se encuadran tanto la propuesta lanzada por el ministro José Manuel García-Margallo como aquellas voces que proponen que se aplique en Cataluña un sistema parecido al cupo vasco. Otros partidos se lanzan a proponer la solución del federalismo sin entrar a valorar en que se concreta, tanto política como económicamente tal propuesta, ni son capaces de explicar cómo concretarían su propuesta.

1. Si el modelo de Estado que se propone se basa en un fortalecimiento del Estado Central y la recuperación de competencias cedidas a las Comunidades Autónomas (urgente en aquellas referentes a Educación, Sanidad y Justicia), la reforma se centrará en buscar una optimización en la financiación de los servicios, aprovechamiento de sinergias y la oportunidad de reducir estructuras duplicadas entre las diversas administraciones.
    
   Se podrá, así mismo, realizar un análisis de la racionalidad de diversos impuestos actualmente cedidos a las CCAA, que suponen una clara doble tributación y que diversos partidos, en lugar de proponer su eliminación, proponen su armonización en todo el territorio nacional.

El camino se debe iniciar siguiendo esta segunda vía. El objetivo no es traspasar estructuras elefantiásicas de las CCAA al Estado Central, el propósito es unificar para racionalizar y buscar la eficiencia. Una racionalización que se base en los siguientes pilares:

1. La propuesta de una descentralización administrativa que se base en las entidades locales autónomas, los Municipios. Una autonomía municipal profundamente arraigada en la sociedad española a partir de la cual se genera nuestra estructura territorial propiamente constitucional.
    
2. La reducción del peso del Estado eliminando gasto político superfluo y redundante. Un Estado eficiente conllevará una menor necesidad de financiación sin mermar el gasto social.
    
3. El firme convencimiento del impacto positivo en el crecimiento económico derivado de la mayor disponibilidad de recursos por parte de los ciudadanos consecuencia de la reducción de la carga fiscal.
    
4. La plena confianza en que deben ser los ciudadanos los principales gestores de sus recursos. Decía Abraham Lincoln “Usted no puede crear prosperidad desalentando la iniciativa propia”. Son los individuos quienes en uso de su libertad, deben ser los actores principales de sus decisiones.

Pablo Sáez Alonso-Muñumer